La Cámara Federal de Casación Penal dio este miércoles un paso que complica la situación judicial de Javier Milei en el caso Libra. Por mayoría, los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma aceptaron el recurso de queja presentado por cinco damnificados del escándalo cripto, quienes buscan recuperar su condición de querellantes en el expediente. Guillermo Yacobucci votó en disidencia.
La decisión permite que el máximo tribunal penal del país analice el planteo de las víctimas, luego de que dos instancias judiciales rechazaran sus reclamos. Aunque todavía no resolvió su reincorporación definitiva, la apertura de esta vía representa un avance para quienes buscan volver a intervenir en la causa.
El eventual regreso de los damnificados tendría consecuencias importantes para el expediente: podrían impulsar la acción penal, presentar nuevas pruebas y recurrir las resoluciones judiciales. Entre ellas, el sobreseimiento de todos los acusados que dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
El camino judicial para recuperar el lugar de querellantes
Los cinco damnificados —Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo— quedaron afuera de la investigación en julio pasado. En aquella oportunidad, Martínez de Giorgi consideró que no estaba acreditada la existencia de una estafa y, por lo tanto, tampoco la condición de víctimas de los denunciantes.
Los afectados apelaron la decisión, pero la Cámara Federal porteña confirmó el criterio del magistrado. Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi rechazaron el planteo y, además, impidieron que los damnificados llevaran su reclamo ante Casación.
Frente a ese escenario, los abogados presentaron un recurso de queja ante el máximo tribunal penal. En su planteo cuestionaron que el apartamiento les impidiera ejercer su derecho de acceso a la Justicia, en una causa que involucra la promoción presidencial de un activo digital y el posterior desplome de su cotización.
Este miércoles, Slokar y Ledesma aceptaron el recurso y habilitaron la revisión del planteo. El próximo paso será escuchar a las partes y determinar si corresponde devolverles a los damnificados su participación como querellantes.
Qué dijeron los abogados de las víctimas
La resolución generó expectativas entre los representantes legales de los damnificados, que consideran que la decisión permite revertir los rechazos anteriores.
Nicolás Rechanik, abogado de Juan Patricio Marchetto y otros afectados, destacó ante El Destape: “Es muy importante lo resuelto este miércoles porque la justicia tomó una decisión ajustada a Derecho que es la de oír a las víctimas de la estafa tal como lo había ordenado la sala II cuando nos tuvo por querella”.
Por su parte, Nicolás Oszust, representante de Martín Romeo, sostuvo: “Estamos satisfechos con la resolución que está reparando la injusticia en que había recaído el juez de primera instancia como la cámara revisora. Ahora vamos a esperar a la resolución que tome Casación. Tenemos mucha fe de que va a resolver acorde a Derecho”.
Agustín Rombolá, socio de Oszust, también celebró el pronunciamiento y planteó sus expectativas sobre el desenlace: “Es la primera decisión razonable de todo el expediente relativo a la cuestión de los querellantes. Tenemos muchísimas expectativas en que la misma cámara tenga la misma razonabilidad que ahora y nos admita como querellantes. Las pruebas que nos pidieron en las instancias anteriores no tienen ningún tipo de sustento. Esto nos devuelve muchísimas esperanzas de que todavía podamos seguir siendo parte del proceso”.
La Fiscalía Anticorrupción también busca reabrir la investigación
El movimiento de Casación se produjo mientras la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, avanzó con un planteo para revertir los sobreseimientos dictados en el expediente.
La intervención de la Fiscalía Anticorrupción respondió a una presentación de las organizaciones CIPCE e INECIP. El 29 de octubre, el organismo solicitó que se anulara la resolución que benefició a todos los acusados, al considerar que el cierre de la investigación resultaba prematuro.
En su presentación, la PIA cuestionó que todavía quedaran medidas de prueba pendientes y sostuvo que la pesquisa no había agotado todas las líneas de investigación. Por ese motivo, pidió que se retomara la acción penal y dejó planteada una apelación subsidiaria ante un eventual rechazo.
El organismo fundamentó su posición al señalar: «No existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario».
La causa quedó ahora bajo la intervención del juez Daniel Rafecas, quien asumió mediante una subrogancia. Su actuación será clave para determinar si prospera el pedido de la fiscalía y si se revierten los sobreseimientos.
Los argumentos de los jueces de Casación
La apertura del recurso de queja se resolvió por dos votos contra uno. Slokar consideró que los cuestionamientos de los damnificados podían encuadrarse dentro de las causales previstas por el Código Procesal Penal de la Nación.
En su voto, afirmó: “Que pudiendo constituir los agravios invocados por la parte recurrente algunas de las causales previstas en el art. 456 del CPPN, corresponde hacer lugar a la queja deducida de conformidad con lo dispuesto por la citada norma y el art. 463 ibidem”.
Ledesma acompañó esa postura y justificó su adhesión en la existencia de una cuestión federal: “Teniendo en consideración que se ha alegado cuestión federal suficiente para habilitar la instancia”.
Yacobucci, en cambio, se pronunció en contra de habilitar la revisión. El magistrado sostuvo: “Que sellada la suerte del recurso habré de manifestar brevemente mi disidencia, por cuanto entiendo que corresponde declarar inadmisible el recurso de queja por casación denegada deducido, con costas”.
Finalmente, el tribunal resolvió: “HACER LUGAR al recurso de queja deducido y CONCEDER el recurso de casación interpuesto contra la decisión de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta Ciudad que confirmó la resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 8, por la que se resolvió ‘HACER LUGAR a la excepción de falta acción promovida por la defensa de Mauricio Gaspar Novelli y, en consecuencia, APARTAR a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, del rol de parte querellante asumido en los autos nro. CFP 772/2025, del registro de este tribunal’”.
El pronunciamiento representa un nuevo frente judicial para Milei, que había celebrado junto a su hermana Karina el sobreseimiento dictado en primera instancia. Si Casación finalmente reincorpora a los damnificados, estos podrán cuestionar esa resolución y buscar que la investigación recupere impulso.
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