Mónica Macha: «Necesitamos el reconocimiento de la violencia digital»

La senadora bonaerense volvió a poner en agenda la discusión sobre las nuevas formas de violencia de género. En diálogo con Deuda Prometida, defendió el proyecto para incorporar la violencia digital a la Ley de Violencia Familiar y cuestionó la iniciativa nacional sobre falsas denuncias. También apuntó contra los tiempos de la Cámara alta provincial.

Fue senadora provincial, diputada nacional durante dos períodos y este año Mónica Macha volvió a ocupar una banca en la Cámara alta bonaerense. Psicóloga y especialista en políticas públicas de salud, su trayectoria legislativa también estuvo atravesada por los derechos humanos, las políticas de género y las distintas formas de violencia.

En diálogo con Deuda Prometida, puso el foco en una problemática que, según plantea, todavía necesita mayores herramientas legales: la violencia digital. El proyecto que impulsa obtuvo dictamen favorable por mayoría en la Comisión de Niñez y propone modificar la Ley de Violencia Familiar para incorporar la violencia digital como una forma específica de violencia.

Para Macha, ese reconocimiento es el punto de partida: “Lo que más urgente necesitamos es eso, es el reconocimiento de la violencia”. La senadora explica que no se trata solamente de incorporar una definición a una ley. El reconocimiento tiene consecuencias concretas sobre las políticas públicas y sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

Según contó, la iniciativa fue trabajada también con fiscales del Departamento Judicial de Morón, quienes plantearon la necesidad de contar con esa instrumento legal. “Es un paso muy necesario poder contar con esa herramienta”, evaluó la legisladora de Fuerza Patria.

Un recorrido que también pasa por la Ley EMA

El proyecto no aparece aislado dentro de la agenda que Macha viene desarrollando sobre violencia digital. La senadora recordó el trabajo que comenzó en 2024 junto a Laura Sánchez y distintas organizaciones, primero con la creación de la Guía Ema y luego con el proyecto de Ley Ema.

La propuesta está pensada específicamente para situaciones de violencia digital entre adolescentes y tiene a las escuelas como uno de sus principales ámbitos de intervención. Macha explicó que, mientras ella presentó el proyecto de Ley Ema a nivel nacional, la entonces senadora bonaerense Laura Clark hizo lo propio en la Provincia, con las mismas consignas que habían trabajado con las organizaciones.

La diferencia de recorridos legislativos explica también parte de la demora actual. En la Provincia existen distintos proyectos vinculados con la problemática que deberán ser articulados. Y allí aparece uno de los reclamos que atraviesan la entrevista: “El Senado viene muy lento para sesionar”.

Macha recordó que el proyecto de Ley Ema presentado en la Cámara alta provincial quedó pendiente de tratamiento y que posteriormente se sumó otra iniciativa con media sanción en la Cámara de Diputados, presentada por Mayra Mendoza, que incluye modificaciones a la Ley de Educación.

“Ahora tenemos que articular todo ese laburo”, explicó. Pero esa tarea implica también nuevos tiempos parlamentarios: “Vamos a tener que modificar, hay que juntar los dos proyectos, ver cómo vamos a hacer eso y volver a Diputados”.

Falsas denuncias: “Lo que lograrían es que menos mujeres denuncien”

La discusión sobre violencia digital se cruza con otro debate que se desarrolla en el Congreso nacional: el proyecto sobre falsas denuncias impulsado por la senadora Carolina Losada. La legisladora bonaerense cuestionó el sentido de la iniciativa y señaló: “El intento es que las mujeres se queden en silencio”.

Macha parte de una premisa y es que las falsas denuncias ya están contempladas en la legislación penal vigente. Por eso, considera que la discusión sobre un endurecimiento de las penas puede tener un efecto diferente al que plantean sus impulsores.

“Lo que está buscando el proyecto de Carolina Losada es la profundización de esas penas con el objetivo de que menos mujeres se animen a denunciar”, sostuvo. Para Macha, denunciar una situación de violencia ya implica un costo importante para quien lo hace. Y considera que aumentar las consecuencias para quienes denuncian podría profundizar ese problema.

En esa línea afirmó: “Con un proyecto así lo que lograrían es que menos mujeres denuncien”. La senadora también cuestionó la mirada sobre las denuncias de violencia de género y abuso contra niños, niñas y adolescentes y apuntó directamente al sistema judicial.

“Hay un concepto de un Poder Judicial que no acompaña, que no tiene perspectiva de género, que enseguida va a descreer de la palabra de las mujeres y sobre todo de la palabra de niñeces y adolescencias”, analizó Macha. Lo que está en juego, sostiene, es si las mujeres se sienten habilitadas a denunciar o si las consecuencias que enfrentan terminan funcionando como un mecanismo de silenciamiento.

Y vinculó esa mirada con una determinada concepción de familia: “Este proyecto tiene que ver con ese intento de que las mujeres queden en silencio en términos culturales, con el objetivo de que hagan como hacían antes, sostener tener la familia aún cuando la mujer esté cargando con situaciones de violencia hacia ella o hacia sus hijos e hijas”.

El reclamo por los tiempos del Senado

El proyecto sobre violencia digital ya tiene dictamen favorable, pero todavía necesita una convocatoria a sesión para ser debatido en el recinto. Para Macha, ese paso forma parte de una discusión más amplia sobre el funcionamiento de la Cámara alta bonaerense.

“Lo que pasa es que el Senado viene muy lento para sesionar. Entonces, es verdad que los proyectos ahí medio que duermen el sueño de los justos”, planteó. La legisladora no oculta su preocupación por la demora, pero tampoco da por cerrada la posibilidad de que los proyectos avancen y confía en que sea durante el periodo de sesiones ordinarias.

Mientras tanto, la agenda que plantea combina dos discusiones diferentes pero conectadas: por un lado, la necesidad de que la legislación reconozca nuevas formas de violencia y se generen herramientas para abordarlas; por otro, el debate sobre qué ocurre cuando esas mismas herramientas de denuncia son cuestionadas.

En ambos casos, para Macha, el desafío pasa por conseguir que esas discusiones no queden solamente en el terreno discursivo, sino quepuedan traducirse en leyes.“Me parece que es lo que más urgente necesitamos, porque habilitan al poder ejecutivo para crear política pública y al poder judicial para poder analizar las situaciones  y generar sentencias con el reconocimiento de la violencia”, cerró.