En un escenario marcado por el ajuste del Gobierno nacional, la caída de recursos para las provincias, la paralización de la obra pública y el incumplimiento de obligaciones financieras con La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela volvió a tomar la decisión política de sostener el ingreso de las y los trabajadores estatales como una herramienta para proteger a las familias, fortalecer el consumo y defender la economía provincial.
La recomposición salarial anunciada por el Gobierno no puede analizarse de manera aislada. Se produce en un contexto en el que la Provincia continúa reclamando una deuda que supera los $970.000 millones, correspondiente a recursos que considera legítimamente le pertenecen, entre ellos fondos extracoparticipables históricamente reconocidos y otras obligaciones pendientes del Estado nacional.
A ese escenario se suma la pérdida del poder de compra de los recursos nacionales transferidos a la provincia. Los datos oficiales muestran que entre enero y abril de 2026 las transferencias crecieron por debajo de la inflación, registrando caídas reales de entre el 3,8% y el 8,7%. Es decir, mientras aumentaban las obligaciones que debe afrontar la Provincia, disminuían los recursos disponibles para hacerlo.
Lejos de trasladar ese ajuste a las y los riojanos, el Gobierno provincial decidió absorber ese impacto con recursos propios y volver a priorizar el salario. La nueva recomposición representa una inversión adicional de $12.200 millones por mes, elevando la masa salarial del Estado a aproximadamente $94.000 millones mensuales.
Los números reflejan el alcance de esa decisión. Con las recomposiciones otorgadas en febrero y julio, el salario mínimo estatal pasó de $650.000 a $825.000, acumulando una mejora del 26,9% durante 2026. En el mismo período, la inflación acumulada fue del 17,8% (INDEC) y la Canasta Básica Total aumentó un 20,7%, lo que permitió preservar e incluso mejorar el poder adquisitivo de las y los trabajadores.
La comparación con otras jurisdicciones también permite dimensionar el esfuerzo provincial. Mientras en provincias del NOA y NEA los salarios docentes de bolsillo promedian entre $850.000 y $1.000.000, en La Rioja un docente que recién inicia alcanzará $1.000.000 con la nueva recomposición.
Esta política tampoco puede entenderse sin otra decisión que marcó la gestión provincial: la implementación de los Chachos. Cuando muchos cuestionaban la herramienta, el Gobierno de La Rioja eligió innovar para sostener la actividad económica, fortalecer el comercio local y mantener circulando los recursos dentro de la provincia. Esa política permitió acompañar el consumo, dinamizar sectores como el turismo —a través de programas como el Previaje Riojano— y amortiguar el impacto del ajuste nacional sobre miles de familias y comercios.
La incorporación de los $50.000 en Chachos al último aumento salarial, representa un nuevo paso en esa estrategia y se consolida como parte de una política de ingresos que demostró resultados concretos en la economía riojana. Es decir, que el aumento salarial es una decisión política que se expresa además en un conjunto de medidas que no pueden analizarse de manera aislada. La política salarial, la creación de los Chachos, el Previaje Riojano para impulsar el turismo, la continuidad del boleto estudiantil y universitarios gratuito, una de las tarifas más bajas del transporte público urbano de pasajeros, y la inversión en sectores estratégicos forman parte de una misma visión: un Estado presente que interviene para cuidar a su gente y sostener la economía provincial.
En un escenario donde muchas provincias debieron readecuar sus políticas por la caída de recursos nacionales, La Rioja optó por sostener una política de ingresos orientada a preservar el poder adquisitivo de las y los trabajadores y acompañar el funcionamiento de la economía local. Esa decisión forma parte de una estrategia más amplia que busca fortalecer el mercado interno provincial y amortiguar el impacto de un contexto económico complejo.
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