La Justicia Federal de San Martín dictó una medida que impacta de lleno en el plan de recortes del Gobierno nacional sobre organismos públicos. A partir de un amparo impulsado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Juzgado Federal en lo Civil y Contencioso Administrativo N°2 resolvió suspender los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y frenar cambios estructurales que afectaban su funcionamiento.
El fallo, firmado por el juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, dejó sin efecto la aplicación de la Resolución 42/2026, una norma impulsada por la gestión de Javier Milei que establecía el cese de múltiples servicios técnicos brindados por el organismo.
Esa disposición impactaba sobre más de mil áreas vinculadas al entramado productivo, al retirar controles estatales en procesos de verificación, inspección y certificación de productos. En la práctica, esas funciones quedaban en manos de las propias empresas, una decisión que generó fuertes cuestionamientos por el margen de discrecionalidad que implicaba.
El magistrado consideró que la implementación de esa política podía provocar un perjuicio irreversible, en especial por el traspaso de funciones, documentación y equipamiento técnico. También puso el foco en la situación laboral: la medida oficial incluía la desafectación de trabajadores, lo que ahora deberá revertirse.
En ese sentido, la resolución judicial ordena garantizar “la ocupación efectiva de todos los agentes cuyas funciones resultaron afectadas”, junto con el respeto por sus condiciones laborales previas. Esto incluye categorías, salarios y tareas vigentes hasta mediados de abril.
Además, el fallo obliga a mantener bajo la órbita estatal todas las actividades centrales del INTI, como programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica, funciones consideradas estratégicas para el desarrollo industrial.
Desde ATE, el secretario general Rodolfo Aguiar celebró la decisión y sostuvo: “Lo dijimos mil veces: no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional”.
El dirigente también anticipó que el gremio avanzará con nuevas acciones judiciales en otros organismos alcanzados por políticas de ajuste. “Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más. Prepárense”, advirtió.
La resolución judicial marca un límite a la avanzada oficial sobre áreas técnicas del Estado y reabre la disputa por el rol de los organismos públicos en la regulación y control de la actividad productiva.