12 de agosto de 2026
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La IA y Argentina: el desafío más grande que nadie está discutiendo

Por Max Delupi / 13 de julio de 2026

Llevo muchos años en la política, en los medios, en la tecnología. Y soy un fanático de la inteligencia artificial. Lo digo sin vergüenza y lo aclaro desde el principio para que nadie me confunda con un ludita disfrazado de ensayista: la IA es la transformación más profunda que vi en mi vida, y la veo con entusiasmo genuino.

Pero el entusiasmo no es ingenuidad. Y acá viene el problema.

Hay una frase que repito seguido: la IA es como la saliva, todo el mundo la tiene en la boca y pocos saben para qué sirve. El chiste tiene su porción de verdad. Nadie discute si usarla o no: esa batalla ya terminó. Lo que muy pocos están discutiendo —y debería ser el debate político más urgente de este momento— es para qué, para quién, y bajo qué lógica histórica.

Y ahí es donde la Argentina, con honrosas excepciones, está en silencio.

El país que supo nacionalizar recursos estratégicos no puede mirar cómo lo consumen los algoritmos

La Argentina tiene una tradición, no de un partido sino de varios momentos políticos distintos, de entender que la soberanía sin control sobre los recursos estratégicos de cada época no es una bandera ni un discurso: es decidir si esos recursos están pensados para la gente o para otro. Eso es lo que somos cuando lo hacemos bien, y lo que dejamos de ser cuando no. Yrigoyen lo entendió con el petróleo y empujó la creación de YPF cuando el sentido común de la época decía que esos recursos debían quedar en manos privadas y extranjeras. Perón fue pionero en nuestro continente impulsando la energía nuclear. Illia, después, hizo algo parecido por partida doble: anuló los contratos petroleros firmados con empresas extranjeras pese a la presión directa de Estados Unidos, y avanzó con la Ley de Medicamentos para que los laboratorios no fijaran los precios a su antojo. Sarmiento, antes que nadie en el país, entendió la importancia de la educación pública y el acceso a la información: construyó escuelas, bibliotecas populares y una red de correos en un país que recién se estaba armando, cuando casi nadie pensaba que el conocimiento era un recurso del Estado. Y a fines del siglo XIX, Roca —pese a todo lo que hoy se le reprocha con justicia— afirmó la presencia argentina en la Antártida cuando casi nadie pensaba el territorio en esos términos. Mosconi con el petróleo durante el yrigoyenismo; Savio, Carrillo y Pistarini con el acero, la salud pública y la infraestructura durante el peronismo hicieron lo propio. No eran utopistas: eran líderes que entendían que sin control sobre los recursos estratégicos no hay proyecto nacional posible, y que esos recursos cambian de nombre con cada época.

Hoy el recurso estratégico se llama dato. Pero esa palabra fría no dice lo que realmente se está exportando. No son registros en una base de datos: son las conversaciones que tenés a las tres de la mañana cuando no podés dormir, es lo que le compraste a tu hijo para su cumpleaños, es la serie que miraste cuando estabas triste, es cómo votaste, cómo rezás, cómo te enamorás, qué te da miedo, qué te da bronca. Son el mapa completo de tu vida interior, construido pacientemente por plataformas que te dieron el servicio gratis porque el negocio sos vos. Eso, multiplicado por cuarenta y siete millones de personas, es lo que se va en servidores que no están en territorio argentino, bajo legislación que no es la nuestra, procesado por algoritmos que no le rinden cuentas a ningún organismo del Estado. Y las decisiones que nos afectan las toma ese sistema diseñado en California o en Shanghái. Nadie lo votó. Nadie lo eligió. Nadie negoció en qué condiciones opera sobre nosotros.

A eso, en distintos momentos de nuestra historia, se lo llamó colonialismo. Solo que ahora el colonizador no viene con barcos. Viene con servidores.

