El gobierno de Javier Milei avanzó esta semana con un decreto que endurece las condiciones para que empresas chinas participen en licitaciones del Estado argentino. La medida, leída en clave geopolítica como un guiño a Estados Unidos y a Donald Trump de cara a la cumbre de Davos, abre un frente delicado: a mitad de año vence un tramo crítico del swap con China que resulta central para la estabilidad financiera del país.
El acuerdo cambiario con Beijing alcanza los USD 18.000 millones y explica una porción relevante de las reservas del Banco Central. A diferencia del swap por USD 20.000 millones con Estados Unidos que Milei anunció durante la campaña y nunca se concretó, el entendimiento con China sigue vigente, aunque con plazos ajustados. Entre junio y julio se concentran los vencimientos de un tramo activado durante la gestión de Sergio Massa, prorrogado en 2024 por dos años y que ahora vuelve a quedar bajo revisión.
Si China decide no renovar ese acuerdo, la Argentina debería afrontar pagos que oscilan entre USD 2.750 millones y USD 5.000 millones. La diferencia responde a la falta de información detallada del Banco Central sobre el monto exacto en uso. En el mercado financiero dan por hecho que el BCRA mantiene activado un tramo de 35.000 millones de yuanes —unos USD 4.844 millones— con vencimientos concentrados: 21.000 millones de yuanes en junio y otros 14.000 millones en julio. Sin dólares disponibles para cubrir esos compromisos, el escenario que se abre es el de un default técnico con China.
El impacto no se limita al vínculo bilateral. El swap incluye una cláusula de cross default que, en caso de incumplimiento, también pone en riesgo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De concretarse ese escenario, la Argentina volvería a quedar señalada como deudor serial, justo cuando el Gobierno intenta mostrar orden macroeconómico y normalidad financiera ante los mercados.
Este es el mismo swap que Xi Jinping decidió renovar el 14 de junio de 2024, en un gesto de pragmatismo luego de meses de agravios públicos del entonces candidato libertario hacia la potencia asiática. Beijing sabía que la Argentina no tenía capacidad de pago y optó por estirar los plazos hasta junio de 2026. A cambio, hubo compromisos políticos y económicos que quedaron a medio camino.
Uno de ellos fue una visita de Estado del presidente argentino a China. Milei aceptó el viaje y lo mencionó públicamente, pero luego la agenda se diluyó. Más tarde se habló de una misión encabezada por Karina Milei y parte del gabinete, que tampoco se concretó. La visita terminó reemplazada por una gira a Miami, con el Presidente como figura central del America Business Forum y la CPAC, bajo la mirada de Donald Trump.
El segundo punto clave fue la reactivación de las represas de Santa Cruz, el proyecto de infraestructura más importante que China financia fuera de su territorio. Para destrabar la obra resulta necesaria la firma de la llamada Addenda 12, un trámite que arrastra demoras desde la gestión anterior. La Casa Rosada propuso una salida parcial: reactivar solo la represa Jorge Cepernic, la de menor escala.
En ese marco, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció el ingreso de USD 136 millones desde China para poner en marcha los trabajos. Sin embargo, las empresas involucradas consideran que ese monto no alcanza ni siquiera para reiniciar plenamente la obra y, además, ninguna autoridad nacional ratificó oficialmente el anuncio.
La tensión con Beijing se suma a un panorama financiero ya cargado. Durante el próximo año y medio, la Argentina enfrenta vencimientos por unos USD 57.000 millones. Según estimaciones privadas, la economía necesita alrededor de USD 50.000 millones para atravesar 2026 sin sobresaltos, combinando déficit externo, pagos de deuda y la necesidad de recomponer reservas.
El principal acreedor sigue siendo el FMI. De acuerdo al cronograma del organismo, en 2026 el país debe afrontar compromisos por más de 4.400 millones de DEG, entre intereses, recargos y amortizaciones del programa EFF, con pagos distribuidos a lo largo de todo el año. A eso se suman los vencimientos con acreedores privados: tras cumplir en enero con un pago de USD 4.300 millones por Globales y Bonares, el Tesoro encara nuevos compromisos en julio que, en conjunto, rondan los USD 6.000 millones.
El Estado también mantiene obligaciones en dólares con organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial y la CAF, que suman alrededor de USD 3.000 millones anuales. Sobre ese esquema exigente se monta el capítulo chino: el vencimiento del tramo activado del swap agrega cerca de USD 5.000 millones, casi un 25% extra sobre un calendario que ya luce pesado.
En ese contexto, el endurecimiento del discurso y las decisiones del Gobierno frente a China colocan a Milei ante una disyuntiva compleja. Mientras desde Washington el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reclamó públicamente que la Argentina cancele el swap, romper con Beijing como acreedor estratégico tiene un costo que Estados Unidos, hasta ahora, no compensó con los dólares prometidos.
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