La investigación judicial que involucra al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni suma nuevas evidencias que vuelven a poner bajo la lupa el uso de tarjetas de crédito pertenecientes a personal de su entorno dentro de la Jefatura de Gabinete. Los registros incorporados al expediente muestran operaciones que habrían sido realizadas con plásticos ajenos, incluyendo intentos de compra que no llegaron a concretarse por rechazos bancarios.
Según la reconstrucción que realizan los investigadores, el esquema bajo análisis incluiría gastos personales canalizados a través de tarjetas de empleados públicos, una mecánica que aparece respaldada por movimientos financieros ya incorporados a la causa.
Operaciones rechazadas y un intento de compra de alto valor
Uno de los puntos que tomó relevancia en las últimas horas refiere a intentos de compra con una tarjeta Mastercard perteneciente a una funcionaria cercana al ex funcionario. En ese caso, el banco rechazó la operación, que incluía la adquisición de un televisor Smart TV.
Aunque no se concretaron, esos movimientos quedaron registrados en los sistemas financieros y se suman al material probatorio que analiza la Justicia. Para los investigadores, esos datos permiten reconstruir patrones de uso de tarjetas de terceros dentro del mismo ámbito estatal.
Testimonios y vínculos personales bajo la lupa
En el marco de la causa declaró Laura Schiuma, funcionaria que aparece vinculada a algunas de las operaciones bajo investigación. Su testimonio incorporó un dato central: reconoció haber facilitado su tarjeta y explicó el vínculo con el ex jefe de Gabinete.
Según su declaración, ambos mantienen una relación de larga data que se remonta a más de 16 años, cuando compartían actividades laborales fuera del ámbito público, en la empresa Renault.
La fiscalía analiza ahora si esa relación personal se utilizó como base para un esquema de gastos recurrentes o si se trató de situaciones aisladas dentro de un vínculo de confianza.
Un patrón de gastos y nuevas incorporaciones a la causa
Además de los intentos de compra fallidos, la investigación ya había detectado operaciones con tarjetas de otros funcionarios, entre ellas adquisiciones de tecnología como monitores gamer y proyectores por montos millonarios.
También se incorporaron consumos vinculados a bienes de alto valor, remodelaciones y artículos personales, entre ellos ropa blanca adquirida en comercios de primera línea y objetos de colección.
Uno de los elementos que más atención genera es la repetición de operaciones con distintos empleados del mismo entorno, lo que para los investigadores refuerza la hipótesis de un mecanismo extendido y no de hechos aislados.
Con toda la documentación reunida, la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) avanza en la elaboración del informe patrimonial que servirá como base para una eventual justificación de los movimientos bajo sospecha.
Ese documento será clave para determinar si corresponde exigir explicaciones formales sobre el origen de los fondos utilizados en los consumos investigados y si existió un uso indebido de recursos o instrumentos financieros de terceros dentro del Estado.
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