Y este no es un diagnóstico que hagamos pocos. En mayo de este año el papa León XIV publicó su primera encíclica, “Magnifica Humanitas”, dedicada enteramente a la inteligencia artificial. Ahí escribió algo que podría estar en cualquier párrafo de este artículo: que los datos no pueden venderse ni confiarse a unos pocos, que hay que gestionarlos como un bien común, y que el desempleo masivo que puede traer la IA sería “una verdadera calamidad social” que pone de relieve la responsabilidad del Estado. No es un tema de izquierda ni de derecha, ni siquiera un tema solo de los políticos argentinos de turno: hasta la Iglesia Católica, una de las instituciones más antiguas de Occidente, llegó a la misma conclusión que estamos planteando acá.

El neoliberalismo tiene posición clara. El progresismo, una coartada. Y la Argentina, una deuda de pensarse a sí misma.

El modelo que hoy gobierna la Argentina dice: que el mercado decida. Sin regulación. Sin intervención. Es el sueño libertario aplicado a la tecnología más poderosa de la historia. Y tiene la coherencia interna de siempre: concentración, extranjerización, dependencia. Lo vimos con el petróleo, con la deuda, con los medios. La IA no va a ser distinta si dejamos que pase lo mismo.

El progresismo, en cambio, dice: regulemos. Está bien, es necesario. Pero regular lo que otros producen no es soberanía: es resignarse a ser consumidores con reglamento. El progresismo ve los riesgos, los cataloga, escribe documentos muy prolijos sobre ética algorítmica, y después le compra la tecnología a quien no aplicó ninguno de esos criterios.

Eso no es una política. Es corrección política estúpida con buenos modales.

Y hay una deuda más vieja que tampoco podemos esquivar: la de tener Estado grande sin tener Estado con proyecto. Eso pasó incluso cuando hubo obra terminada y en funcionamiento, no solo un anuncio en una conferencia de prensa. El ciclo kirchnerista entendió, en parte, que la soberanía tecnológica también importaba. Cuando en 2003 las órbitas satelitales argentinas estaban a punto de perderse por una privatización que nunca pensó en renovarlas, se creó ARSAT y en 2014 y 2015 se lanzaron el ARSAT-1 y el ARSAT-2, construidos por INVAP, primeros satélites geoestacionarios diseñados, ensamblados y probados en América Latina —con componentes propios y otros importados, como ocurre con cualquier satélite de esta escala en cualquier país que los fabrica—. El Plan Argentina Conectada empezó a tender fibra óptica federal y Conectar Igualdad llevó netbooks a millones de estudiantes. Julio De Vido, durante el kirchnerismo, condujo gran parte de esa obra desde el Ministerio de Planificación, con una escala que no se había visto en décadas. Eso pasó, y hay que decirlo: no fue puro discurso.

Pero esa misma escala de Estado, con un Ministerio entero dedicado a planificar, no llegó a la pregunta que hoy nos atraviesa. Hubo satélites, hubo fibra, hubo netbooks. No hubo una política de datos. No hubo una discusión sobre quién es dueño de la información que generan los argentinos ni sobre qué hacer con la inteligencia artificial que ya empezaba a asomar. Se construyó la cañería, pero no se pensó qué iba a circular por ella ni quién se iba a quedar con eso. Tener Estado grande no es lo mismo que tener Estado con proyecto sobre el recurso que más importa hoy.

La Argentina, en su gran mayoría —con excepciones que existen, pero son las menos— está tan perdida frente a este tema que echa mano a posturas de parche: regulación cosmética, declaraciones de principios, defensa de minorías. Las minorías siempre hay que defenderlas, eso no está en discusión. Pero cuando eso ocupa todo el espacio del debate, las grandes mayorías quedan afuera. Y son exactamente las grandes mayorías las que están siendo impactadas por la automatización, por el desplazamiento laboral, por la guerra cognitiva que los algoritmos libran sobre ellas cada vez que abren el teléfono.

