En la mañana de este lunes, un grupo numeroso de empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se congregó frente a la sede central sobre la Avenida General Paz, en la Ciudad de Buenos Aires, para rechazar la inminente firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que oficializará su desmantelamiento. La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata: un operativo policial bloqueó el acceso al edificio y reprimió con golpes, empujones y balas de goma a los manifestantes que reclamaban pacíficamente la preservación del organismo. Dos trabajadores terminaron detenidos, aunque recuperaron su libertad horas después.
La iniciativa que impulsa Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, apunta a degradar al INTI, que pasará a depender de la Secretaría de Industria dentro del Ministerio de Economía, perdiendo su capacidad de autogestión financiera y administrativa. “La semana pasada nos aclararon que el ministro Caputo no tiene ninguna intención de centralizar, que esto es una definición unilateral del ministro Desregulación Sturzenegger. Si se centraliza pasa a ser una oficina y se limita su función, va a haber reducción de personal y se compromete la presencia federal”, advirtió Yamila, profesional del organismo.
El Ejecutivo apura estos decretos ante el inminente vencimiento de las facultades delegadas que le otorgó el Congreso a Javier Milei, que caducan mañana. Desde el miércoles, cualquier intento de reorganizar dependencias estatales necesitará la aprobación legislativa. Por eso, la administración libertaria decidió acelerar los anuncios, pese a las críticas que incluso surgieron desde sectores industriales que históricamente acompañaron la desregulación.
La polémica no es nueva. Días atrás, Sturzenegger había celebrado la firma del decreto Delegado 431, que eliminó controles que realizaba el INTI sobre las pilas que se comercializan en el país. “Chau INTI obligatorio!”, escribió el funcionario en su cuenta de X. “Es un paso de sentido común ya que permite aceptar los certificados internacionales, eliminando la necesidad del trámite que era una barrera de costos innecesarios e inútiles. VLLC!”, remató.
El mensaje encendió alarmas en el ámbito científico y productivo. “Eso tuvo muchísima repercusión en el campo científico de las empresas, señalando que eso era propio de ignorar la importancia que tiene la seguridad. No es solamente saber los componentes de la pila, sino su duración porque se insertan en aparatos que se usan en la industria, pero también para trabajos en el ámbito de la salud”, explicó Yamila.
El INTI funciona como organismo de referencia para medir la calidad de productos lácteos, certificar la eficiencia energética de electrodomésticos, y evaluar desde la resistencia de materiales hasta la inocuidad de alimentos. Según su estructura actual, ofrece más de 8.500 servicios que abarcan rubros tan diversos como la industria del cuero, la electrónica y la producción de envases.
La periodista Liliana Canaves describió en redes sociales algunos de los riesgos concretos si se desactiva la fiscalización: “El gas envasado podría estallar por falta de controles en las válvulas; los fabricantes de heladeras podrían mentir con la etiqueta de eficiencia; el aire que respira un trabajador podría estar contaminado; una crema para la piel podría estar fabricada con químicos prohibidos; la mamadera de tu bebé podría estar hecha con plásticos tóxicos; un micro escolar podría salir a la ruta con frenos defectuosos…porque el INTI no estará para certificar esos materiales”.
Pese a que la Unión Industrial Argentina (UIA) firmó un documento que respalda la continuidad del organismo —junto a casi 300 empresas, referentes políticos y personalidades de la cultura— hasta ahora evitó confrontar de manera directa con el Gobierno. “De cara a los desafíos productivos y de inserción internacional que tiene la Argentina de cara a los próximos años, el INTI debe estar al mismo nivel que los organismos equivalentes de otros países. Casos como Fraunhofer en Alemania, Tecnalia en España o Embrapii en Brasil, que reflejan modelos donde la articulación público-privada, la inversión en capacidades técnicas y la orientación a resultados productivos han sido determinantes para mejorar la competitividad de las empresas y acelerar la adopción tecnológica en las PyMEs”, sostiene el pronunciamiento.
A la par de la reducción presupuestaria —que solo ejecutó el 40% de los recursos asignados este año—, el recorte de personal ya implicó la salida de más de 700 empleados desde fines de 2023. La nueva etapa que impulsa el Ejecutivo podría avanzar en el vaciamiento definitivo de un organismo que, desde hace décadas, cumple un rol clave en la vigilancia de estándares industriales y en la transferencia tecnológica a las pequeñas y medianas empresas.
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