Nuevas denuncias contra Adorni: investigan posible “falsedad ideológica”

El frente judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se sigue ampliando tras la polémica por su declaración jurada. Este lunes se sortearon en Comodoro Py nuevas denuncias que apuntan a presuntas irregularidades en la información patrimonial presentada por el funcionario.

Las presentaciones giran en torno al posible delito de “falsedad ideológica”, una figura que refiere a la inclusión de datos incorrectos en documentos oficiales, como las declaraciones juradas. La controversia se desató luego de que Adorni introdujera modificaciones en sus registros contables, lo que derivó en un fuerte incremento del patrimonio declarado.

Según trascendió, el propio funcionario atribuyó esos cambios a ingresos por unos 500.000 dólares que no habían sido informados previamente. En una entrevista televisiva, explicó que esos fondos provienen de inversiones en criptomonedas realizadas antes de su llegada al Estado, aunque reconoció que no los había declarado en su momento.

Entre las nuevas denuncias, una fue impulsada por los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro. El caso quedó radicado en el Juzgado Federal N°6, actualmente bajo la órbita de Daniel Rafecas. A su vez, el abogado José Magioncalda presentó otra acusación por el mismo delito.

En paralelo, también se sorteó una denuncia promovida por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que incluye no solo a Adorni sino también a su esposa, Bettina Angeletti, bajo la sospecha de asociación ilícita.

Todas estas presentaciones podrían unificarse en el expediente principal por enriquecimiento ilícito, que ya tramita en la Justicia federal. La causa está en manos del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo, quienes avanzan en el análisis de inconsistencias detectadas en las declaraciones patrimoniales.

En ese marco, el fiscal ordenó nuevas medidas de prueba y trabaja en un requerimiento formal para que el funcionario justifique el origen de los fondos. Ese paso suele ser previo a una eventual citación a indagatoria, en caso de que las explicaciones no resulten suficientes para despejar las dudas judiciales.