Horas después de que el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, instruyera a la Fiscalía de Estado para que presentara una medida cautelar por la deuda previsional que el Gobierno nacional mantiene con la provincia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una audiencia entre la jurisdicción y el Estado nacional. El máximo tribunal buscará que ambas partes avancen en una solución frente al incumplimiento de los aportes nacionales al sistema previsional pampeano.
La medida de la Corte fue celebrada por el mandatario provincial, quien escribió en su cuenta de Twitter:
Un reclamo que supera los $400 mil millones
El conflicto se origina en el corte total de los aportes nacionales al Instituto de Seguridad Social (ISS) desde el 10 de diciembre de 2023. Según el Gobierno pampeano, la Nación dejó de cumplir con las obligaciones establecidas en el Pacto Fiscal de 1999 y en la Ley 27.260, que garantizan la cobertura del déficit previsional de las provincias no transferidas al sistema nacional.
“La decisión del Gobierno nacional de interrumpir los envíos es inédita y viola abiertamente las leyes vigentes”, señalaron fuentes del Ejecutivo provincial. Desde entonces, el déficit previsional pampeano ha sido financiado íntegramente con fondos locales. Solo en 2025, el Gobierno provincial deberá destinar $145 mil millones —de los cuales un 11% corresponde a aportes municipales— para garantizar el pago de jubilaciones.
Ziliotto denunció en reiteradas ocasiones que la deuda acumulada de Nación con La Pampa supera los $400 mil millones, cifra que el ministro de Economía, Luis Caputo, redujo públicamente a “poco más de $100 mil millones”. Sin embargo, la Provincia ratificó la documentación que respalda su reclamo y exige el cumplimiento inmediato de las transferencias.
Proyecto de ley para garantizar salarios y jubilaciones
En paralelo a la acción judicial, el Ejecutivo provincial envió a la Cámara de Diputados de La Pampa un proyecto de ley que autoriza al Gobierno a restructurar partidas presupuestarias con el único fin de asegurar el pago de salarios, jubilaciones, aguinaldos, salud, educación y asistencia alimentaria.
El proyecto busca otorgar herramientas excepcionales hasta el 31 de diciembre para sostener los servicios públicos ante el impacto financiero que provoca el incumplimiento nacional.
Según la proyección oficial, los recursos que ingresarán a la provincia en 2025 serán un 12% menores a los previstos en el presupuesto aprobado (1,74 billones frente a 1,99 billones de pesos). Esta caída, sumada al retiro del Estado nacional de áreas clave como obra pública, salud y políticas sociales, agrava las dificultades para mantener la estabilidad fiscal.
“Otra Argentina es posible”
Pese al contexto adverso, Ziliotto reiteró que La Pampa mantiene el equilibrio fiscal sin aplicar ajustes, priorizando los derechos y la inversión social. “Somos ejemplo de que se puede gobernar con cuentas ordenadas, con obra pública, salud y educación garantizadas. Otra Argentina es posible: una Argentina con equilibrio fiscal sin ajuste, con derechos y con un Estado que da respuestas al conjunto de la sociedad, no solo a los sectores más concentrados”, expresó el mandatario.
Con la decisión de la Corte, el Gobierno de Javier Milei deberá sentarse a negociar con La Pampa los términos del cumplimiento del Pacto Fiscal y los mecanismos de compensación del déficit previsional.
La audiencia representa un avance clave en una disputa que no solo compromete las cuentas provinciales, sino que también podría sentar un precedente para otras jurisdicciones afectadas por el mismo recorte. La Pampa, mientras tanto, continuará financiando con recursos propios las jubilaciones de más de 30 mil beneficiarios, al tiempo que insiste en que el Gobierno nacional restablezca los fondos que le corresponden por ley.
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