Milei dio marcha atrás con la reforma laboral y habilitó más fondos para los sindicatos

El Gobierno nacional modificó una parte de la reglamentación de la reforma laboral y volvió a permitir que determinadas contribuciones destinadas a los sindicatos queden fuera del límite que había fijado meses atrás. La decisión quedó establecida a través del Decreto 612/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La nueva norma representa una corrección sobre el esquema establecido por el Decreto 407/2026, que había generado cuestionamientos de las organizaciones gremiales al incluir dentro de un mismo cálculo distintos aportes, cuotas y fondos previstos en los convenios colectivos.

Con el cambio, el Ejecutivo estableció que las contribuciones realizadas por las empresas a favor de las asociaciones sindicales no estarán alcanzadas por el tope general del 2% aplicado a otros aportes convencionales. De esta manera, los gremios conservarán una vía de financiamiento que había quedado en riesgo tras la primera reglamentación.

El abogado laboralista León Piasek explicó que la modificación cambió la interpretación inicial sobre los límites establecidos para los aportes sindicales.

«Da marcha atrás con la interpretación sobre el segundo párrafo del art. 9 de la ley 14.250 que establece un límite de 2% a los aportes solidarios de los trabajadores a los sindicatos. Ahora dice que ese límite es sobre los salarios de convenio que sean normales, habituales y mensuales. Es decir, mensuales. Hace una descripción ejemplificativa que deja afuera el plus vacacional, SAC y otros rubros salariales que son no son percibidos en forma mensual. Respecto del límite del 2% aclara que no abarca los aportes solidarios de las empresas (Cámaras) a los sindicatos, como el caso del 0,5% del comercio. Esto era un tema de debate en la interpretación del decreto 407/26 que la Scretaría de Trabajo venía interpretando que abarcaba a todo y largó intimaciones a las partes para que lo modificaran. A mi entender es una leve cocesión a los gremios, como una gota de agua en el oceano, luego del gran saqueo», sostuvo el abogado laboralista León Piasek.

El Gobierno modificó el alcance del límite del 2% para los aportes sindicales

La reglamentación anterior había dispuesto que todos los recursos vinculados a los convenios colectivos —como aportes, contribuciones, cuotas y retenciones— fueran considerados en conjunto para verificar si superaban el límite permitido por la normativa.

Ese criterio había encendido la alarma dentro de la CGT y distintos sindicatos, que advertían que podía reducir los ingresos provenientes de acuerdos entre trabajadores, empresas y organizaciones gremiales.

Ahora, el Decreto 612 estableció una diferenciación: las contribuciones patronales destinadas a obras sociales, actividades asistenciales, fondos previsionales o iniciativas culturales podrán mantenerse por fuera del límite, siempre que sean administradas y registradas de manera independiente.

Desde la central obrera señalaron que la nueva disposición implica una modificación favorable para los gremios. Según fuentes de la CGT, el decreto funciona como una corrección de la normativa anterior impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Cambió la base para calcular algunas cargas sindicales

Además de excluir ciertas contribuciones empresariales del límite, el nuevo decreto amplió la base salarial utilizada para calcular los aportes que sí permanecen incluidos dentro del esquema.

Mientras la reglamentación anterior tomaba únicamente el salario básico de la categoría laboral correspondiente, ahora también se tendrán en cuenta las remuneraciones convencionales normales, habituales y de pago mensual.

En cambio, seguirán afuera del cálculo algunos conceptos extraordinarios como premios, bonos, participación en ganancias, horas extras, aguinaldo, plus vacacional y sumas no remunerativas.

Con esta modificación, los porcentajes aplicados sobre los salarios podrán calcularse sobre una base más amplia, lo que podría generar una mayor recaudación para las entidades sindicales.

La medida no elimina todos los cambios que el Gobierno impulsó sobre el funcionamiento sindical a través de la reforma laboral, pero sí modifica algunos de los puntos más cuestionados por las organizaciones gremiales y representa un alivio para una de sus principales fuentes de ingresos.