La Sala II de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ratificó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la causa que investiga presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos e insumos durante su gestión.
La resolución fue firmada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, quienes también confirmaron los procesamientos de otros 17 acusados, entre ellos Daniel Garbellini, quien ocupaba un lugar clave en la estructura de compras del organismo, y Miguel Ángel Calvete junto con su hija Ornella.
El tribunal rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas y consideró acreditada, en esta etapa de la investigación, la existencia de una «asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y privados».
Qué investigó la Cámara Federal
La causa apunta a un mecanismo que, de acuerdo con la hipótesis judicial, habría funcionado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. Según los camaristas, durante ese período se habrían direccionado contrataciones de medicamentos e insumos, con precios superiores a los habituales y presuntas entregas de dinero o dádivas a funcionarios.
“Se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios -en insumos y medicamentos-, que tuvieron como contrapartida la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos, en un contexto asociativo ilícito cuya finalidad era la obtención de ganancias indebidas”, describieron los magistrados.
La investigación también involucra a empresarios y otros actores del sector privado que, según la resolución, habrían intervenido en decisiones que correspondían a las autoridades de la administración pública.
Uno de los elementos centrales del expediente es el funcionamiento del sistema informático SIIPFIS. La Justicia sostiene que la herramienta habría sido utilizada para limitar la convocatoria a determinadas empresas y generar una competencia que, en los hechos, no sería real.
“Los integrantes conocían de antemano las asignaciones y simulaban una competencia mediante la utilización de oferentes ‘pantalla’”, señalaron Farah y Boico.
De acuerdo con el fallo, después de las adjudicaciones también se habría otorgado prioridad a determinadas firmas para cobrar, mientras una parte de los beneficios obtenidos habría regresado a funcionarios involucrados.
Los cuestionamientos al sistema de compras de ANDIS
El tribunal puso especial atención sobre el SIIPFIS, utilizado por ANDIS desde junio de 2023 y al que posteriormente se incorporó un módulo para las compras PACBI.
La Cámara recordó que la Unidad de Auditoría Interna del organismo ya había advertido sobre algunas irregularidades en septiembre de 2024. Entre otros puntos, había planteado la necesidad de justificar de manera objetiva las situaciones de urgencia o emergencia que permitieran apartarse de los procedimientos habituales.
Sin embargo, para los jueces, los elementos incorporados posteriormente al expediente permitieron profundizar esas sospechas.
“El examen de los elementos hallados en el allanamiento de la sede de ANDIS …exhiben sin dificultad no sólo la irregular incorporación de los proveedores sino también la arbitraria forma en que eran seleccionados para participar de una u otra convocatoria, la simulación de competencias y los mayores costos cotizados y abonados”, escribieron.
Otro aspecto señalado en el fallo fue que la selección de proveedores se realizaba manualmente. De esa manera, el operador podía definir qué empresas serían invitadas a cada convocatoria.
“Las fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos eran temas que se definían por fuera de los mecanismos legítimos”, concluyeron los jueces.
Para la Cámara, ese funcionamiento habría permitido que personas que no formaban parte de la administración pública tuvieran “un poder de decisión impropio con el objetivo de obtener ventajas económicas indebidas en perjuicio del Estado Nacional”.
Qué dijo la Justicia sobre Diego Spagnuolo
La defensa del exfuncionario había planteado que las compras PACBI no se encontraban bajo su responsabilidad directa y que no intervenía en la elección de proveedores, las invitaciones, la evaluación de precios ni la adjudicación de las órdenes de compra.
Los camaristas rechazaron ese argumento y señalaron que la acusación contra Spagnuolo no depende exclusivamente de las atribuciones formales que tenía como titular de ANDIS.
Según el fallo, existen “los numerosos indicios colectados que sugieren su intervención en las maniobras ilícitas desarrolladas en el seno del organismo que se encontraba a su cargo”.
Entre los elementos valorados aparecen sus vínculos con Calvete, reuniones registradas y distintas comunicaciones. La resolución también menciona un supuesto pedido de $5 millones que Spagnuolo habría realizado a Calvete y que, según la investigación, fue entregado el 11 de junio de 2025.
Los jueces consideraron que su participación habría excedido una función meramente administrativa:
“Spagnuolo no se limitaba a validar y acompañar todo el proceso (…) sino que tuvo una activa intervención para lograr la concreción de los planes”.
En ese sentido, la Cámara vinculó al exfuncionario con la designación de Garbellini en el área responsable de las compras PACBI y con el funcionamiento del SIIPFIS.
Los embargos y las medidas sobre las droguerías
Aunque confirmó los procesamientos, la Cámara redujo los montos de los embargos. Para Spagnuolo, quedó establecido en $36.005.161.365,44, mientras que el de Garbellini fue fijado en $35.909.066.365,44 y el de Miguel Ángel Calvete en $36.043.881.773,44.
Además, el tribunal mantuvo las inhibiciones generales de bienes y las medidas que pesan sobre las droguerías Génesis y New Farma.
Entre esas disposiciones figuran la prohibición de innovar, la imposibilidad de distribuir dividendos y la presencia de interventores informantes.
Qué pasará con los audios de la causa
En paralelo, continúa el análisis de los audios que forman parte de la investigación. El juez federal Ariel Lijo rechazó un pedido de la defensa de Spagnuolo para detener la pericia destinada a determinar si las grabaciones son auténticas y si fueron editadas o manipuladas.
La Justicia también busca establecer si existen indicios de modificaciones realizadas mediante herramientas de inteligencia artificial.
Además, Nadia Beller, abogada boliviana y expareja de Cerimedo que afirmó contar con información vinculada al expediente, declarará este miércoles de manera virtual desde Bolivia. Su testimonio estará relacionado con los audios que circularon públicamente y que todavía no fueron incorporados como prueba en la causa.
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