Nuevo paro universitario: los docentes reclaman que el Gobierno cumpla con la ley salarial

El frente sindical anunció una huelga desde el 30 de septiembre y exige que se concrete la actualización salarial prevista en la Ley de Financiamiento Universitario.

Los docentes de las universidades nacionales volverán a las medidas de fuerza si el Gobierno no efectiviza antes del martes 29 de septiembre el aumento salarial establecido por la legislación vigente. Los sindicatos resolvieron realizar un paro desde el miércoles 30, con una duración que podrá alcanzar las 72 horas.

La protesta fue definida por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y tendrá como eje el reclamo por la pérdida de poder adquisitivo y el incumplimiento de las disposiciones vinculadas al financiamiento del sistema universitario. La organización sindical también buscará coordinar las acciones con CONADU Histórica.

El porcentaje que los gremios esperan que se aplique es del 33,4%. Esa es la condición planteada para dejar sin efecto la huelga: si el Ejecutivo liquida el incremento antes del martes, el paro podría suspenderse.

Una paritaria que no logró destrabar el conflicto

El anuncio llegó después de que los representantes de los trabajadores rechazaran la última propuesta salarial presentada en la negociación con las autoridades. La oferta contemplaba apenas un 3% de aumento, una cifra que los sindicatos consideran insuficiente frente al deterioro acumulado de los ingresos.

Según las estimaciones planteadas por las organizaciones gremiales y el sector universitario, los salarios docentes necesitan una recuperación del 31,2% para compensar la inflación acumulada.

De esta manera, el conflicto salarial vuelve a ocupar el centro de la agenda de las universidades nacionales, mientras las organizaciones preparan nuevas acciones para las próximas semanas.

Una orden judicial vuelve a poner al Gobierno frente al reclamo universitario

En paralelo al conflicto gremial, la Justicia volvió a intervenir sobre la aplicación de la Ley 27.795.

El juez federal Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, le dio al Poder Ejecutivo cinco días para cumplir con una medida cautelar relacionada con los artículos 5 y 6 de la norma. La resolución contempla la actualización de los salarios de docentes y no docentes y de los programas de becas destinados a estudiantes.

El magistrado también dejó abierta la posibilidad de establecer multas por cada día de incumplimiento.

El expediente tiene varios antecedentes: la cautelar había sido dictada por Cormick en diciembre de 2025, luego fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en marzo y finalmente quedó firme después de la intervención de la Corte Suprema, el 25 de junio.

El Ejecutivo adelantó que apelará la intimación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Su posición es que ya entregó documentación con la que busca acreditar que cumplió con lo dispuesto judicialmente.

El recorrido de la Ley de Financiamiento Universitario

La norma que está en el centro del conflicto fue aprobada por el Congreso en 2025. Milei la vetó, pero el Parlamento volvió a respaldarla después de reunir los dos tercios necesarios en ambas cámaras.

La Casa Rosada, sin embargo, mantuvo suspendida su aplicación. El argumento utilizado por el Gobierno fue que la legislación no determinaba de dónde surgirían los recursos para financiar las medidas previstas.

El enfrentamiento entre el Ejecutivo y la comunidad universitaria quedó así atravesado por dos discusiones: por un lado, la actualización de los salarios y, por otro, el cumplimiento de las disposiciones presupuestarias establecidas por el Congreso.

El próximo capítulo será en octubre

El paro de septiembre no será la última actividad prevista por los gremios. Las organizaciones universitarias ya tienen programada una nueva movilización para el 15 de octubre, cuando se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria.

La convocatoria buscará instalar nuevamente el reclamo por la situación presupuestaria de las casas de altos estudios y tendrá lugar durante el debate del Presupuesto 2027.

La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, defendió la continuidad del plan de lucha y sostuvo: “El plenario de la Federación expresó el tiempo que vivimos. Lo ‘colectivo’ está bajo asedio. Y es nuestra tarea, a contrapelo de este momento histórico, construir y fortalecer ‘lo colectivo‘”.

Luego agregó: “Porque sabemos que en la unidad hay un antídoto importante contra la fragmentación e individualismo impuestos por el gobierno de Milei”.