El gobierno de Javier Milei sumó un nuevo traspié judicial luego de que el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín dictara una medida cautelar que paraliza el cierre de dependencias del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y bloquea despidos y recortes en su estructura.
La resolución, firmada por el juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, respondió a un amparo presentado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y establece un freno de al menos seis meses a las medidas impulsadas por la conducción del organismo.
El conflicto se originó a partir de la Resolución 27/26, impulsada por el titular del INTA, Nicolás Bronzovich, que eliminaba la Estación Experimental Agropecuaria del Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) junto con sus agencias de extensión. Además, habilitaba el traspaso de esos inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para su eventual venta o subasta.
En su fallo, el magistrado fue categórico y sostuvo que la medida «resulta manifiestamente arbitraria e ilegítima, por carecer de motivación suficiente, fundarse en normativa presuntamente carente de vigencia, contrariar el régimen de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y afectar derechos de raigambre constitucional y convencional vinculados con el acceso a la ciencia y la tecnología, la agricultura familiar, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo y la estabilidad del empleo público».
A partir de esa interpretación, ordenó a las autoridades del organismo «abstenerse de ejecutar la supresión de funciones y unidades dependientes, movimientos de los trabajadores, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades».
El fallo también remarca el rol estratégico que cumplen estas estructuras en el entramado productivo, al señalar que están orientadas a la investigación científica, la transferencia tecnológica y la asistencia directa a productores, especialmente en el segmento de la agricultura familiar.
El trasfondo económico tampoco pasa desapercibido. El INTA administra unas 47.500 hectáreas en todo el país, incluyendo terrenos de alto valor inmobiliario. En el caso del AMBA, se trata de 33 hectáreas ubicadas entre Hurlingham e Ituzaingó, con potencial millonario en el mercado.
Desde el sindicato celebraron la decisión judicial. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, lanzó duras críticas contra el Gobierno: «Sigan haciéndose los vivos y actuando al margen de la ley, que nosotros los vamos a seguir confrontando en todos los planos y ustedes se van a ir esposados por la puerta de atrás de la Rosada». Y sentenció: «Parece que la motosierra se debilita. ¡Les queda poco!».
El conflicto se da en paralelo con el plan oficial de reducción de personal dentro del organismo. A comienzos de mayo, la conducción habilitó un sistema de retiros voluntarios dirigido a trabajadores de planta permanente con al menos tres años de antigüedad. La propuesta contempla una compensación equivalente a una vez y media del salario mensual por cada año trabajado.
Uno de los puntos más cuestionados es la cláusula que impide a quienes adhieran volver a desempeñarse en el sector público nacional durante cinco años. Aunque el plazo inicial vencía a fines de mayo, el directorio del INTA lo extendió hasta el 10 de junio en busca de aumentar la adhesión.
El objetivo del Ejecutivo apunta a recortar al menos 1.000 puestos de trabajo. Hasta ahora, alrededor de 650 trabajadores —entre técnicos, investigadores y profesionales— aceptaron el retiro, según datos difundidos por ATE.