Durante su reciente paso por Catamarca, el presidente Javier Milei volvió a recurrir a la descalificación como método de debate económico. Al apuntar contra el gobernador Ricardo Quintela, el jefe de Estado buscó ridiculizar la emisión de los bonos Chachos tildándolos de «papelitos de colores» y acusó a la gestión riojana de irresponsabilidad fiscal. Sin embargo, detrás del show para las redes y la retórica libertaria, el Presidente omitió un dato central que desarma la coherencia de su relato: el propio Estado nacional mantiene retenidos fondos multimillonarios que le corresponden legítimamente a esa provincia, configurando una asfixia financiera deliberada.
El origen de este conflicto no remite a transferencias discrecionales ni a favores políticos, sino a los recursos comprometidos como compensación por el punto de coparticipación que La Rioja cedió en 1988. Tras el recorte intempestivo dispuesto por la Casa Rosada, la deuda acumulada con el distrito ya alcanzó los $ 1,84 billones, un monto colosal que supera la totalidad del presupuesto anual de la provincia. Resulta profundamente contradictorio que el mismo Gobierno que desconoce compromisos históricos e incumple con el envío de fondos —cuya controversia ya se tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación— pretenda dar cátedra sobre equilibrio presupuestario. En este marco, la emisión de los Chachos no puede leerse como un capricho monetario, sino como una herramienta de liquidez indispensable para evitar el colapso del consumo, la salud y la educación local ante el retiro del Estado nacional.

En el mismo escenario, el Presidente volvió a presentar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como la prueba definitiva del éxito de su programa económico. Pero cuando se examina la letra chica del esquema, la brecha entre el anuncio político y el impacto real sobre la sociedad se vuelve evidente. El RIGI concede beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios extraordinarios con estabilidad fiscal por 30 años a grandes grupos corporativos. Lo que todavía no ha logrado demostrar es que esas ventajas excepcionales se traduzcan de manera proporcional en trabajo genuino, encadenamiento con pymes regionales o desarrollo de la economía real.
La narrativa oficial suele sumar como triunfos del RIGI desembolsos e iniciativas que, en rigor, ya habían sido anunciadas o se encontraban en fase de ejecución con anterioridad a la sanción de la norma. El verdadero desarrollo económico no se mide por la rentabilidad blindada que se le garantiza a un puñado de inversores, sino por el valor agregado y el bienestar que queda asentado en el territorio. Resulta injustificable que la administración central otorgue privilegios impositivos inéditos al gran capital mientras retiene los recursos de las provincias y le exige un ajuste interminable a los trabajadores y jubilados.
No es posible edificar un federalismo serio mientras la Nación concentre la recaudación, desconozca sus obligaciones con las provincias y pretenda dividir a los gobernadores entre responsables o irresponsables según su grado de alineamiento político. Reclamar los fondos que le corresponden a una jurisdicción no es un acto de irresponsabilidad fiscal; irresponsabilidad es desconocer las deudas del Estado, desfinanciar a las economías regionales y pretender tapar el impacto de la recesión con agravios desde un atril.
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