El legislador Andrés La Blunda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, junto con Alejandro «Pitu» Salvatierra, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional, convocaron este viernes 14 de agosto a una reunión abierta en la Legislatura porteña para analizar y denunciar situaciones de violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires.
El encuentro tuvo como eje la preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad frente a la protesta social y la necesidad de que la Legislatura ejerza un rol activo de control, denuncia y seguimiento de las situaciones de violencia institucional.
En particular, se abordó la represión desplegada durante la última movilización contra la Ley de Tierras, donde se denunciaron actuaciones de las fuerzas de seguridad —y especialmente de la Policía de la Ciudad— incompatibles con los estándares internacionales sobre uso racional y proporcional de la fuerza y con los protocolos que deben regir la actuación policial frente a manifestaciones públicas.
En ese sentido, La Blunda sostuvo que “la violencia institucional, de la mano de las fuerzas de seguridad, se produce cuando se actúa por fuera de la ley. Exigimos una política de seguridad democrática y respeto irrestricto a la Constitución de nuestra Ciudad”.
El legislador advirtió además que el uso desproporcionado de la fuerza frente a quienes se manifiestan funciona como un mecanismo de disciplinamiento y desmovilización social. La protesta y la movilización forman parte del ejercicio de derechos fundamentales y su criminalización o represión afecta directamente la libertad de expresión, de reunión y de participación política.
La reunión buscó así poner a la Legislatura porteña en el centro de la discusión y del control democrático sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, abriendo un ámbito institucional para recibir denuncias, escuchar a las organizaciones y avanzar en mecanismos que permitan prevenir nuevos episodios de violencia institucional.
Participaron del encuentro organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y referentes especializados en la problemática, que plantearon la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y control y garantizar que la actuación de las fuerzas de seguridad se encuentre siempre dentro de los límites establecidos por la ley.
La Blunda y Salvatierra coincidieron en la necesidad de sostener este espacio de articulación entre la Legislatura, los organismos de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, para avanzar en políticas de seguridad democráticas y respetuosas de los derechos y garantías constitucionales.
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