Por Nicolás Villanova*
El gobierno libertario busca crear las condiciones para flexibilizar y abaratar aún más la fuerza de trabajo, y para ello impulsa un conjunto de reformas: laboral, tributaria y previsional. Básicamente, se propone reducir los costos laborales tanto para contratar como para despedir obreros, sin que ello provoque mayores gastos. Es decir, se busca disminuir los aportes y contribuciones que tributan los empresarios y eliminar las indemnizaciones por despido. A su vez, el gobierno propone un sistema previsional que pueda sostenerse y que no genere mayores déficits. Ello requiere elevar la cantidad de aportantes al sistema sin que demande mayores costos para los empresarios ni gastos para el Estado. Esto último supone el blanqueo de millones de obreros que hoy se emplean “en negro” o en la informalidad. En un contexto de fuerte incremento del trabajo no registrado y luego de la eliminación de las moratorias previsionales, una propuesta de “blanqueo” de la informalidad para dar sustentabilidad al sistema previsional resulta todo un desafío, que probablemente el gobierno libertario busque resolver a su manera, a saber, inclinando la balanza siempre en favor de la burguesía y en detrimento de la clase obrera, o sea, con mayor degradación y miseria para los trabajadores. Veamos.
Las «modificaciones» en marcha
Al parecer, los cambios propuestos para la reforma laboral, tributaria y previsional estarían redactados en un documento elaborado por el gobierno titulado “Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional”, que aún no fue publicado, pero al que habrían accedido algunos medios de comunicación. Por su parte, otros proyectos presentados en el Congreso darían algunos lineamientos para interpretar el horizonte de las reformas. Finalmente, otras propuestas ya impulsadas en la Ley Bases y en la marcha del gobierno actual darían cuenta de los cambios que se profundizarían en los tiempos venideros.
La reforma laboral buscaría reducir las “cargas sociales” que pagan los empresarios para contratar trabajadores, con mayores ventajas para aquellos que incorporen nuevos trabajadores procedentes de la informalidad. En este sentido, el empleador gozaría de una reducción de las contribuciones patronales del 25,5% al 22% y el empleado, una disminución de los aportes del 17% al 14%. En caso de crear un empleo nuevo la rebaja sería al 17% para empresarios y al 13% para trabajadores. Estas disminuciones ya estaban contenidas en el proyecto de reforma de la diputada libertaria, Romina Diez, en cuyo proyecto se estipulan rebajas según el tamaño de la empresa, con mayores ventajas para las PyME que son las que contratan mayor empleo informal.
Sin embargo, este proceso de abaratamiento de la fuerza de trabajo para contratar a menor costo ya está en marcha, no es algo nuevo y sin embargo no ha dado grandes resultados. Desde el 2001 a esta parte, todos los gobiernos impulsaron leyes y normativas beneficiosas para las PyME con rebajas en las cargas sociales y no redundaron en mayor empleo formal.
En materia tributaria, la reforma se encaminaría a “facilitar” los mecanismos impositivos y de contratación, sobre todo para blanquear la economía informal. Unos días atrás trascendió la idea de una probable eliminación del monotributo y su pasaje al régimen de autónomos, algo que generó mucha repercusión por el encarecimiento que ello implicaría en materia tributaria. Pero, al parecer, el gobierno impulsaría mecanismos para incrementar las deducciones del impuesto por la vía del pedido de facturas, proceso que blanquearía la economía.
Ahora bien, esta reforma daría lugar a intensificar un proceso que ya existe desde hace mucho tiempo, a saber, la formalización del empleo “independiente” ocultando relaciones de dependencia, quitando toda responsabilidad a los empresarios. Se trata del mismo proceso por el cual se creó el régimen del monotributo a fines de los 90 que sirvió para que muchos obreros “en negro” explotados y dependientes de un patrón cotizaran por su cuenta para su propia jubilación y prepaga, reduciendo las cargas sociales y abaratando la fuerza de trabajo. No obstante, el objetivo del gobierno es facilitar el registro de trabajadores como autónomos para “blanquear” su empleo y que éstos coticen a la caja de la seguridad social y previsional. Es decir, se busca crear un mecanismo de autofinanciamiento de la jubilación, una especie de sistema de capitalización individual administrado por el Estado.
El proceso de iniciativas para el “blanqueo” de la economía informal sin costo para los empresarios y sin gasto para el Estado culmina con la reforma previsional. De esta última se sabe poco, aunque ya trascendieron algunos proyectos, que fueron desestimados hasta tanto se formalicen las reformas laboral y tributaria. Las propuestas de reforma previsional hablan de un régimen de proporcionalidad entre aportes y beneficios. Se trataría de una variante de jubilación privada, con aportes voluntarios estimulados con deducciones del impuesto a las ganancias, de allí la importancia de la reforma tributaria y el impulso del régimen de autónomos. Se habla, a su vez, del pago de un haber proporcional en base a los aportes registrados durante la vida laboral. Eliminada la moratoria, este sistema sería su reemplazante para quienes no tengan todos sus aportes al día. De este modo, se impulsa un sistema jubilatorio autofinanciado por los trabajadores con reducción de cargas para los empresarios, evitando así no sólo los juicios a las empresas, sino también al Estado.
Miseria anunciada
En una economía en recesión como la actual y donde el gobierno se propone profundizar el sector minero-agroexportador que apenas emplea al 7% de la masa de trabajadores ocupados no resulta sencillo incorporar empleados, aun cuando se abaraten sus costos. Además, una mayor o menor regulación en la contratación laboral no pareciera ser un elemento determinante que modifique la actividad económica. En los años 60 y 70 la economía crecía, con pleno empleo, convenios colectivos fuertes y condiciones laborales homogéneas, en blanco, con salarios elevados, donde el “costo laboral” comparado con la actualidad resultaba más caro.
En los 90, en el momento de mayor flexibilización laboral, con la economía ya desregulada, con un tercio de la economía “en negro”, no hubo tanto crecimiento. Al contrario, la segunda mitad de la década fue una etapa recesiva. Desde 2011 a esta parte tampoco hubo crecimiento económico, con la mitad de la economía en la informalidad, con mecanismos ya desregulados, con reducción de los costos laborales sobre todo a las PyME.
¿Qué le hace pensar a Milei y a Caputo que la situación va a mejorar? Nada. Probablemente, no sea una preocupación para ellos. Su objetivo es crear las condiciones generales para que los empresarios compitan en igualdad de condiciones, sin mayores costos laborales. Algunos ganarán y otros perderán. Por su parte, los trabajadores hoy informales se registrarán en regímenes tributarios (a eso le llaman blanqueo) y probablemente optarán por pagar sus aportes, y si no lo hacen quedarán supeditados a la eternización laboral y a una vida miserable.
*Por Nicolás Villanova (investigador del CEICS y miembro de Vía Socialista).
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