El delegado de la planta de Molinos Río de la Plata en Esteban Echeverría, Luciano Greco, denunció que la empresa no acata la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y no deja ingresar a los trabajadores despedidos. Subrayó: “Quieren que firmemos una rebaja salarial”.
“La empresa no acata la conciliación obligatoria desde el 18 de junio. No deja ingresar a los despedidos y no restituye la dotación de personal, que es lo que ordenó el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Encontrándose en curso la conciliación que incumple, anunció más despidos, y, ahora, en una reunión nos dijeron que quieren que firmemos una rebaja salarial. Van por todas conquistas salariales que conseguimos en estos años”, dijo Greco en radio Ecomedios.
El conflicto iniciado por Molinos el 9 de mayo con el anuncio de despidos, reducción de dotaciones de personal y la pretensión de rebajar los sueldos a los costos de mercado, se profundizó con la reducción de dotaciones de personal ejecutada por la empresa el 26 de mayo y se agravó el 17 de junio pasado, ante el despido de cinco trabajadores y una trabajadora, que dio inicio a un paro por tiempo indeterminado de las y los trabajadores de Molinos Río de la Plata y la Comisión Interna, convocado por el STIA filial Buenos Aires. La empresa durante la medida de paro, despidió a otros cuatro trabajadores y, el 18 de junio el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria.
“Ellos anunciaron un plan de despidos y reducción de personal en las líneas de producción. Eso, además de los despidos, afecta la seguridad, la salud y la higiene en el empleo porque aumenta los ritmos de producción y existe una ley que regula eso y establece los Comités de Seguridad e Higiene”, dijo Greco y afirmó: “La empresa atropella e ilegalmente quiere pasarnos por arriba”.
“Nos extorsionan diciendo que, si no tendrían que cerrar la empresa y Pérez Companc es una de las familias más ricas del país”, agregó.
Molinos Río de la Plata, ensaya en su planta, la segunda etapa de la reforma laboral y reforma sindical que planea concretar el gobierno de Javier Milei. Despide selectivamente trabajadores en un proceso de desindicalización que necesitan llevar adelante para avanzar con su plan, de acuerdo a la comisión interna.
«Molinos redujo un poco sus ganancias, de $191.000.000 en el último trimestre y por eso pretende trasladarnos el riesgo empresario e imponernos que trabajemos precarizados, en violación de las leyes de salud y seguridad laboral vigentes, derogando de hecho la negociación colectiva. Hoy quieren que renunciemos a los adicionales de convenio acordados con la empresa, para despedirnos más barato y reemplazarnos por trabajadores que acepten cualquier condición. Si este conflicto no se resuelve a favor de las y los trabajadores, en poco tiempo nos van a hacer renunciar directamente al convenio colectivo de actividad con el objetivo, que ya anunciaron sin eufemismos, de pagarle a sus empleados y empleadas de acuerdo a los costos salariales de mercado», denunciaron los trabajadores.
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