No se trata solo de criticar. Se trata de tener un programa de gobierno que permita hacer política en el siglo XXI. No alcanza con ser gente del siglo XX con inquietudes tecnológicas. Tampoco alcanza con tener militantes jóvenes que usan la IA antes que los que conducen los partidos en sus distintas versiones, si esos jóvenes no tienen poder de decisión sobre nada. La brecha no es generacional: es de concepción política. O la IA es un tema de soberanía, de distribución y de poder, o es un tema de comunicación y de imagen. Y dependiendo de cómo se responda esa pregunta, la Argentina va a estar a la altura de este momento o no.

Esto no es solo un negocio. Es una guerra. Y la están peleando adentro de tu cabeza.

Acá está lo que casi nadie dice con claridad, y hay que decirlo sin eufemismos: la inteligencia artificial no es solamente una disputa comercial entre plataformas. Es un instrumento de guerra. Y la guerra del siglo XXI no se pelea únicamente por mar, por tierra o por aire. Se pelea también en el espacio exterior, en el ciberespacio, y adentro de cada persona.

Esa última dimensión se llama guerra cognitiva. No apunta a destruir infraestructura ni a ocupar territorios. Apunta a moldear lo que la gente cree, lo que siente, lo que decide. Es más profunda que la batalla cultural porque no opera sobre las ideas: opera sobre los mecanismos con los que formamos las ideas.

Los algoritmos que deciden qué ves, qué te indigna, qué te entusiasma y de qué te reís no son neutros. Son herramientas de influencia masiva. Y quienes los controlan no fueron votados por nadie. Las grandes potencias lo saben hace tiempo: Estados Unidos, China, Rusia invierten en esta dimensión tanto como en misiles. La diferencia es que los misiles se ven. Los algoritmos, no.

Cuando hablo de esto en público a veces me dicen: “Sí, pero los jóvenes van a adaptarse, ellos nacieron con esto.” Y yo pienso en algo completamente diferente: los jóvenes de hoy no quieren trabajos presenciales y lo primero que preguntan no es cuánto van a ganar sino si tienen que ir a una oficina. Está bien, es una transformación cultural real. Pero cuando hablamos de frigoríficos se complica mandarle la vaca a la casa. La pregunta no es si la tecnología cambia el mundo del trabajo —lo cambia, y profundamente—, sino quién decide cómo y a qué precio.

Lo que pasa en el trabajo, en la salud, en la educación

La IA no está eliminando profesiones completas. Está transformando tareas dentro de cada profesión. Un contador que automatiza la mitad de su carga de datos no pierde el empleo: gana tiempo para pensar, para asesorar, para agregar valor. Pero ese desplazamiento de tareas no va a ser parejo ni gradual: va a golpear primero a los trabajos más rutinarios, los más precarizados, los que menos protección tienen. Y en un país con la informalidad laboral que tiene la Argentina, eso no es un dato técnico: es una catástrofe social en cámara lenta si no se hace nada.

En la salud, el potencial es extraordinario. Diagnósticos más rápidos, tratamientos personalizados, detección temprana. Pero ese potencial es fantástico para los países que tengan sistema de salud público. Para los que no lo tengan, la IA sanitaria va a tener dueño privado, y vas a pagar por ella como pagás por cualquier otro bien de lujo.

En la educación pasa lo mismo. La IA puede personalizar el aprendizaje, llegar donde no llega el sistema, darle a cada chico una experiencia pedagógica pensada para él. O puede convertirse en otra herramienta de selección social, donde los que pueden pagar acceden a la mejor IA educativa y los que no, se quedan con lo que sobre. La tecnología no es neutral. La decisión de quién accede y en qué condiciones es siempre una decisión política.

