Un informe elaborado por el Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa demuestra que el proyecto de ley que preveía un aumento del 7,2% en las jubilaciones y pensiones y un bono de $ 110 mil –y que fue vetado por el Presidente– no compromete el equilibrio fiscal. Esto contrasta con los beneficios impositivos, los intereses de la deuda y la política monetaria, que sí lo ponen en riesgo.
El estudio cita datos del mismo Ministerio de Economía, a través del informe oficial de gastos tributarios: el total de beneficios impositivos que otorga el Estado manejado por Javier Milei impacta en el presupuesto en $ 27.025.062,83 millones, lo que equivale a un 3,54% del PBI. Este monto, agregan “es cuatro veces superior al costo anualizado de la ley vetada (0,78% del PIB)”.
“Entonces, ¿existen recursos fiscales para garantizar jubilaciones dignas? Desde el Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas sostenemos que sí”, afirman. Si los fondos que se destinan a gastos tributarios regresivos, el costo de la política monetaria y de la deuda capitalizable fueran reorientados, explica el estudio, “permitirían cubrir con holgura el refuerzo jubilatorio y otros derechos básicos”.
Los beneficios impositivos funcionan como un gasto público indirecto, prosiguen: “representan una asignación de recursos que no es transparente ni está sujeta al mismo control que el gasto directo”.
Por otro lado, advierten, la evasión fiscal es otro factor a tener en cuenta. “Según el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad Austral que analiza periódicamente la informalidad impositiva, la evasión de impuestos en Argentina se mantiene cercana al 50%”. Dentro de este promedio general, las áreas de construcción, servicios y agro se ubican por encima. “Al redirigir los esfuerzos de política fiscal a la corrección de estas fallas estructurales, el Estado podría generar ingresos suficientes para cubrir el costo de una actualización previsional sin sacrificar derechos sociales”.
El documento cita datos de la Alianza Global para la Justicia Fiscal, Public Services International y Tax Justice Network: “la pérdida de recursos tributarios en Argentina por maniobras abusivas elaboradas por organizaciones internacionales en paraísos fiscales anualmente se estima que ascienden a 1.369 millones de dólares y las pérdidas de ingresos fiscales explicada por la riqueza extraterritorial privada es de 301 millones de dólares”.
El problema principal no es un asunto de equilibrio o superávit fiscal, el problema es la decisión política de ajustar a los jubilados para sostenerlo, asegura el documento. “La consolidación fiscal, lejos de ser neutra, se construye sobre decisiones que priorizan equilibrios contables por encima de la dignidad y la protección social. El rechazo de la ley utiliza a los jubilados como variable de ajuste”.
Un superávit “maquillado”
El informe resalta dos factores principales de la decisión política del gobierno que termina perjudicando a los sectores más vulnerados: los beneficios impositivos a los que más tienen (y, por ende, la consolidación de un tributario regresivo) y el gasto público orientado a mantener la política monetaria.
“En relación con los instrumentos de deuda como las LECAP (Letras del Tesoro Capitalizables), su principal característica es que permiten posponer el pago de intereses, mejorando artificialmente el resultado fiscal en el corto plazo”, explican. Sin embargo, esta práctica, “acumula obligaciones que deberán pagarse más adelante, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas”.
Por lo tanto, concluyen, terminan “maquillando” el superávit en el presente, pero generan un costo cuasifiscal creciente, que a la larga “se cubre con mayores impuestos o con emisión monetaria”.
“Si bien los intereses capitalizados no se incluyen en el resultado fiscal que informa el gobierno, sí figuran en las planillas mensuales de deuda”. De hecho, “si en abril de 2025 se hubieran sumado esos intereses al cálculo oficial, el superávit financiero informado de $572.341 millones se habría convertido en un déficit de $4,19 billones”.
El peso de la deuda sigue creciendo: estos intereses “pasaron de representar 2,6% del PBI en 2024 a 4,8% del PBI en apenas los primeros cuatro meses de 2025, incluso con una baja en las tasas de interés”.
Las posibles fuentes de financiamiento del aumento a jubilados
El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso asegura que el costo fiscal de la ley vetada sería, para el ejercicio de agosto a diciembre de 2025, de $2,689,170 millones, lo que representa un 0,32% del PBI. Anualizado sería del 0,78% del PBI.
El financiamiento de la ley también estaba contemplado. La Oficina de Presupuesto del Congreso, destacan desde la Universidad de La Pampa, también analizó el impacto fiscal de las alternativas planteadas: entre la eliminación de las exenciones impositivas (que incluían la eliminación de la exención de IVA sobre honorarios de directores de empresas), la reducción del presupuesto de la Secretaría de Inteligencia de Estado (que supone una reasignación de $ 32 millones), el ahorro por el pago de cargos al FMI (cuya modificación generaría un ahorro proyectado de $ 449 millones) y otras medidas, suponían un ahorro del 0,39% del PBI para el ejercicio 2025, cuando el costo fiscal de del aumento de las jubilaciones para ese mismo periodo era del 0,32%.
“La existencia de un financiamiento concreto y superior al gasto proyectado anula la justificación de un veto por motivos de insolvencia fiscal”, sintetizaron.
Pérdida de poder adquisitivo y de beneficios en PAMI
El informe también resalta la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados. Citando datos de la UCA, rescata que más del 63% cobra un haber mínimo, que se fue deteriorando considerablemente: “si se hubiera mantenido la fórmula anterior, la jubilación mínima sin bono se habría ubicado en $413,520 en septiembre de 2025, un 29.1% por encima del valor actual de $320,277”.
Por otro lado, la quita de beneficios a los jubilados –sobre todo la quita de cobertura del 100% para ciertos medicamentos, la eliminación de descuentos para otros de uso común y el endurecimiento de las condiciones para acceder a beneficios– dio lugar a una innumerable cantidad de reclamos ante la Justicia.
Uno de esos reclamos terminó, hace pocos días, en una denuncia penal hacia las autoridades. En mayo la Justicia dictó una cautelar que abarcaba a varias provincias y que obligaba al organismo a volver a cubrir la totalidad de los medicamentos que tenían una cobertura del 100% entre tanto durara el recurso presentado por varios organismos defensores de los derechos humanos. A cinco meses de la decisión, los abogados que llevan el caso explicaron que, si bien PAMI había informado que estaba cumpliendo con la cautelar, eso no ocurrió en la práctica, con lo que falsificaron la información presentada.
Ahora, un fallo de la Corte Suprema complica los amparos presentados de manera colectiva: en 2009 Eduardo Mondino, como Defensor del Pueblo de la Nación, promovió una acción conjunta buscando que los efectos de un fallo (Badaro) se extendieran a todos los jubilados y pensionados que se encontraran en situación similar. Pero la máxima autoridad judicial decidió, recién en agosto de 2025 (tras 16 años), rechazar por su carácter colectivo la demanda que reclamaba por un ajuste en las jubilaciones, lo que sienta precedentes sobre los procesos en los que una persona (en este caso el Defensor del Pueblo) o un organismo represente a más de una persona perjudicada.
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