El proyecto de Presupuesto 2026 incorpora una polémica cláusula que podría implicar un beneficio multimillonario para las grandes distribuidoras eléctricas. A través del artículo 74, el Gobierno de Javier Milei propone reconocer supuestas “diferencias de ingresos” acumuladas durante los congelamientos tarifarios que comenzaron en 2002. La medida, que habilita compensaciones retroactivas, podría generar un fuerte impacto fiscal y encarecer aún más las boletas de luz.
El texto presentado al Congreso delega en la Secretaría de Energía la tarea de calcular cuánto “adeuda” el Estado a las compañías, tanto nacionales como provinciales y municipales. Según las organizaciones de defensa del consumidor, ese cálculo carece de sustento legal y representa una carga que terminarán asumiendo los usuarios.
“Si se aprobara la normativa tal como se envió al Congreso, las distribuidoras podrán demandar al Estado nacional, con un daño enorme para toda la población sobre la que recaería una ‘deuda’ gigantesca, ya absorbida por los consumidores con los sucesivos incrementos en el servicio”, señaló a PáginaI12 Fernanda Lacey, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores.
Las entidades que representan a los usuarios denunciaron que la medida “constituye una pretensión abusiva y desproporcionada que viola principios esenciales del derecho, menoscaba la finalidad del régimen de emergencia pública, y puede generar un descomunal perjuicio patrimonial para el Estado”.
En la misma línea, Pedro Bussetti, presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), alertó que “a libro cerrado quieren reconocer una deuda de 3.600 millones de dólares, sumados a Edenor y Edesur”. Y advirtió que “como esto también tiene una repercusión sobre las distribuidoras provinciales, luego del resultado electoral donde los gobernadores de Provincias Unidas perdieron y tienen deudas con Cammesa seguramente las van a querer compensar y para ello terminarán por apoyar todas las medidas que tome Milei en esta nueva etapa”.
El artículo en cuestión establece que la Secretaría de Energía, junto con los entes reguladores provinciales, determinará las diferencias entre los ingresos percibidos durante los años de congelamiento y los que hubieran correspondido según los pliegos de concesión. En los hechos, el Gobierno acepta el reclamo de las empresas derivado de la crisis de 2001 y de la renegociación tarifaria inconclusa de 2005.
Desde Deuco advierten que la aprobación del artículo podría abrir la puerta a que otros servicios privatizados reclamen compensaciones similares, incluso ante el CIADI, tribunal donde suelen recurrir las empresas extranjeras que litigan contra el Estado argentino.
“Las tarifas ya están dolarizadas y lo vemos con esta validación de aumentos por encima de la inflación tras la victoria en los comicios de la gestión actual”, sostuvo Bussetti.
Para las asociaciones de usuarios, el reconocimiento estatal de estas supuestas “diferencias de ingresos” implica una renuncia implícita a los efectos protectores de las leyes de emergencia económica. Desde la comisión de usuarios del ENRE reclamaron eliminar el artículo 74 porque “establece un riesgo enorme y es improcedente legal”, concluyó Lacey.
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