El Gobierno difundió que la pobreza descendió al 31,6% de la población, una caída de más de 20 puntos en un año. La ministra Sandra Pettovello celebró que “más de 6,2 millones de personas salieron de la pobreza en un año gracias a la implementación de políticas económicas que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía”.
Pero la lectura oficial encontró resistencia inmediata dentro y fuera del organismo estadístico. Desde la Junta Interna de ATE en el Indec advirtieron que “Milei compara períodos incorrectos” y remarcaron que muchas de las personas que aparecen como beneficiadas “habían sido llevados a esa condición por la devaluación y la consecuente inflación que ellos mismos generaron”. También cuestionaron la calidad del empleo generado y denunciaron la “situación crítica” del instituto por la salida de técnicos experimentados.
El Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que encabeza Agustín Salvia, publicó un informe titulado “Un descenso sobrerrepresentado de la pobreza”. Allí señala que “esta buena noticia debe interpretarse en el marco de un proceso de estabilización macroeconómica caracterizado por la desaceleración de la inflación y un menor incremento en los precios de los bienes que integran las canastas básicas de consumo en comparación con el índice general”. Aunque reconoce cierta recuperación, alerta que “en contextos de alta volatilidad, tanto por fuertes incrementos en los precios como ante la desaceleración inflacionaria, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa”.
El CEPA fue más directo al cuestionar la negativa del Indec a actualizar la canasta básica con el relevamiento de 2018. Según el centro de estudios, el valor actual “queda artificialmente bajo”, lo que distorsiona la foto de la pobreza. Para la entidad, la subestimación alcanza los 8,6 puntos porcentuales y “la pobreza corregida dinámicamente muestra una trayectoria más estable y similar a los niveles de fines de 2022”.
En diálogo con Tiempo, el investigador Eduardo Chávez Molina coincidió en que “hay una submedición, pero no conocemos el impacto”. Según explicó, el atraso en la actualización del coeficiente de Engel afecta la ponderación de servicios como luz, agua o internet, y existe un 22% de “no respuesta sobre ingresos” en la EPH que se resuelve con estimaciones poco transparentes. A su juicio, la pobreza real se ubica en torno al 35% o 36%.
Claudio Lozano, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, también apuntó a las inconsistencias: “El empobrecimiento producido en el primer semestre fue cubierto quemando ahorros o tomando deudas. Eso pesa en el ingreso disponible cuando salís de la pobreza porque una parte de tu ingreso está comprometido en el pago de créditos”. Además, señaló que los registros de la EPH sobre salarios informales muestran subas que contrastan con los datos del SIPA, donde la variación fue negativa.
Más allá de las diferencias técnicas, tanto Chávez como Lozano remarcaron un punto de fondo: la falta de credibilidad social. “No hay nadie que cree en estos datos. Si hubiera esa baja de la pobreza no podrían haber perdido una elección por paliza”, afirmó Chávez. Lozano agregó que “los indicadores de consumo masivo dan para atrás en no menos del 9% comparados con el tercer trimestre de 2023, no parece razonable”.
La discusión sobre la pobreza, lejos de cerrarse con el dato oficial, quedó más abierta que nunca.
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