En pleno debate por la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, el conflicto en la empresa Lustramax gana visibilidad y sube de temperatura. Despidos, denuncias de aprietes y una fuerte disputa gremial colocan a la firma en el centro de una controversia que combina crisis empresaria, reclamos sindicales y decisiones oficiales que la compañía decide desconocer.
La tensión se disparó tras la desvinculación de al menos 15 trabajadores, entre ellos delegados y activistas gremiales. La medida generó una inmediata reacción de los empleados, que comenzaron a organizar protestas, cortes en la Autopista Panamericana y asambleas para exigir la marcha atrás de los despidos y el cumplimiento de la conciliación obligatoria.
Desde la empresa, el dueño Ezequiel Sosa aseguró que la firma atraviesa una situación límite y negó cualquier irregularidad en el proceso. “Nosotros estamos hoy casi cerrados. Cumplimos con todo lo que teníamos que hacer, estamos mal, estamos en un proceso de crisis en la compañía y tenemos que sacar trabajadores bajo un proceso de reestructuración, pagando bajo todas las normas que dice la ley”, afirmó en diálogo con María O’Donnell por Urbana Play.
El empresario también denunció un clima de hostigamiento dentro de la planta y responsabilizó a sectores gremiales por la escalada del conflicto. “Hace cinco días estoy durmiendo en el piso, tratando de cuidar lo mío, con gente con causas penales, asustado, con amenazas y tratando de que doscientas personas no se queden sin trabajo”, sostuvo.
En el plano institucional, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria, ordenó la reincorporación inmediata de los despedidos y dispuso retrotraer la situación laboral al estado previo al conflicto. Sin embargo, la empresa rechazó la resolución y dejó en claro que no la acata.
Frente a esa negativa, los trabajadores resolvieron profundizar el plan de lucha, mantenerse en asamblea permanente y sostener nuevas medidas de fuerza. El caso Lustramax se convierte así en un ejemplo concreto de la creciente conflictividad laboral que emerge mientras el oficialismo avanza con cambios estructurales en las reglas del trabajo.
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