El interbloque Popular del Senado presentó un proyecto para derogar el DNU 70/2023, firmado por Javier Milei, y restablecer la vigencia de la Ley de Tierras 26.737. La iniciativa llega después de que la Corte Suprema rechazara un planteo contra el decreto presidencial.
La propuesta lleva las firmas de José Mayans, titular del bloque Justicialista; Fernando Salino, de Justicia Social Federal; y la senadora Juliana Di Tullio. El texto parlamentario apunta a dejar sin efecto los cambios introducidos por el decreto y volver al esquema establecido por la legislación sancionada para limitar la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Además, los legisladores plantearon que las operaciones realizadas en contra de las disposiciones de la ley queden alcanzadas por las sanciones previstas en el régimen.
El proyecto que busca recuperar los límites a la compra de tierras
La presentación parlamentaria se produjo luego del reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que rechazó un amparo impulsado por el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) contra el Poder Ejecutivo.
El máximo tribunal desestimó la posibilidad de que esa asociación actuara en representación de un supuesto derecho colectivo vinculado con la soberanía territorial. De esta manera, quedó vigente la modificación establecida por el DNU respecto del artículo 154.
Frente a ese escenario, el peronismo del Senado optó por avanzar mediante una vía legislativa y promover la derogación del decreto.
Presentamos un proyecto para que se restituya la plena vigencia de la Ley de Tierras. La protección del territorio nacional es una premisa irrenunciable e ineludible para la República Argentina 👇 pic.twitter.com/tUMWSrkFY7
— Bloque Justicialista Senado (@BJusticialistaS) September 30, 2026
La advertencia sobre tierras y recursos naturales
En los fundamentos de la iniciativa, los senadores cuestionaron los efectos que atribuyen a la eliminación de las restricciones previstas en la Ley de Tierras.
El proyecto sostiene que permitir la aplicación del DNU «equivale a someter a la especulación inmobiliaria internacional los activos naturales más preciados de la Patria en un contexto global signado por la escasez de agua dulce y la disputa por la seguridad alimentaria».
Los legisladores también cuestionaron el impacto de la medida sobre las herramientas estatales destinadas a controlar la adquisición de determinados territorios. En ese sentido, afirmaron que «esta decisión unilateral del Poder Ejecutivo cercenó, de un plumazo, el marco de resguardo institucional que la República Argentina había construído para evitar la extranjerización indiscriminada de sus recursos hídricos, zonas fronterizas y tierras para aptitud agrícola y ganadera».
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