Un nuevo revés judicial golpea la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Esta vez, el Tribunal del Trabajo N°3 de La Plata declaró inconstitucional un artículo clave que modificaba el cálculo de las indemnizaciones en juicios laborales en curso, al considerar que afecta garantías básicas de los trabajadores.
La resolución se centra en el artículo 55 de la norma, que establecía un mecanismo para actualizar créditos laborales con topes vinculados a la inflación. Según el análisis judicial, ese esquema podía reducir de manera significativa los montos a cobrar en comparación con los criterios previos, con recortes que podían oscilar entre el 20% y el 60%.
El fallo surgió a partir de una demanda iniciada por un trabajador gastronómico, quien denunció falta de registración, ausencia de tareas y salarios impagos. Ante la falta de respuesta de los empleadores, el tribunal dio por válidos los hechos y reconoció el derecho a cobrar indemnización, sueldos adeudados y otras compensaciones. La sentencia fijó una suma de $12.819.011 a pagar en un plazo de diez días.
Cuestionamientos a la actualización de indemnizaciones
Los jueces consideraron que el sistema previsto en la reforma no garantiza una actualización adecuada frente al contexto inflacionario, lo que termina perjudicando al trabajador. También señalaron que trasladar ese riesgo a quien reclama implica una vulneración de derechos protegidos por la Constitución, como el derecho al trabajo, la propiedad y la igualdad ante la ley.
«Es sabido que el principio constitucional de igualdad no implica en términos constitucionales una igualdad aritmética o formal, por lo que para establecer los conjuntos de sujetos iguales a los que se les debe dispensar una misma solución, es menester determinar con la mayor precisión las características que los igualan, a la par que señalar aquellas que los hacen diferentes. Esta tarea es delicada y es aquí donde ha fallado el legislador al momento de seleccionar las características relevantes y excluir las que no lo son, ya que como antes se ha visto, toda la estructura del instituto de la obligación jurídica en relación al incumplimiento aparece erigida sobre la noción de la mora (art. 886, CCyC)», expresa el fallo.
En esa línea, los magistrados remarcaron que la mora del empleador no puede transformarse en un beneficio a su favor mediante mecanismos de actualización insuficientes. También cuestionaron que se establezcan diferencias entre créditos laborales según el momento en que se inició el juicio, al considerarlo un criterio arbitrario.
Frente a esto, el tribunal resolvió dejar de lado el artículo impugnado y aplicar el mecanismo general previsto en la Ley de Contrato de Trabajo para actualizar los montos.
Avanzan las impugnaciones sindicales
El fallo de La Plata se suma a otros planteos judiciales que ponen en discusión distintos puntos de la reforma. La CGT presentó una acción en el fuero laboral para cuestionar varios artículos que, según sostienen, afectan derechos individuales y colectivos.
La causa quedó radicada en el juzgado del Trabajo N°63, a cargo del juez Raúl Ojeda, luego de un nuevo sorteo. Desde la central obrera aclararon que la impugnación no apunta a toda la ley, sino a aspectos puntuales considerados lesivos.
En paralelo, distintos gremios y organizaciones sindicales avanzan con presentaciones propias, mientras se multiplican los reclamos individuales en tribunales laborales. El artículo 55 aparece como uno de los focos principales de conflicto y ya había sido objetado previamente en otra jurisdicción.
En el frente judicial, además, continúa abierto el debate por el traspaso de competencias de la Justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque un amparo inicial fue rechazado, la discusión de fondo sigue en curso y suma incertidumbre sobre la implementación de la reforma.
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