El presidente Javier Milei firmó un decreto que libera por completo a los colegios privados sin subsidios estatales para fijar sus propias cuotas, sin necesidad de pedir autorización previa ni informar los incrementos con anticipación. Además, el Ejecutivo avanzará en una revisión del esquema de aportes públicos a las escuelas privadas.
La medida, oficializada a través del Decreto 787/2025 y publicada este martes en el Boletín Oficial, llevó las firmas del mandatario, del jefe de Gabinete Manuel Adorni, de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y del ministro de Economía Luis Caputo. El texto deroga el Decreto 2417/1993, que había estado vigente durante más de treinta años.
Según los fundamentos del Gobierno, el sistema anterior “limitaba la capacidad de adaptación” de las instituciones a los cambios económicos y generaba distorsiones que terminaban afectando tanto a los colegios como a las familias.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que la norma impactará solo en el 6% de los establecimientos: aquellos que no reciben ningún tipo de subvención. “Este viejo esquema, similar a una suerte de ley de alquileres, obligaba a estos colegios a fijar aumentos anticipados y que, luego de implementados en marzo, debían mantenerse por un año. Esto generaba aumentos de cuotas sobredimensionadas en el arranque del año”, señaló el funcionario.
Sturzenegger sostuvo además que, con la nueva disposición, los ajustes podrán ser “graduales y realistas, alineados con la evolución de la economía, sin saltos bruscos ni sobrecargos preventivos”.
Revisión del financiamiento estatal
Paralelamente, Milei ordenó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, revisar el Decreto 2542/1991, que define el sistema de financiamiento a las escuelas privadas. Esa revisión deberá tener en cuenta el nuevo esquema de competencias provinciales y el contexto económico actual.
El nuevo marco elimina la obligación de comunicar con antelación los valores de matrícula o solicitar avales oficiales para aumentarlos. En los considerandos, el Gobierno argumentó que ese control estatal llevó a que muchas instituciones fijaran precios “más altos de lo necesario” para cubrirse ante futuros incrementos no aprobados, lo que impactó negativamente en los hogares.
El texto también sostiene que la intervención estatal “constriñe el derecho de propiedad de los establecimientos educativos” y que el Estado debe garantizar el principio de “libre contratación”.
“El principio de libre contratación debe ser resguardado, permitiendo a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”, expresa el decreto.
Con esta desregulación, el Gobierno busca que la competencia entre escuelas determine los precios y condiciones, bajo la idea de que el mercado garantizará la calidad y sostenibilidad del sistema.
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