Milei habló de 30 mil terroristas expulsados, pero los registros muestran otra realidad

Javier Milei afirmó que durante su gestión fueron expulsadas del país 30 mil personas a las que vinculó con actividades terroristas. Sin embargo, los registros sobre expulsiones de extranjeros y las cifras conocidas sobre investigaciones por terrorismo no permiten corroborar ese número.

La declaración del Presidente ocurrió durante una entrevista con LN+, luego de su viaje a Estados Unidos. Al explicar las dificultades que enfrenta su programa económico, Milei enumeró distintas situaciones que, según su interpretación, buscaron poner en riesgo su Gobierno. Entre ellas mencionó 40 proyectos que, afirmó, pretendían alterar el equilibrio fiscal, siete pedidos de juicio político que calificó como intentos de golpe de Estado y la supuesta expulsión de 30 mil terroristas.

“Son gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”, sentenció el mandatario.

El dato quedó bajo cuestionamiento porque las estadísticas disponibles sobre expulsiones migratorias muestran números considerablemente menores y, además, no identifican esos procedimientos con operaciones contra organizaciones terroristas.

Qué muestran los datos migratorios

Una de las cifras que puede haber sido utilizada como referencia surgió de una exposición de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El 18 de septiembre, durante un acto en el Aeroparque Jorge Newbery, la funcionaria señaló que más de 20.000 extranjeros habían sido expulsados, rechazados en la frontera o considerados inadmisibles desde el endurecimiento de las condiciones migratorias.

Se trata, sin embargo, de situaciones diferentes. Una persona inadmitida no necesariamente fue expulsada del territorio argentino ni cometió un delito: puede tratarse de alguien a quien se le impidió ingresar por no reunir los requisitos establecidos.

“La amplísima mayoría de las estadísticas representa a los inadmitidos. Son personas a las que no les habilitan el ingreso en la frontera. Eso ni siquiera está vinculado a delitos. En general sucede porque les falta un papel o el seguro de salud o no les creen que van a venir como turistas. La estrategia consiste en poner un número rimbombante que acá tiene un elemento de falsedad absoluta. Los pocos casos de personas vinculadas a delitos que fueron expulsadas no tienen vinculación a cuestiones de gravedad como el terrorismo internacional”, explicó Pablo Ceriani Cernadas, director de la especialización en Migración, Asilo y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús.

Los registros de la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (CAREF) también muestran una cantidad de expulsiones muy inferior a la mencionada por Milei. En 2023 se contabilizaron 535; en 2024 fueron 739; en 2025 llegaron a 920 y durante el primer semestre de 2026 se registraron 470.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó, a su vez, que entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se ordenaron 5.216 expulsiones, aunque solamente 1.098 fueron efectivamente ejecutadas. Ninguna de esas estadísticas permite identificar una campaña de expulsiones vinculada específicamente con terrorismo.

La información de la SIDE

Otro elemento que puso en duda el relato presidencial aparece en las propias explicaciones brindadas por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) ante el Congreso.

El 25 de agosto, el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, y su segundo, José Lago Rodríguez, concurrieron a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. La reunión se produjo semanas después de que representantes argentinos participaran de un encuentro convocado por el Departamento de Estado estadounidense para analizar una eventual coalición frente a un supuesto crecimiento del terrorismo político de izquierda.

Según la información proporcionada en aquella reunión parlamentaria, Lago Rodríguez sostuvo que en la Argentina no operaban grupos de extrema izquierda. Esa respuesta no coincide con la hipótesis de terrorismo que Milei suele mencionar públicamente.

La diferencia entre ambos discursos llevó a los diputados peronistas que integran la Bicameral —Agustín Rossi, Ramiro Gutiérrez y Rodolfo Tailhade— a presentar un pedido de informes para conocer de dónde surge la cifra mencionada por el Presidente y qué organismos intervinieron en las supuestas operaciones.

Los legisladores también plantearon otro interrogante: si efectivamente fueron expulsadas personas que ingresaron al país con el objetivo de realizar acciones para desestabilizar al Gobierno, deberían existir antecedentes o investigaciones de inteligencia que permitan justificar esas afirmaciones.

Qué dicen las investigaciones por terrorismo

Los últimos datos públicos disponibles de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), dependiente del Ministerio Público Fiscal, corresponden a 2022. En ese momento existían 33 investigaciones penales relacionadas con esta clase de delitos.

La categoría incluye causas en las que aparecen imputaciones vinculadas con distintos artículos del Código Penal, entre ellos el 41 quinquies, que contempla un agravamiento de las penas; el 213 bis, referido a organizaciones que pretendan imponer sus ideas mediante la fuerza o el temor; y el 306, relacionado con el financiamiento del terrorismo.

A fines de 2025, el Gobierno creó además el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), en coordinación con el FBI estadounidense. Los responsables de la SAIT se incorporaron recientemente a ese organismo.

Los pedidos de explicaciones de la oposición

Las declaraciones presidenciales provocaron distintas iniciativas legislativas para determinar cómo se construyó el número de 30 mil supuestos terroristas expulsados.

Máximo Kirchner cuestionó la magnitud de la cifra y sostuvo que el Gobierno utiliza este tipo de argumentos cuando debe explicar la situación económica. Otros legisladores, como Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón, también solicitaron información oficial y plantearon interrogantes sobre la cantidad de personas que deberían haber sido trasladadas del país para alcanzar el número mencionado por Milei.

La senadora Juliana di Tullio, en tanto, pidió precisiones sobre el supuesto riesgo terrorista al que hizo referencia el Presidente. “La ciudadanía tiene derecho a saber si se encuentra expuesta a riesgos reales o nos gobierna un mentiroso”, publicó en X.

El tema adquirió además relevancia en el Congreso porque la Cámara de Diputados comenzará a tratar el miércoles el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Desde sectores opositores vinculan el debate con una ampliación de las facultades de las Fuerzas Armadas y de los organismos de inteligencia.

Myriam Bregman cuestionó el uso del discurso antiterrorista en ese contexto. Agustín Rossi, por su parte, señaló que el proyecto contempla la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), creado durante el gobierno de Mauricio Macri.

El dirigente peronista advirtió sobre el alcance de la figura de la sospecha razonable. “Omiten el concepto de sospecha fundada. De esa forma, todos podemos pasar a ser terroristas”, concluyó.

Desde el CELS, Manuel Tufró vinculó esta clase de discursos con una tendencia regional. “Es uno de los componentes del marco ‘antiterrorista’ que viene siendo utilizado en muchas partes del continente como forma de recortar derechos, aumentar la vigilancia y la represión estatal, y no rendir cuenta por nada de ello, bajo la excusa del secreto por razones de ‘seguridad nacional’”, explicó.