La trampa del superávit a toda costa: el círculo vicioso de una política inviable

Por Damián Bil*

Uno de los ejes del discurso oficial es el mantenimiento de cuentas ordenadas, superavitarias.

En la retórica libertaria, esto permitiría contener la inflación y generar condiciones paracrecer. Este principio que asocia superávit con crecimiento es defendido a raja tabla como axioma incuestionable, aunque los datos no apoyen esta máxima: por un lado, a abril de 2026 la inflación interanual está en 32%, entre las más altas del mundo. Por otro, mantener un positivo en las cuentas fiscales no asegura el éxito, al menos si se pasa lista a las experiencias internacionales recientes: según el Banco Mundial, países como Kenia, Costa de Marfil y Etiopía tienen considerables déficits primarios, mientrasque otros como Dinamarca o Noruega (con un 19% de superávit fiscal) muestran cuentas en apariencia saneada; tal como pregona el gobierno. Pero muchos otros noreproducen este camino: Azerbaiján, Nicaragua o Somalia tienen superávit regular desde la post-pandemia; mientras que potencias de la OCDE como el Reino Unido, Francia, Israel, Bélgica, Alemania, EEUU o Japón, tienen déficits no menores. Lo mismo Australia, caso que los libertarios suelen tomar como paradigma a seguir.

A pesar de que el gobierno siga aferrado a este principio, la cuestión no es si existe o nosuperávit, sino cómo se sostiene el crecimiento.

Si la dinámica económica es “sana” (en términos de la sociedad en la que vivimos), las cuentas pueden cerrar de cualquier manera y el país en cuestión tendrá potencial. Podrá contar con superávit genuino, apoyado en una dinámica creciente; o bien un déficit sustentable con capacidad de equilibrarse.

Pero este no parece ser el caso de nuestro país, que mantiene un superávit viciado: comono le dan los ingresos, la respuesta es seguir recortando gastos: rebaja del salario público, desguace de sectores, avance con privatizaciones o desfinanciamiento de proyectos -como denuncian actores del sector nuclear, entre otros-. Un círculo vicioso que nunca termina de resolverse.

Revisemos dos aristas del problema: la retracción de los ingresos tributarios, y la consecuente profundización del ajuste en infraestructura.

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Ingresos en baja y ajuste sin fin

Aunque indicadores de actividad mostraron una leve recuperación en marzo según INDEC, la retracción acumulada junto a la contracción del consumo repercutió negativamente en la recaudación tributaria.

En términos reales los ingresos impositivos en el primer cuatrimestre de este año fueron un 17% menores al del mismo período de 2022. En relación al año previo, la caída es de 6,1%. Son pocos los que tuvieron un buen desempeño: apenas el que grava los combustibles líquidos y el monotributo, por reajustes diversos (actualización del monto fijo en el primero; por actualización de categorías y mayor cantidad de individuos bajo ese concepto, en el segundo). El resto, experimentó caídas de moderadas a fuertes. El impuesto a créditos y débitos, conocido como “impuesto al cheque”, ganancias y seguridad social tuvieron un descenso menor al del promedio total. Pero otros claves como el IVA, el gravamen de mayor recaudación; los impuestos internos y bienes personales, tuvieron un declive mucho más marcado.

Especialmente relevante fue la disminución en los tributos de comercio exterior, tanto de las denominadas retenciones a la exportación (por menores alícuotas) como de lo derechos y tasas de importación (por un menor flujo de productos). Sin otras fuentes visibles de ingresos en la escala suficiente, el gobierno buscó blindar el superávit por la vía de continuar con la motosierra.

Varias son las medidas al respecto.

Una de ellas es el recorte en dependencias gubernamentales. Por ejemplo, en el área de infraestructura, con el ajuste sobre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que es la principal entidad responsable (junto con las direcciones provinciales) de sostener y ampliar la red vial.

Con el argumento de los negociados con la construcción de rutas que salpicaron al organismo, y como parte del ajuste más general, sus partidas se redujeron drásticamente. Aunque desde 2022, en valores reales, el financiamiento de la DNV viene en descenso, el último bienio el recorte fue más que relevante: un 80% menos que bajo el macrismo, y 75% por debajo del último tramo del gobierno Fernández. Peor aún, si bien no es directamente anualizable, la erogación de los primeros cinco meses de este año pronostica que las partidas seguirán cayendo.

Este recorte se observa fundamentalmente en mantenimiento y repavimentación; construcciones nuevas, reposición y obras por convenios con provincias; siendo el único rubro que experimentó un refuerzo el de autovías y autopistas federales.

El problema de esta política es claro: además de la cuestión de la siniestralidad, el ahorro actual es una hipoteca a futuro.

En efecto, la abrumadora mayoría del transporte de carga de distancia se hace por camiones, con pesos que deterioran de manera constante las vías de circulación. Las actividades de exportación como la minería y el agro dependen de la infraestructura de caminos para este tipo de vehículos. Su circulación asidua produce imperfecciones varias en las carreteras (baches, deformaciones, huellas en pavimento). La falta de reparación, producto del desfinanciamiento, resulta en que un 70% de la red (solo contando la nacional, con aproximadamente 40.000 kilómetros) se encuentre en estado regular o malo, según la Federación de Personal Vialidad.

La consecuencia evidente es el incremento de los costos logísticos.

Primero, para la flota de carga: empresarios del transporte de carga denuncian que el estado de las rutas incrementa el gasto en neumáticos y repuestos, además del exceso de consumo de gasoil por la necesidad de transitar a baja velocidad debido al estado de los caminos. Segundo, atenta contra la competitividad y contra la misma acumulación capitalista, dificulta la logística y, en cierta medida, es motivo de desaliento de inversiones ante posibilidades similares de negocio en otras latitudes, como ocurre en los proyectos de cobre donde Chile ofrece mejores condiciones estructurales. En definitiva, con la excusa de ahorrarse unos pesos, el gobierno se pega un tiro en el pie.

El sostenimiento del superávit en estas condiciones, sin plan de crecimiento o al menos de contingencia, es pan para hoy y hambre para mañana, y, lo que es peor aún, una carga para los próximos años. Es necesario discutir otro tipo de desarrollo, basado en un Estado productivo comandado por otra clase social, que permita planificar el crecimiento para sostener y potenciar infraestructuras viables y seguras al servicio del desarrollo productivo y de toda la población.

*Por Damián Bil, doctor con mención en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Historia Económica. Investigador del CEICS. Militante de Vía Socialista.