Las sospechas detrás de las privatizaciones de Milei: denuncian tasaciones «a precio de remate»

Una investigación publicada por Ámbito reveló una serie de presuntas irregularidades en el proceso de privatización de empresas públicas impulsado por el gobierno de Javier Milei. Según ese trabajo periodístico, el Ejecutivo desplazó al organismo estatal encargado de realizar las tasaciones oficiales y transfirió esa tarea al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), una entidad que depende del Ministerio de Economía y que no tenía antecedentes en ese tipo de valuaciones.

De acuerdo con la investigación firmada por el periodista Julián Maradeo, las sospechas alcanzan a las privatizaciones de Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina, Transener, AySA, Belgrano Cargas y las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue. Las denuncias sostienen que el cambio de procedimiento habría permitido mantener en reserva las tasaciones y abrir la puerta a una eventual subvaluación de los activos del Estado.

La Justicia pidió información sobre el proceso

El informe de señala que el caso ya comenzó a tener repercusiones judiciales. El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 aceptó como querellante a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) en la causa vinculada con la privatización de Intercargo y solicitó al Ministerio de Economía información sobre el procedimiento de venta.

Entre la documentación requerida también figuran los informes de valuación realizados por el BICE, que hasta el momento permanecen bajo reserva.

El rol del BICE en las tasaciones

Según la investigación, el cambio comenzó cuando el presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Julio Roberto Villamonte, resolvió que ese organismo no interviniera en ninguna de las privatizaciones impulsadas por el Gobierno.

A partir de esa decisión, las valuaciones quedaron en manos del BICE, que creó una Unidad de Valuaciones específicamente destinada a esa tarea. El informe sostiene que esa dependencia se conformó de manera acelerada y que el banco no contaba con experiencia previa en la tasación de empresas estatales.

Además, la investigación menciona que previamente se produjeron cambios en la conducción de la entidad financiera, con la designación de Maximiliano Voss como presidente y la incorporación de nuevas autoridades.

Las denuncias por falta de transparencia

Uno de los principales cuestionamientos expuestos es el carácter reservado que tuvieron las valuaciones. Las denuncias sostienen que tanto en la privatización de Intercargo como en la de las centrales hidroeléctricas se impidió el acceso a los contratos y a los informes técnicos utilizados para fijar los valores de las empresas.

Quienes impulsaron las presentaciones judiciales sostienen que esa situación contradice el principio de publicidad y transparencia previsto por la legislación que regula las privatizaciones.

Intercargo, en el centro de la polémica

La empresa estatal de servicios aeroportuarios concentra una de las principales investigaciones.

Según las denuncias citadas por Ámbito, el precio base previsto para su venta sería de unos 45 millones de dólares, aunque distintas fuentes aseguran que solo los activos financieros de la compañía superarían los 55 millones.

Al respecto, indicaron que “el Banco Nación y el Banco Central rechazaron realizar las tasaciones porque sabían en la que se metían, ya que iban a sufrir presiones por parte del Gobierno para que subvalúen la compañía. y eso con el tiempo los va a obligar a brindar respuestas ante la justicia. Tarde o temprano los van a llamar para que den explicaciones”.

La denuncia presentada por la Asociación del Personal Aeronáutico también cuestiona la metodología utilizada por el BICE, al señalar una presunta subestimación de las proyecciones financieras, falta de imparcialidad y el desplazamiento del Tribunal de Tasaciones.

Las hidroeléctricas y Transener

La investigación también hace referencia a las privatizaciones de las centrales hidroeléctricas del Comahue y de la participación estatal en Transener.

En ambos casos existen cuestionamientos por la ausencia de una tasación elaborada por el Tribunal de Tasaciones y por la falta de acceso público a la documentación utilizada para determinar el valor de los activos.

La Fundación Soberanía de Neuquén presentó una denuncia para que la Justicia investigue el proceso de venta de las hidroeléctricas y reclame la difusión de los contratos correspondientes.

El caso de Nucleoeléctrica

La futura privatización de Nucleoeléctrica Argentina también aparece entre los expedientes cuestionados.

Fuentes de la empresa afirmaron que “El Tribunal de Tasaciones viola la Ley N°21.126 al negarse a tasar y dejar que lo haga un banco que no tiene especialistas para llevarlo a cabo. Actualmente, la tasación de Nucleoeléctrica oscila entre 10 y 11 mil millones de dólares”.

Las mismas fuentes agregaron: “Solo firmó el presidente quien por medio de una nota comunicó que el Tribunal no podía tasar cuando tenía que ser una decisión del cuerpo. El Gobierno busca vender el 44% por apenas u$s1.000 millones”.