La verdad sobre el sistema científico: una respuesta a Daniel Salamone y Adriana Baravalle

Gonzalo Sanz Cerbino^[1]

La lucha contra el desfinanciamiento del sistema científico se intensificó en las últimas semanas. Los trabajadores y trabajadoras de CONICET vienen sosteniendo un proceso de movilización sistemático desde hace casi tres meses, cuyo reclamo principal es el rechazo al despido de casi 400 becarios y becarias posdoctorales en el organismo, pero que no se limita solo a eso. El reclamo incluye la recomposición de los salarios, los problemas con la cobertura médico-asistencial y la falta de financiamiento, entre otras. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) desarrolló su propio plan de lucha en simultáneo, por el despido de más de 60 trabajadores. La lucha tuvo hitos importantes, con mucha repercusión en medios y redes: la ocupación de la sede central de CONICET a mediados de junio, la represión en CONICET y en CNEA a principios de julio, movilizaciones multitudinarias en el Polo Científico y sobre la General Paz, una audiencia pública en la Cámara de Diputados en la que se destacó el apoyo de varios bloques y un reclamo internacional encabezado por más de una veintena de Premios Nobel. Esas luchas confluyeron, el pasado 12 de agosto, en una movilización conjunta de todo el sistema científico al Obelisco, que se replicó en más de 20 ciudades en todo el país.

La visibilidad de los reclamos obligó a las autoridades nacionales a salir de su ostracismo y brindar alguna respuesta. El primero en hacerlo fue Daniel Salamone, presidente de CONICET. En un reportaje a Infobae negó descaradamente el proceso de ajuste y vaciamiento que atraviesa el organismo que preside, presentando cifras descontextualizadas y omitiendo datos clave. Señaló, por ejemplo, que en 2025 se seleccionaron 400 postulantes para incorporarse a la Carrera de Investigador Científico y se lanzó una nueva convocatoria. Lo que no dijo es que esos 400 cargos son la mitad de lo originalmente previsto, y que la nueva convocatoria incluye también ese recorte. Esto implica la expulsión de cientos de becarios porque los cupos son insuficientes para absorber las becas que culminan. Además, anularon 500 concursos de la Carrera de Personal de Apoyo y aún está pendiente la efectivización de más de 1.000 altas a las carreras, postergadas desde hace 3 años. Salamone destacó también la convocatoria a Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP), sin señalar que suspendieron los principales mecanismos de financiamiento a la investigación científica, provenientes de la Agencia para la Promoción de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, organismo paralizado desde diciembre de 2023. El desfinanciamiento se muestra patente en el presupuesto del sistema científico, que se redujo casi un 50% entre 2023 y 2026.

Salamone se refirió también al principal reclamo sostenido por las organizaciones gremiales del sector: la expulsión constante de recursos humanos. En el reportaje dijo que “es falso que los científicos se estén yendo”. El único dato que presentó tiene que ver con las becas, y es fácilmente rebatible. Sostuvo que en 2024 ingresaron 1.750 becarios al CONICET, y que en 2027 ingresarán 2.100, un 16,7% más que este año. Lo que oculta es que, en 2023, se otorgaron 2.500 becas, y que el aumento en 2027 se debe a una circunstancia excepcional. Buena parte de las becas de CONICET apuntan a garantizar la continuidad entre el doctorado y el posdoctorado de becarios que ya son parte del organismo. El aumento de 2027 se debe a que ese año culminan dos camadas de becas doctorales, duplicando la cantidad de postulantes a las posdoctorales.

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Pero el dato que Salamone debería rebatir es la reducción de casi un 10% de la planta de CONICET desde que asumió. El organismo perdió 2.365 trabajadores desde 2023. Acaba de expulsar a 400 becarios posdoctorales. Tiene razón Salamone: los científicos no se están yendo, los están echando. La pérdida de recursos humanos se explica por los despidos, por los recortes en los cupos de becas e ingresos a las carreras, por la demora en las altas, y sobre todo por las renuncias, que aumentaron significativamente desde que él asumió. Renuncias motivadas en la falta de perspectivas, y sobre todo, en una reducción del salario real cercana al 50%.

Quien también salió a dar la cara en estos días es Adriana Baravalle, flamante Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. Baravalle recibió cuestionamientos por sus títulos de dudoso prestigio (entre ellos, un Doctorado en Inteligencia Artificial de una universidad trucha de Hawaii), pero el problema es otro. Su cuestionado currículum no hace más que dejar en claro lo poco que le importa al gobierno la ciencia y la tecnología. Baravalle no proviene del sistema científico, es una analista de sistemas que, como su antecesor Darío Genua, encajaría mejor como gerente de una fintech que como la máxima responsable de la política de ciencia y tecnología. El gobierno no designa una científica sino una técnica porque no tiene ningún interés en la ciencia. Aquello que Baravalle identifica como “su misión” es consistente con ese perfil: “profundizar la transformación digital y tecnológica”, como si los problemas del sistema científico se resolvieran incorporando IA en cada lugar que se pueda. El gobierno pretende reducir la Secretaría de CyT a una consultoría de IA, un nuevo espacio donde las empresas puedan hacer negocios con el Estado. Como quedó claro, nuestros problemas son otros, y a Baravalle parece quedarle grande el cargo. Sin embargo, en la entrevista señaló que su “compromiso es asegurar los recursos para que la Secretaría cumpla su misión” y que quiere asegurar oportunidades para los jóvenes científicos. Sugerimos comenzar por gestionar con Jefatura de Gabinete los recursos para otorgar las prórrogas a los 400 becarios posdoctorales recientemente expulsados de CONICET. Para ello se necesitan poco más de 2.000 millones de pesos, algo ínfimo en relación al presupuesto estatal. Solo en lo que va de este año, Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, recibió 32 veces más que esa suma en subsidios del Estado. Al gobierno no solo no le importa la ciencia: solo tiene como horizonte acrecentar las ganancias de algunos sectores empresarios. Su visión restringida sobre el sistema científico, reducido a cantera de negocios “tecnológicos” para el sector privado, es un reflejo de su visión restringida de la economía y la sociedad.

^[1] Investigador de CONICET, integrante de ATE CONICET y militante de Vía Socialista.

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