Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre el presupuesto ejecutado durante 2025 deja al descubierto una reconfiguración profunda del gasto estatal bajo la gestión de Javier Milei. El ajuste general alcanza una caída real del 29% frente a 2023, pero el recorte no se distribuye de manera pareja: mientras áreas clave para el desarrollo social pierden financiamiento, los recursos destinados a inteligencia y control estatal avanzan con fuerza.
El informe pone en cuestión el argumento oficial de que «no hay plata». Según el CEPA, el problema no radica en la falta de recursos sino en el destino que el Ejecutivo decide asignarles. En ese esquema, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), bajo la órbita directa de Presidencia, sobresale como una de las grandes beneficiadas, con un incremento presupuestario del 52%. Al mismo tiempo, el pago de los Servicios de la Deuda Pública mantiene un peso significativo y absorbe alrededor del 8% del gasto total.
El contraste se vuelve más crudo al observar lo que ocurre en el sistema de salud. Hospitales nacionales, el Instituto Malbrán y la ANMAT sufren recortes superiores al 20%, mientras que la Superintendencia de Servicios de Salud enfrenta una poda cercana al 72%. Programas orientados a la prevención y a la atención territorial quedan virtualmente desactivados, con niveles de ejecución mínimos que impiden su funcionamiento efectivo.
La misma lógica atraviesa al sistema científico y a las políticas sociales. El CONICET, el INTA y el Servicio Meteorológico Nacional pierden entre un cuarto y casi la mitad de sus fondos. En paralelo, iniciativas vinculadas a la economía social, la asistencia alimentaria y la primera infancia desaparecen del mapa presupuestario, con reducciones que llegan al 100%. La Secretaría de Niñez y el INAES también registran recortes severos, cercanos al 73%.
En educación, el ajuste impacta de lleno sobre programas históricos. Conectar Igualdad y el Fondo de Incentivo Docente no muestran ejecución durante el año, mientras que la obra pública queda prácticamente congelada. Las partidas destinadas a rutas, infraestructura urbana y desarrollo territorial se desploman por encima del 90%, y las transferencias a provincias y municipios caen de forma abrupta, limitando la capacidad de respuesta en los distritos.
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