Kreplak alertó sobre la ola de suicidios en jóvenes: “Es tres veces más probable suicidarte…”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, puso el foco en una problemática que atraviesa especialmente a las generaciones más jóvenes y reclamó una respuesta sanitaria integral frente al aumento de los suicidios en la Argentina.

“Es tres veces más probable suicidarte a que te maten”, sostuvo el funcionario al referirse a la dimensión del fenómeno. Según explicó, el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre las personas de entre 15 y 35 años.

Kreplak también señaló que las estadísticas oficiales muestran una evolución preocupante de los casos. “Los datos son muy preocupantes”, afirmó, y remarcó que “la cantidad de suicidios anual es más que la suma de homicidios y accidentes de tránsito en el país”.

Para el ministro, uno de los principales problemas es que la cuestión no ocupa el lugar que debería dentro de las políticas sanitarias. “Es un tema muy grave y está prácticamente silenciado”, expresó.

El impacto de la situación económica en los jóvenes

Durante sus declaraciones, Kreplak vinculó el aumento de los suicidios con distintos factores sociales que afectan particularmente a los jóvenes. Entre ellos mencionó “la situación socioeconómica” y “la falta de perspectiva”, además de un contexto “de época” que, según consideró, requiere un abordaje específico.

El funcionario planteó así que la problemática no puede analizarse únicamente desde una perspectiva individual, sino que también debe contemplar las condiciones sociales y económicas en las que se desarrolla la vida de las nuevas generaciones.

Críticas al Gobierno nacional por las políticas de salud mental

Kreplak también cuestionó el rumbo de las políticas sanitarias impulsadas por el Gobierno nacional y sostuvo que existe un fuerte deterioro de las herramientas disponibles para atender los problemas de salud mental.

“Me preocupa muchísimo la ausencia absoluta de política sanitaria por parte del estado Nacional, no tiene recursos, no hay capacitación, no hay medicación, cerraron las residencias, cerraron todos los programas de salud mental, y nos quitaron los medicamentos”.

Las declaraciones del ministro se producen en un contexto de fuertes cuestionamientos de organizaciones sociales y sanitarias por el impacto de las políticas de ajuste sobre el sistema de salud.

Organizaciones denunciaron el desmantelamiento de políticas sanitarias ante la CIDH

El debate también llegó al ámbito internacional. El pasado 3 de agosto, distintas organizaciones participaron de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde expusieron las consecuencias que atribuyen a las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

La Fundación Soberanía Sanitaria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Fundación Huésped y Fundación Grupo Efecto Positivo presentaron información sobre la situación del sistema sanitario argentino.

Entre los puntos planteados estuvieron las dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos, la reducción de políticas de salud mental, los problemas vinculados con las pensiones por discapacidad y el impacto sobre las políticas de cuidado.

Las organizaciones señalaron que las consecuencias afectan especialmente a sectores considerados vulnerables, entre ellos personas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes y pacientes con enfermedades crónicas.

Durante la audiencia, los representantes de la CIDH manifestaron preocupación por el alcance de los recortes y solicitaron información al Estado argentino sobre las medidas adoptadas para evitar interrupciones en tratamientos esenciales. También remarcaron que los cambios en las políticas públicas no deberían perjudicar a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

Entre los datos presentados se incluyeron una disminución en la distribución de medicamentos, demoras en el acceso a pensiones por discapacidad y dificultades para obtener tratamientos contra VIH, tuberculosis y hepatitis C. También se alertó sobre el deterioro de la vacunación infantil y las dificultades financieras que atraviesan los prestadores vinculados con personas con discapacidad.

Al cierre de la audiencia, las organizaciones solicitaron a la CIDH que “inste al Estado argentino a detener las medidas que vulneran el derecho a la salud, restablecer las políticas públicas desmanteladas y reparar los daños ocasionados”.

También reclamaron que la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) “elabore un informe específico sobre el impacto del ajuste fiscal en el derecho a la salud y evalúe realizar una visita al país para constatar la situación denunciada’.