El mapa del poder real (y el lugar de América Latina)

El mundo de la IA hoy tiene pocos dueños. Estados Unidos domina las plataformas, el capital y los grandes modelos de lenguaje. China construyó una estrategia nacional agresiva con inversión masiva y velocidad de ejecución: ya no copia tecnología, compite por liderarla, y este año puso en marcha un plan de inversión pública de unos 295.000 millones de dólares solo para construir infraestructura propia de cómputo. Europa regula, pero no produce. India eligió otro camino: hizo del desarrollo de software una política de Estado durante décadas, y hoy es uno de los centros tecnológicos del mundo —no por casualidad, sino porque lo planificó así—. Brasil tiene en el Congreso un marco legal de IA en discusión desde hace años, todavía sin aprobación final, pero con la diferencia de que existe el debate formal que en la Argentina ni siquiera arrancó. Nueva Zelanda apostó a una medida de escala más acotada, pero igual de concreta: en 2020 se dio una Carta de Algoritmos que obliga a sus propios organismos públicos a ser transparentes sobre cómo y cuándo usan IA para decidir sobre la vida de la gente. Y Noruega, mucho antes de que la IA generativa se volviera un tema de agenda pública, ya había mostrado cómo se hace: convirtió la renta de un recurso estratégico, el petróleo, en un fondo soberano que hoy es el más grande del mundo y que por ley no puede gastarse de golpe, sino que tiene que rendir beneficios a las próximas generaciones. Esa misma lógica —el recurso es de todos, no se vende a cualquier precio, y rinde cuentas a largo plazo— es exactamente la que falta aplicarle al dato. Y América Latina, mientras tanto, observa desde afuera una mesa donde no tiene silla.

En las Smart Cities, el problema es igual de concreto. El sistema de puntuación ciudadana que ya funciona en China —donde el comportamiento social y financiero de las personas determina su acceso a servicios, crédito, transporte y empleo— no es ciencia ficción. Es política de Estado. Y en Europa ya hay ciudades experimentando sistemas similares disfrazados de gamificación cívica. La diferencia entre una ciudad inteligente que mejora la vida de la gente y una que la controla no es tecnológica. Es política. Es quién tiene los datos y para qué los usa.

No se trata de usarla o no. Se trata de con qué razón histórica: la misma de siempre, la que ya nombramos varias veces en este texto. Soberanía, inclusión, distribución. Esa es la única razón que justifica meterse con un recurso estratégico —no la especulación, no la timidez regulatoria, sino decidir para qué y para quién.

La lógica que falta

Soy un fanático de la IA, ya lo dije. Pero la pregunta que me obsesiona no es cómo usarla: es bajo qué lógica. Esto no es un cambio de gobierno ni una moda tecnológica: es un cambio civilizatorio, del tamaño de los que reordenan qué hace un país y qué hace una persona. Si el siglo XX fue el siglo de la competencia, este tiene que ser el de la cooperación o desaparecemos como especie. No es romanticismo: es la conclusión más pragmática posible frente a los desafíos que tenemos por delante, desde la crisis climática hasta la concentración del poder tecnológico. Una IA al servicio de la acumulación individual y la meritocracia salvaje no es solo injusta: es el peor negocio que podríamos hacer como seres humanos frente a las máquinas.

La Argentina tiene tradición de meterse, en distintos momentos y con distintos signos políticos, donde otros no se animan. La nacionalización petrolera cuando decían que éramos un país agrario. La presencia en la Antártida cuando decían que no nos correspondía. La energía nuclear cuando decían que era imposible. Los medios públicos cuando el cálculo de rentabilidad decía que no valía la pena, y alguien entendió que ahí no se mide dinero, se mide país. Y lo hizo, en sus mejores momentos, con una lógica que no era tecnofobia ni tecnofilia: era soberanía más inclusión más distribución.

Siempre te van a decir que no. Que no se puede, que es una locura, que no hay plata, que el mundo ya lo resolvió de otra forma y nosotros no estamos para inventar nada. Eso le dijeron a Yrigoyen, a Illia, a Kirchner, a los que pusieron un satélite en órbita desde Bariloche. Y la respuesta, cada vez que valió la pena, fue la misma: romper el molde. Esa es la tarea que tenemos por delante con la inteligencia artificial. No copiar el manual de otro país ni esperar que el mercado decida por nosotros, sino animarnos a ser, de nuevo, una fábrica de ideas para la Argentina.

Esa es exactamente la lógica que necesita la IA argentina. Y es la misma lógica que faltó incluso en los ciclos que tuvieron toda la escala de Estado necesaria para construirla.

