En un contexto económico cada vez más dependiente de los préstamos internacionales, el Gobierno de Argentina formalizó este lunes un acuerdo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un préstamo de 1.500 millones de dólares. Esta nueva deuda se enmarca dentro de un paquete mayor de 12.000 millones de dólares que el Banco Mundial destinará al país en los próximos tres años, un compromiso que sigue la misma línea de endeudamiento de la administración de Javier Milei.
El crédito otorgado por el BIRF tiene como objetivo financiar políticas de sostenibilidad fiscal y competitividad, según el Decreto 270/2025 publicado en el Boletín Oficial. Sin embargo, la aprobación de esta operación subraya un modelo económico que sigue recurriendo a la deuda externa como principal herramienta para estabilizar la economía, sin resolver de fondo los problemas estructurales que enfrenta el país.
Este préstamo se suma al acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que permitió la salida del cepo cambiario, pero a costa de un primer giro de 15.000 millones de dólares en los próximos tres meses. Según el Gobierno, estos fondos servirán para mejorar la competitividad y reducir el gasto público, aunque muchos economistas alertan que esta estrategia puede generar más presión sobre las futuras generaciones, que tendrán que afrontar el pago de esta deuda.
El Banco Central, que validó la operación, considera que su impacto en la balanza de pagos será «limitado», pero esto se da en un contexto donde la deuda externa continúa creciendo. De hecho, la Oficina Nacional de Crédito Público también respaldó la operación al argumentar que el costo financiero es más favorable que lo que se podría obtener en los mercados internacionales. Sin embargo, este tipo de argumentos no hacen más que ocultar la dependencia cada vez mayor de la economía argentina de las entidades internacionales.
La Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía será la encargada de gestionar el desembolso de estos 1.500 millones de dólares, que podrán ser utilizados para reforzar las reservas y evitar un colapso cambiario. En la práctica, estos fondos servirán como un parche temporal, mientras que la deuda acumulada sigue creciendo.
Por otro lado, el paquete de ayuda financiera del Banco Mundial incluye no solo los 1.500 millones de dólares del BIRF, sino también otros 5.500 millones provenientes de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y 1.500 millones de dólares de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). Además, se suman los 3.500 millones de dólares de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), que estarán destinados a programas de infraestructura y reestructuración productiva.
En paralelo, el Banco Central amplió el repo ejecutado en enero con bancos internacionales, lo que podría sumar hasta 2.000 millones de dólares adicionales, y renovó el swap de monedas con China por un valor de 5.000 millones de dólares.
Si bien los acuerdos financieros internacionales pueden dar un respiro a corto plazo, lo cierto es que este modelo de crecimiento a base de endeudamiento sigue siendo insostenible. Si bien el Gobierno insiste en que las políticas adoptadas ayudarán a reducir el gasto público y mejorar la competitividad, lo cierto es que la deuda sigue siendo una bomba de tiempo para las finanzas del país, con el riesgo de que los próximos gobiernos enfrenten una carga aún mayor para pagarla.
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