La UIA apuntó a Milei y le reclamó por los 90 mil empleos perdidos en su gestión

La Unión Industrial Argentina (UIA) encendió una nueva señal de alerta sobre la situación del sector fabril y reclamó cambios para contener el deterioro de la actividad. Su presidente, Martín Rappallini, aseguró que la industria perdió 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados desde agosto de 2023 y sostuvo que la recuperación requiere medidas específicas para las empresas.

El dirigente planteó sus reclamos durante un acto realizado en la planta de Laboratorio Elea, donde expuso ante un auditorio que no contó con representantes del Poder Ejecutivo. Allí cuestionó la forma en que se evalúa el desempeño de la economía y pidió políticas que acompañen a la producción mientras avanza el proceso de estabilización.

“La economía no puede medirse solo por la inflación”, advirtió Rappallini, quien consideró necesario generar condiciones que permitan sostener la actividad sin poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.

Según los datos presentados por el titular de la UIA, el nivel de producción industrial se encuentra actualmente 10% por debajo del registrado en 2022. Además, algunos sectores acumulan retrocesos de entre 25% y 30%.

El reclamo de la UIA al Gobierno

Rappallini propuso avanzar en una serie de medidas destinadas a reducir los obstáculos que enfrentan las compañías industriales. Entre los principales pedidos aparecen una mayor disponibilidad de crédito, una reducción de la presión tributaria y mecanismos que permitan moderar el impacto de las tarifas energéticas.

“El sector industrial, la UIA, pide un puente. Un puente entre la economía que estamos dejando atrás y la economía competitiva que queremos construir”, sostuvo durante su exposición.

La central fabril también reclamó una recuperación del financiamiento para capital de trabajo, inversiones, consumo y vivienda. Para el dirigente, la estabilización macroeconómica debe complementarse con herramientas que permitan recomponer el nivel de actividad.

Otro de los puntos centrales fue la presión impositiva. La UIA planteó la necesidad de un acuerdo entre Nación, provincias y municipios para reducir progresivamente tributos y tasas que impactan sobre las empresas, entre ellos Ingresos Brutos, Sellos, tasas municipales, el impuesto al cheque y la carga sobre las ganancias empresariales.

Rappallini respaldó además el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el denominado Súper RIGI, aunque pidió que los beneficios vinculados a la competitividad no queden restringidos a los grandes proyectos.

“No debe ser el Estado quien determine qué sectores tienen futuro en la Argentina y cuáles no”, afirmó.

Competencia con productos importados y costos internos

La UIA también puso el foco en el avance de productos importados que, según la entidad, ingresan en algunos casos mediante mecanismos irregulares. Rappallini señaló que esa situación puede alcanzar una participación de entre 30% y 50% del mercado en determinados sectores.

A esa problemática sumó la subfacturación, la informalidad y las diferencias en los controles de calidad entre productos nacionales e importados.

“Esto lejos está de ser libre mercado”, cuestionó.

La entidad también pidió revisar el esquema energético. Rappallini sostuvo que el desarrollo de Vaca Muerta debería servir no solamente para incrementar las exportaciones de energía, sino también para impulsar la producción industrial vinculada a ese proceso.

En ese sentido, aseguró que varias empresas, especialmente pequeñas y medianas, recibieron facturas de gas y electricidad que llegaron a multiplicarse entre tres y cinco veces.

La industria y la desaceleración de los precios

Otro de los argumentos utilizados por el titular de la UIA estuvo relacionado con la evolución de los precios. De acuerdo con los números que presentó, durante los últimos dos años los servicios aumentaron cerca de 400%, mientras que el nivel general de precios avanzó alrededor de 190%. En el mismo período, los precios industriales subieron 140%.

“La industria le está poniendo el hombro en la estabilización”, afirmó Rappallini.

La central fabril considera que esa dinámica debe ser contemplada al momento de diseñar las políticas económicas, especialmente en un contexto de apertura comercial y mayor competencia externa.

Deudas, infraestructura y reforma laboral

Entre los reclamos también apareció la situación financiera de las compañías que acumularon obligaciones durante los últimos años. La UIA pidió alternativas para reprogramar deudas bancarias y fiscales, además de la suspensión de embargos y una devolución más rápida de los saldos a favor.

La infraestructura fue otro de los ejes planteados por Rappallini, junto con los cambios en materia laboral.

Sobre este último punto, el dirigente consideró que la nueva legislación constituye “un punto de partida” y reclamó avanzar en la actualización de los convenios colectivos y en mecanismos que permitan disminuir la litigiosidad.

El cierre del discurso estuvo marcado por un pedido para modificar el tono del debate público en torno al sector productivo.

“Debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen. Podemos tener diferencias, incluso debatir qué políticas necesita la Argentina, pero el respeto tiene que ser parte fundamental de nuestra convivencia democrática”, expresó.

Rappallini recordó además el peso de la actividad fabril en la economía argentina: representa cerca del 18% del PBI, el 20% del empleo y alrededor del 30% de la recaudación.

“La discusión industrial no es una discusión sectorial. Lo que hoy estamos discutiendo es qué país construimos para los próximos 30 años”, concluyó.