Masiva protesta en defensa de la salud pública: denuncian recortes y colapso del sistema

Más de 60.000 personas se movilizaron este miércoles en una nueva Marcha Federal por la salud pública, en una jornada marcada por fuertes críticas a la política sanitaria del Gobierno nacional y advertencias sobre el deterioro del sistema.

La convocatoria reunió a trabajadores del sector, sindicatos, organizaciones sociales, asociaciones de pacientes y universidades. La columna principal partió desde el Ministerio de Salud y avanzó hasta Plaza de Mayo, donde se desarrolló el acto central. En simultáneo, hubo protestas en distintas provincias bajo una consigna compartida: “La salud no puede esperar”.

Durante la jornada, los distintos espacios denunciaron un escenario crítico en hospitales y centros de atención, con problemas crecientes en el acceso a medicamentos, vacunas y tratamientos esenciales. También apuntaron al impacto del ajuste en áreas sensibles como salud mental, discapacidad y programas nacionales.

Reclamos por presupuesto, medicamentos y cobertura

En el documento consensuado que se leyó frente a Casa Rosada, las organizaciones advirtieron que el presupuesto ejecutado en salud cayó un 40% en comparación con 2023. A ese dato le sumaron otro indicador alarmante: más de 742.000 personas perdieron cobertura médica, mientras los hospitales públicos ya operan con niveles de ocupación cercanos al 90%.

Uno de los ejes centrales del reclamo giró en torno al recorte del programa Remediar. Según señalaron, la política pasó de garantizar 79 medicamentos gratuitos a solo 3, lo que dejó sin acceso a millones de pacientes que dependen del sistema público.

Además, denunciaron recortes en el PAMI, demoras en el Calendario Nacional de Vacunación y el retroceso de políticas clave. En ese marco, sostuvieron: “Defendemos una concepción de la salud como derecho social y humano fundamental, no como privilegio ni mercancía”.

Gremios en alerta y advertencias por el sistema

La protesta contó con la participación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que agrupa a múltiples gremios industriales y del sector público.

Desde ATE, su secretario general Rodolfo Aguiar lanzó una advertencia contundente: “El ajuste sobre la salud dejó de ser una discusión presupuestaria, se está traduciendo en enfermedad y muerte”.

El dirigente también planteó que el cierre de servicios hospitalarios aparece como un escenario cercano y cuestionó el rumbo de la política sanitaria: “La salud es un derecho humano y social, pero este Gobierno la quiere convertir en un negocio. Lo tenemos que evitar”.

Según datos difundidos por el gremio, el 80% de las obras sociales atraviesa dificultades financieras, mientras que más de la mitad de los pacientes no logra sostener tratamientos por el aumento de costos.

Alertas sanitarias y retrocesos en políticas públicas

Otro de los puntos destacados del documento fue la advertencia por el avance de enfermedades prevenibles. Las organizaciones señalaron que el debilitamiento del calendario de vacunación ya impacta en la reaparición de patologías como sarampión, coqueluche, hepatitis A y meningitis.

También alertaron por el deterioro de indicadores sensibles, como la mortalidad infantil y materna, y el aumento de internaciones vinculadas a enfermedades crónicas.

En paralelo, cuestionaron la eliminación de programas como el ENIA, orientado a la prevención del embarazo adolescente, y el debilitamiento de instituciones clave como el Instituto Nacional del Cáncer y el Instituto de Medicina Tropical.

En el caso del PAMI, denunciaron una caída presupuestaria similar a la del Ministerio de Salud y deudas millonarias con prestadores, lo que genera demoras en turnos, tratamientos y atención para jubilados.

Un reclamo federal que busca respuestas

La movilización reunió columnas de distintos puntos del país y se consolidó como una de las protestas sanitarias más importantes de los últimos años. Entre los participantes hubo desde trabajadores hospitalarios hasta pacientes afectados por la falta de insumos y prestaciones.

Como cierre de la jornada, los organizadores reclamaron la conformación de una mesa federal entre Nación, provincias y municipios para abordar la crisis. También exigieron la restitución de programas, la normalización en la entrega de medicamentos y vacunas, y medidas urgentes para reforzar el sistema público de salud.