Soberanía sobre la infraestructura: que el Estado tenga injerencia real sobre los datos generados por los argentinos. Los datos no pueden exportarse como materia prima en bruto —tienen que procesarse y agregar valor acá, igual que el petróleo no se regala como crudo: se refina antes de que alguien se quede con la diferencia. Inversión masiva en el sistema científico: el CONICET, las universidades nacionales, los institutos de investigación aplicada son una plataforma que otros países envidian. Destruirlos para ahorrar dólares es como vender la maquinaria de la fábrica para pagar el alquiler. Formación ciudadana para el mundo que viene: no solo programación y pensamiento computacional, sino la capacidad de reconocer cuándo un algoritmo te está manipulando. Ciudadanos, no usuarios. Renta Básica Universal como red de contención frente al desplazamiento laboral que ya está ocurriendo. IA pública con transparencia: los sistemas que tomen decisiones sobre ciudadanos tienen que ser auditables, explicables, sujetos a control democrático. Y defensa cognitiva como política soberana: si la guerra también se libra adentro de cada persona, el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos en ese terreno.

La pregunta que define una época

La Argentina, en sus mejores momentos y con gobiernos de distinto signo, supo enfrentar la pregunta de qué hacer con un recurso estratégico en momentos en que hacerlo no era la opción fácil ni la más rentable a corto plazo. Lo hizo con el petróleo, con el territorio, con la industria, con la salud pública. Y también tuvo, más cerca en el tiempo, ciclos con toda la escala de Estado para hacerlo y que eligieron no hacerlo: la pregunta tecnológica nunca estuvo en el centro, ni siquiera cuando hubo recursos y discurso de planificación de sobra.

Hoy la pregunta es qué hacer con la inteligencia artificial en un país que te quieren mantener como consumidor de algoritmos ajenos y como blanco de operaciones de influencia que no elegiste y que casi no podés ver.

La respuesta debe tener la misma lógica de siempre: soberanía tecnológica, inversión en conocimiento propio, inclusión, distribución de los beneficios, defensa de la autonomía cognitiva de cada ciudadano.

No regular desde afuera lo que otros deciden. Decidir.

Y decidir, en este momento puntual, plantea dos preguntas que no pueden esperar el tiempo largo de la planificación de Estado. ¿Hace falta una Renta Básica Universal pensada específicamente como amortiguador del impacto inmediato de la automatización, no como una utopía a veinte años sino como respuesta a lo que ya está pasando? ¿Hace falta una mesa nacional, con representación de todo el arco político y de los sectores afectados, para discutir en serio cómo la IA va a transformar la educación, la salud, el trabajo y la seguridad de los argentinos? Son preguntas que se pueden responder de muchas formas, pero hay una sola manera de no responderlas: seguir como con el gas que se ventea. Esto no es solo una metáfora: el gas que se ventea en los yacimientos puede capturarse y convertirse en electricidad, en fertilizante o en combustible, en vez de perderse en el aire. Esa electricidad ya se está usando, en Neuquén, para minar criptomonedas, con la ambición declarada de usarla más adelante para entrenar inteligencia artificial. La tecnología y la oportunidad ya están ahí, a la vista, en la Patagonia. La pregunta es si eso lo va a capturar el Estado como política nacional, o si se lo va a seguir llevando, gas por gas, dato por dato, cada Peter Thiel de turno mientras el resto del país sigue discutiendo si esto es un tema importante o no.

La inteligencia artificial al servicio del pueblo argentino no es una utopía. Es una decisión política. Y la Argentina, toda ella, sin que ningún espacio se la delegue a otro, tiene que estar a la altura de este momento.

O alguien más va a tomar esas decisiones por nosotros. Y ya sabemos cómo termina esa historia.

Max Delupi es comunicador, dramaturgo y asesor en tecnología. Dirige el Instituto de Innovación Digital + CiudadanIA (IID) y es presidente de Galica Consultora. Es conductor de “Invento Argentino” en Radio con Vos y de “La Gran Estafa” en el canal de streaming del mismo nombre.

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