Muy por encima de la inflación: los servicios en la era Milei aumentaron más de 460%

Durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei, el costo de los servicios públicos registró una suba promedio del 461%, muy por encima tanto de la inflación como de la evolución de los salarios. El dato surge del último informe de coyuntura del Instituto Argentina Grande (IAG) y expone una fuerte transferencia de ingresos desde los hogares hacia las empresas concesionarias, sin que ese salto tarifario implicara una mejora en la calidad de las prestaciones.

El relevamiento del IAG indicó que, entre noviembre de 2023 y el cierre de 2025, las tarifas de electricidad, gas y agua crecieron casi el doble que el nivel general de precios, que acumuló un 259% en el mismo período. La actualización de los cuadros tarifarios formó parte central del esquema económico libertario, basado en el recorte de subsidios y en el fortalecimiento de la rentabilidad empresaria.

Ese rediseño no evitó, sin embargo, que el sistema eléctrico volviera a mostrar su fragilidad. El masivo corte de luz que dejó a unas 800 mil personas sin suministro en el Área Metropolitana de Buenos Aires volvió a poner en discusión el impacto real del tarifazo sobre la inversión y el mantenimiento de la red.

El impacto del ajuste tampoco resultó homogéneo. Según el IAG, los usuarios de ingresos bajos enfrentaron aumentos del 663% en las tarifas, mientras que los de ingresos altos registraron subas del 337%. En el segmento medio, el golpe fue todavía mayor: la tarifa de electricidad escaló un 1244%, un dato que profundizó la desigualdad dentro del esquema tarifario.

En el caso del agua, AySA quedó en el centro de la estrategia oficial. Las tarifas aumentaron un 133%, pero la empresa paralizó completamente las obras de cloacas y expansión del servicio que estaban previstas antes del cambio de gestión. El propio informe del IAG advirtió que “En 2024 y en 2025 no figuran obras iniciadas por AySA. Pero, además, ninguna de las 273 obras que se habían dejado en ejecución en noviembre de 2023 (y que dependían de esta empresa) han tenido algún tipo de avance físico”.

El freno a la inversión se explicó por un recorte drástico del gasto de capital, que cayó un 81% entre enero y agosto de 2025 en comparación con el mismo período de 2023. Ese ajuste funcionó como antesala del proceso de privatización que impulsa el Ejecutivo, bajo la lógica de “sanear para vender”, según describen los técnicos del instituto.

La reducción del gasto también impactó en el empleo: AySA se desprendió de unos 1700 trabajadores, mientras que los gastos de funcionamiento bajaron un 27,3% durante 2025. Desde el IAG señalaron que “Todos los gastos se redujeron pero destaca la merma de los gastos de capital. Es decir, el parate de las obras de agua y cloaca que realiza la empresa y la baja del gasto destinado al pago de remuneraciones –disminución del salario real- por los despidos y de los retiros voluntarios”.

El informe también alertó sobre las consecuencias macroeconómicas del nuevo esquema tarifario. “La inflación medida con los ponderadores actualizados que les asignan más peso a los servicios quedó por encima del IPC medido por INDEC (276% vs. 259%). A su vez, los salarios quedaron por debajo de ambas medidas”, advirtió el documento.

En paralelo, la crisis productiva quedó reflejada en la caída del consumo energético de los grandes usuarios. La demanda de electricidad de más de 8000 empresas que concentran el 98% del consumo industrial se ubicó un 23,3% por debajo de los niveles de 2023, con fuertes retrocesos en sectores como la industria textil y la construcción.

La única excepción apareció en las regiones vinculadas a la actividad minera y energética. El consumo creció en Comahue y en la Patagonia, empujado por Vaca Muerta, mientras que el resto del país mostró caídas pronunciadas, en especial en el Litoral y el Noreste. El mapa energético volvió a mostrar, así, un modelo cada vez más concentrado y dependiente de los sectores extractivos.

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