Los empresarios frente al proyecto de Ley de Libertad Educativa

Por Romina De Luca*

El gobierno nacional busca derogar la Ley de Educación Nacional, sancionada en 2006 y reemplazarla por una nueva Ley de “Libertad Educativa”. El borrador del proyecto comenzó a circular a mediados de noviembre y se conoció su versión final el 9 de diciembre de 2025 cuando se presentaron los documentos finales del Consejo de Mayo. La posible reforma todavía no tiene trámite parlamentario.

Uno de los sectores que participó de las discusiones de esta futura ley fue la Unión Industrial Argentina (UIA) representada por Martín Rappallini, su titular desde abril de 2025. Rapallini es propietario de una de las empresas líderes del sector de cerámicas y porcelanatos, Cerámica Alberdi. Cuando se difundió el primer borrador del texto educativo, algunos la denominaron Ley Rocca, atribuyendo su autoría a Paolo Rocca, CEO de Techint. Sin embargo, estos sectores no parecen ser los “padres” intelectuales del cambio. Más bien, observan con preocupación el retiro del Estado señalando que esa tendencia se encuentra a contramano del mundo. Paolo Rocca se manifestó en este sentido en general en materia económica destacando el rol estatal en China -operando a favor de los empresarios, claro. Es cierto que ya en 2024, Rocca alzó su voz bregando por la necesidad de una nueva ley de educación, pero sus declaraciones iban a contramano del proyecto actual que instaura la subsidiariedad del Estado nacional en materia educativa. Al respecto, en junio de 2024 declaraba: “me parece que hay un componente de centralización, de alineación, de participación de la Nación que sería auspiciable, aun en un país federal. Si no, nos vamos a quedar atrás frente a otros países”¹. En efecto, la misma UIA en la voz de Rappallini señaló las mismas objeciones en esta nueva coyuntura.

Afirmar que la UIA mira críticamente esta iniciativa, no implica desconocer que el proyecto actual concentra ciertos intereses “empresariales”: resulta muy claro el beneficio para el sector privado que opera en educación, un nicho PYME y de baja escala que se verá favorecido con mayores recursos estatales, porque, de prosperar la reforma, el 100% de la educación de gestión privada recibirá subsidios estatales. Tampoco se niega aquí la incorporación de lógicas patronales tales como la declaración de la esencialidad educativa -que beneficia la continuidad laboral para las familias sin interrupciones- o la reforma laboral que la nueva ley implicará para el sector educación atacando la estabilidad laboral, aumentando la precarización, entre otros. No obstante, como representantes de un interés de clase más general, temen por el retiro del Estado y la cohesión social misma. Veamos qué dijo la UIA sobre la futura reforma educativa y saquemos luego conclusiones.

Empresarios y educación

La UIA manifestó en el Consejo de Mayo su rechazo frente a la idea de que el Estado nacional asuma una función subsidiaria en materia educativa para dar mayor libertad y poder de decisión a las familias y a cada escuela. En este punto, una de sus mayores preocupaciones era que: “el proyecto no apunte a resolver de manera eficiente los desafíos vigentes en materia de gestión educativa y que, por el contrario, se introduzcan cambios que profundicen brechas territoriales, de acceso y calidad.”² Entienden que este esquema agrava un problema actual: las brechas que se expresan en un sistema educativo fragmentado lo que redunda en un “mayor desequilibrio federal, de oferta, de calidad y de acceso”.

Si bien acompañan la cultura “pro-evaluación” que el proyecto introduce, advierten que el corrimiento del Estado nacional impulsa una mayor fragmentación lo que pone en peligro la inclusión educativa misma. No se trata de filantropía sino de su clara identificación de los peligros de cohesión social si el Estado nacional deja de intervenir. Al respecto señalaron: “la educación es un deber primario y directo del Estado, no condicionado ni subordinado a la iniciativa privada”.³ Entienden que la escuela despliega funciones que benefician a los empresarios y no pueden ser suplidas por las familias. En este punto, incluso rechazaron la idea de educación en el hogar para cumplir con la educación obligatoria. Para ellos, “la escuela es el primer ámbito de socialización para el aprendizaje de normas de convivencia, resolución de conflictos, responsabilidad (habilidades blandas muy requeridas en los entornos productivos). También es el entorno donde se ejercitan hábitos, horarios y dinámicas que sostienen la cultura del trabajo.”⁴

Una vez más, no se trata de filantropía sino de la defensa de un interés de su propia clase reclamando que el Estado no se deslinde de una responsabilidad que los beneficia directamente en la futura “empleabilidad” y en el orden social más general.⁵ Por eso reclamaban que “la Nación debe garantizar un piso mínimo de financiamiento, infraestructura, equipamiento y capacidades institucionales en todas las jurisdicciones. Esto permitiría asegurar igualdad de oportunidades educativas en un país federal y heterogéneo”.⁶ Finalmente, por lo mismo, también cuestionan el esquema de vales educativos y el financiamiento a la demanda, en tanto consideran que puede profundizar las desigualdades existentes entre sectores sociales y tipos de gestión creando mecanismos de selección adversa. Ello dejaría a la mayor parte de las instituciones con financiamiento inestable o insuficiente.

En lo que refiere a las necesidades de formación específica, sí reivindican articulaciones puntuales. De hecho, junto a la CGT, reclaman por la “formación en alternancia”, es decir, la formación en el lugar de trabajo -en empresas- mejorando la “articulación de las políticas y acciones de educación– trabajo– sistema productivo”. Por ello, no alzaron su voz en contra del presupuesto 2026 que deroga el artículo 52° de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional: tienen alternativa propia.

Así las cosas, lo que puede verse es que el proyecto de ley, en general, aparece como regresivo incluso para los propios empresarios representados en la UIA que temen no verse abastecidos de las necesidades mínimas de una fuerza de trabajo disciplinada con atributos mínimos (habilidades blandas). En un sentido protector similar, también temen por el orden social mismo. Es en ese esquema que demandan al Estado nacional por un rol de garante de esas tareas y no derivar esa función plena únicamente en las provincias. Identifican que ni las familias, ni las instituciones administradas únicamente por las familias les garantizan tal función de tutelaje social. No dudamos que la apuesta de Milei represente a un sector ultraminoritario de la burguesía, pero claramente no a su totalidad. Los empresarios saben que el proyecto de Ley de Libertad Educativa expresa las preferencias ideológicas del arco libertario, pero intuyen pone en juego el mínimo de cohesión garante del orden. Tal vez no piensen en la educación sino en ellos mismos: en su propia supervivencia. Así las cosas, la crisis educativa continúa demandando un sujeto que pueda resolverla.

*Por Romina De Luca (docente e investigadora. coordinadora del área de Educación del CEICS y militante de Vía Socialista).

1. Clarín, 11/6/2024. ↩︎
2. Consejo de Mayo (2025) Propuestas discutidas, 9 de diciembre de 2025, p. 248 ↩︎
3. Ídem, p. 251 ↩︎
4. Ídem, p. 253 ↩︎
5. “Entendemos que la educación no solo constituye un derecho fundamental de toda persona, sino también un pilar estratégico para el desarrollo productivo, la competitividad y la cohesión social del país”, ídem, p. 250 ↩︎
6. Ídem, p. 257 ↩︎

About Author

DeudaPrometida.com

See author's posts