El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otros organismos de derechos humanos denunciaron que la justicia de Jujuy realizó allanamientos en las casas de 22 personas que protestaron en la ciudad de Humahuaca contra la reforma de la Constitución provincial y consideró que, de esta manera, el Gobierno de Gerardo Morales «cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas«.
«Allanan las casas de 22 personas que participaron de la marcha del 30 de junio en Humahuaca. Se las acusa de delitos gravísimos como sedición y privación de la libertad para que queden detenidas«, escribió el organismo en su cuenta de la red social Twitter.
En tanto, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos denunció que se produjeron «detenciones arbitrarias» y hubo «armado de causas» a manifestantes que fueron reprimidos en la madrugada del 1 de julio en inmediaciones del municipio de Humahuaca. Al menos tres hombres fueron detenidos bajo la figura legal de presuntos delitos como «sedición», «privación ilegítima de la libertad», «lesiones graves», al tiempo que libraron órdenes para encarcelar a un total de 12 hombres y 9 mujeres.
Las personas acusadas habían participado de una protesta para que el Concejo Deliberante de Humahuaca se pronuncie en contra de la reforma de la Constitución de Jujuy, sesión que culminó en la madrugada del 1 de julio con una violenta represión.
El agente fiscal de investigación con asiento en Humahuaca, Fernando Alancay, requirió al Juzgado de Control en lo Penal, Económico y Delitos contra la Administración de Jujuy 22 allanamientos en domicilios ubicados en la localidad quebradeña y también 22 detenciones. Asimismo, acusó a los manifestantes de «privación ilegítima de la libertad» al indicar que el 30 de junio aproximadamente desde horas 19 hasta las 2 de la madrugada de 1 de julio pasado, en la sede del Concejo Deliberante de Humahuaca, se «retuvo» a los seis ediles cuando se disponían a retirarse. También se los acusó de los presuntos delitos de sedición, resistencia a la autoridad y daño agravado a bienes de uso público.
Agustín Zamboni, Renzo Laguna y Rolando Tapia fueron los primeros detenidos y posteriormente trasladados a la capital jujeña, al tiempo que se libraron citaciones para el resto de los acusados y acusadas, informaron allegados de los perseguidos.
«Mi hijo fue citado a policía sin un motivo preciso a las 10 de la mañana y directamente lo metieron preso, luego al mediodía me entero que lo llevaron a San Salvador de Jujuy«, denunció a la prensa local Carola Zamboni, madre de uno de los detenidos. También afirmó que el joven «está secuestrado, desaparecido porque yo no sé adónde lo llevaron, en qué lo llevaron y quién lo llevó«, agregó la mujer quien mantenía su reclamo a las afueras de la seccional policial de Humahuaca.
El CELS remarcó que, con esta acción, «Gerardo Morales cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas«. Además, apuntó contra «algunos integrantes del Concejo Deliberante de Humahuaca» que -señaló- hicieron la denuncia contra esos manifestantes y «pretenden hacer pasar esa movilización por un intento de sedición y secuestro«.
Se refirió así a lo sucedido entre las últimas horas del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio, cuando el Concejo Deliberante de Humahuaca aprobó una declaración de rechazo a la reforma de la Constitución jujeña, mientras que pobladores que realizaban una protesta en las inmediaciones de ese cuerpo legislativo fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad locales con gases lacrimógenos y balas de goma.
Mientras los ediles salieron del recinto a realizar la lectura de lo aprobado, las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes, quienes mantenían una protesta desde la tarde y exigían esa declaratoria o la renuncia de los concejales. Por la represión, al menos cuatro personas resultaron heridas. Una de ellas fue Joel Rodrigo Paredes, de 28 años, quien recibió un balazo de goma en la cara y perdió el ojo derecho, según informó a Télam su madre, Elizabeth Sandoval.
El joven debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Pablo Soria de la capital provincial y perdió totalmente la visión del ojo afectado. Con Paredes ya suman tres las personas que perdieron un ojo en los avances represivos de las fuerzas de seguridad local por las protestas contra la reforma.
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