La ONU le pone un freno a Milei por la reforma laboral libertaria

Un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial más importante de la Organización de las Naciones Unidas, sumó presión sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei al ratificar que el derecho a huelga forma parte de la libertad sindical.

La resolución, emitida en carácter de opinión consultiva, establece que ese derecho se encuentra comprendido dentro del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, un tratado clave adoptado en 1948. De este modo, el tribunal cerró una discusión de larga data sobre el alcance de esa norma internacional.

El alcance del fallo

Aunque el texto del convenio no menciona explícitamente la huelga, la Corte interpretó que su protección surge de una lectura integral del tratado. En particular, puso el foco en los artículos que garantizan la libertad de asociación y la autonomía de los sindicatos para organizar sus actividades.

En ese sentido, el tribunal fue contundente: “La protección del derecho a huelga está comprendida dentro de la protección de la libertad sindical prevista por el Convenio 87”.

Al mismo tiempo, aclaró que la opinión no fija límites concretos ni condiciones de ejercicio, aspectos que continúan bajo la órbita de las legislaciones nacionales y los mecanismos de regulación propios de la OIT.

Una disputa que llevaba años

El conflicto que derivó en esta definición se arrastraba desde 2012 dentro de la propia OIT, donde sindicatos y representantes empresariales mantenían posiciones enfrentadas. Mientras los trabajadores defendían la interpretación histórica que reconoce la huelga como herramienta esencial, el sector empresario cuestionaba esa lectura y exigía una definición formal del tribunal internacional.

Ante la falta de consenso, el Consejo de Administración del organismo decidió elevar la consulta a la Corte en 2023, en busca de una interpretación definitiva.

Impacto global y consecuencias

Si bien la decisión no tiene carácter obligatorio como una sentencia entre Estados, su peso jurídico resulta significativo. La opinión fija un criterio que influye sobre tribunales nacionales y organismos internacionales, además de consolidar una línea ya reconocida en distintos sistemas regionales de derechos humanos.

El pronunciamiento llega en un momento sensible para la Argentina, donde la reforma laboral oficial enfrenta cuestionamientos por posibles restricciones al derecho a huelga. En ese contexto, el respaldo de la Corte internacional fortalece la posición de los sectores sindicales y suma un nuevo frente de tensión para el Gobierno.