La pulseada entre el Gobierno nacional y los gobernadores aliados sumó un nuevo capítulo de tensión alrededor de la reforma laboral. Desde el corazón del poder libertario dejaron trascender que no existe margen para renegociar el capítulo referido al impuesto a las Ganancias y que, si las provincias deciden no acompañar ese artículo, el Ejecutivo está dispuesto a dejar caer toda la iniciativa en el Congreso.
La definición bajó desde la mesa chica del oficialismo con un mensaje directo, que en Balcarce 50 sonó más a ultimátum que a advertencia: “Si no quieren, que no lo voten.” La frase circuló mientras avanzaban conversaciones contrarreloj con mandatarios provinciales, cada vez más incómodos con el impacto fiscal que tendría la modificación del tributo.
La rigidez no atraviesa de manera homogénea al Gabinete. Por eso, al mediodía, el núcleo político del Gobierno volvió a reunirse en las oficinas que ocupa Manuel Adorni en la planta baja de la Casa Rosada. Allí se sentaron Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo, con el objetivo de ajustar la estrategia parlamentaria de cara a las sesiones extraordinarias, previstas para arrancar en una semana. Mientras tanto, el presidente Javier Milei mantenía una actividad paralela en su despacho.
Dentro del oficialismo conviven dos líneas claras. Por un lado, quienes reconocen que sin el acompañamiento de los gobernadores resulta imposible avanzar con cualquier paquete legislativo. Del otro, el sector más duro, decidido a no conceder nuevas modificaciones. En ese espacio repiten una consigna sin matices: “No vamos a negociar más nada, que la voten como está o no acompañen”.
El rechazo provincial se explica por números. Los mandatarios advierten que el esquema de Ganancias que impulsa el ministro de Economía implica un golpe directo a la coparticipación y profundiza la crisis de ingresos que ya atraviesan las provincias, afectadas por la caída de la recaudación y el manejo centralizado de los fondos discrecionales. Las estimaciones que circulan entre los gobiernos locales hablan de una pérdida anual superior a los 140 mil millones de pesos, una cifra difícil de absorber sin comprometer el funcionamiento de las administraciones.
En ese contexto, en las últimas horas aparecieron versiones sobre un posible acuerdo para postergar la aplicación plena del nuevo régimen hasta que la economía muestre signos de crecimiento, con fechas que algunos ubicaban en 2027 o incluso 2028. Sin embargo, desde Casa Rosada desmintieron de plano esa alternativa. “El proyecto es el que es. Las modificaciones que se harán serán mínimas, el espíritu se mantiene”, afirmaron desde una fuente con acceso directo a la negociación.
La reunión del círculo más estrecho del Ejecutivo se produjo poco después de que se suspendiera un encuentro que, según trascendía, iba a realizarse en el Consejo Federal de Inversiones. Allí, un grupo de gobernadores evaluaba unificar posiciones frente al avance de la reforma laboral. Aunque dentro del Gobierno hubo quienes se adjudicaron la desactivación de esa cumbre, lo cierto es que en varias provincias ni siquiera figuraba en agenda un viaje a la Ciudad de Buenos Aires.
Con las posiciones cada vez más alejadas, el debate por la reforma laboral avanza en un clima de máxima presión política, donde el Gobierno apuesta a sostener su hoja de ruta sin concesiones, aun cuando eso implique tensar al límite la relación con sus aliados circunstanciales.
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