Milei contra la emergencia en discapacidad: un año de incumplimientos y recortes

Doce meses después de que el Congreso aprobara la Ley de Emergencia en Discapacidad, las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad aseguran que la crisis del sector se profundizó y que la respuesta del Gobierno de Javier Milei sigue siendo insuficiente. Prestadores con deudas millonarias, servicios que recortan actividades y miles de solicitudes de pensiones que permanecen sin resolución forman parte del escenario que atraviesa el área.

Uno de los principales focos de conflicto está en el programa Incluir Salud, la cobertura estatal destinada a personas con discapacidad. Los retrasos en los pagos dejaron a numerosas instituciones sin recursos para sostener su funcionamiento y, en algunos casos, al borde del cierre.

El caso del Hogar Promover, una institución que brinda alojamiento y tratamientos de rehabilitación a niños con patologías complejas, expuso la gravedad del problema. Su directora, Marisa Agis, contó que durante meses no recibió pagos por las prestaciones realizadas y tuvo que recurrir a donaciones y ayuda externa para mantener abierto el lugar.

“Este gobierno nos tiene así: te pone la soga al cuello, te aprieta, te suelta y te vuelve a ahogar. La emergencia parece no terminar nunca”, expresó Agis.

La demora en los pagos no afectó únicamente a una institución. Según los reclamos del sector, algunos prestadores acumularon hasta seis meses de deuda. En febrero, la deuda del sistema alcanzaba cerca de 70 mil millones de pesos, una situación que golpeó con mayor fuerza a los centros que dependen de la obra social estatal.

En distintas provincias, las entidades tuvieron que recurrir a la Justicia para intentar obtener respuestas. En Córdoba, varias organizaciones lograron medidas cautelares para reclamar fondos adeudados, aunque advierten que la normalización todavía no llegó.

“Recién ahora, en julio, nos pagaron marzo. Antes también había retrasos, pero nunca de esta manera”, explicó Agis. Sobre la situación financiera de la institución, agregó: “Apelamos a donaciones, a deudas propias. También recortamos gastos. Hacemos malabares para pagar sueldos y cumplir con nuestros proveedores. No siempre lo logramos“.

La ley que sigue sin aplicarse por completo

La Emergencia en Discapacidad fue aprobada por el Senado el 10 de julio de 2025, pero su implementación quedó atravesada por conflictos judiciales y cuestionamientos de las organizaciones del sector.

Actualmente, el Gobierno solo aplica uno de los puntos centrales de la norma: la actualización mensual de los aranceles según la inflación medida por el INDEC. Sin embargo, las instituciones denuncian que ese mecanismo no compensa el atraso acumulado durante 2024 y 2025, cuando los valores de las prestaciones permanecieron congelados.

Las entidades calculan que la deuda acumulada por esa pérdida de ingresos alcanza al menos un 40%, por lo que consideran que los aumentos actuales no alcanzan para recuperar el funcionamiento del sistema.

La falta de recursos impactó directamente en la atención. Profesionales abandonaron centros de tratamiento por los bajos ingresos, mientras que algunas instituciones redujeron días de actividad o limitaron prestaciones para evitar el cierre.

“Los hogares están en una situación calamitosa. Los centros de día no pueden mantener la infraestructura, por lo que muchos cerraron y otros, en vez de atender los cinco días, atienden tres. Para las familias es un descalabro tremendo, porque uno tiene que laburar, intentar seguir con su vida, pero te la hacen imposible. Qué más se puede decir sobre eso de este tipo de insensibilidad a la que nos tiene acostumbrado este gobierno”, sostuvo la actriz y activista Valentina Bassi.

Transportistas denuncian que trabajan por debajo de los costos

Otro sector afectado por la falta de actualización es el transporte para personas con discapacidad. Los trabajadores reclaman que el Estado todavía no realizó el estudio de costos que establece la ley para determinar el valor real del servicio.

El desfasaje queda reflejado en los números del sector: los transportistas reciben alrededor de $865 por kilómetro, mientras que el precio del combustible supera los $2300 por litro.

“Nosotros estamos haciendo nuestro propio relevamiento de costos, pero es la Senadis la que tiene que hacerlo y no lo hace”, afirmó Pablo Molero, representante de la sociedad civil en el organismo que analiza los aranceles.

Más de 227 mil personas esperan una respuesta por pensiones

La crisis también alcanza al acceso a las pensiones por discapacidad. De acuerdo con datos recopilados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a partir de información oficial, 227.354 personas continúan esperando una respuesta sobre sus solicitudes.

Los pedidos corresponden a personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual o motriz que buscan acceder al beneficio. En algunos casos, los trámites comenzaron en 2020 y todavía no tuvieron resolución.

Del total de expedientes pendientes, más de 90 mil fueron iniciados durante la gestión de Milei, mientras que la administración nacional solo respondió alrededor de 10 mil solicitudes.

Además, durante el proceso de auditorías impulsado por el Gobierno, unas 500 mil pensiones quedaron bajo revisión debido a problemas en las notificaciones enviadas a los beneficiarios.

Desde el Ejecutivo mantienen el argumento de que existieron irregularidades en el sistema y buscan avanzar con una reforma para modificar el esquema vigente.

Reclamos judiciales y una disputa que continúa

La aplicación de la ley quedó en manos de la Justicia después de distintas presentaciones realizadas por familias y organizaciones. Un fallo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó al Gobierno garantizar los fondos previstos en la emergencia, aunque la administración nacional apeló la decisión.

El expediente permanece sin resolución en la Cámara Federal de San Martín desde marzo.

Mientras tanto, entidades como REDI y la APDH volvieron a reclamar una respuesta estatal y expresaron su preocupación por la situación de las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores que sostienen la atención cotidiana.

A un año de la sanción de la norma, el conflicto continúa abierto y las organizaciones advierten que la falta de financiamiento amenaza la continuidad de servicios esenciales.

Fuente: Página 12