La Justicia puso un freno al decreto presidencial que buscaba eliminar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), una de las dependencias clave para el mantenimiento de rutas en todo el país. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 concedió una medida cautelar a favor del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, que había impulsado un amparo contra la disolución del organismo.
La presentación judicial, patrocinada por los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, apuntó directamente contra el DNU 461/25 firmado por Javier Milei, al que acusaron de “ilegalidad y arbitrariedad manifiesta”. El recurso busca declarar inconstitucional la norma y detener el proceso de vaciamiento de una institución con más de 93 años de trayectoria.
El caso quedó radicado en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 23, bajo la órbita de la jueza Marta Rey. Allí, el sindicato denunció que el cierre de la DNV forma parte de un intento de “aniquilar organismos estatales”, lo que pondría en riesgo derechos laborales básicos y atentaría contra la estabilidad del empleo público.
Un decreto que vulnera la Constitución
En su argumentación, el sindicato alertó que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para disolver entes como Vialidad mediante decreto. Señalaron que la DNV es un organismo autárquico, creado por ley, y que su eliminación solo podría realizarse mediante una norma del Congreso.
“El artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa, salvo en casos excepcionales”, explicaron los demandantes. A su vez, remarcaron que ni la Ley Bases ni las facultades delegadas al Ejecutivo autorizan semejante medida. En este marco, advirtieron que el decreto implica una violación a derechos humanos y laborales fundamentales.
La medida cautelar obliga al Estado a mantener los salarios y condiciones de trabajo de los 5.245 empleados y empleadas que dependen actualmente de Vialidad. El gremio también solicitó que, en caso de avanzarse con una reestructuración, todo el personal sea transferido a otras áreas estatales, sin pérdida de derechos adquiridos.
La versión oficial y el rechazo empresarial
El anuncio del cierre de Vialidad había sido realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni a principios de julio, en una conferencia de prensa en Casa Rosada. “Este organismo se inventó para simplificar la corrupción”, sostuvo Adorni. Además, defendió la apertura de licitaciones para concesionar 9.120 kilómetros de rutas: “Tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país”.
Las declaraciones del vocero generaron un inmediato rechazo en sectores ligados a la obra pública. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, cuestionó duramente la decisión: “No tenemos idea de cómo van a ser los próximos pasos ni cómo va a funcionar la medida”. En diálogo con Ámbito, añadió: “En todos los países hay un organismo como Vialidad, aunque en Argentina está todo concentrado”.
La entidad que nuclea a las principales constructoras del país advirtió también sobre los altos costos de abandonar el mantenimiento estatal. Según sus datos, sostener el sistema vial cuesta unos 4.213 millones de dólares al año, pero recuperar infraestructuras deterioradas por falta de inversión podría elevar la cuenta a 40.773 millones.
About Author
Te puede interesar también...
-
El clan Menem y los contratos millonarios con el Estado libertario: negocios familiares bajo la gestión de Milei
-
Más despidos: Milei reestructuró la Procuración del Tesoro
-
Funcionarios bajo la lupa por posible entrega de datos confidenciales sobre YPF a fondos buitre
-
El día del cierre de Vialidad Nacional, el Gobierno aprobó una compra millonaria de neumáticos
-
Rutas destruidas y fondos sin ejecutar: las provincias acusan al Gobierno de abandono y engaño