Kicillof desafía a Milei y avanza con una ley para proteger a trabajadores de apps

Mientras la Casa Rosada empuja una reforma laboral que recorta garantías históricas y tensiona el vínculo entre capital y trabajo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires define un camino inverso. Axel Kicillof tiene en carpeta dos proyectos orientados al mundo laboral: uno enfocado en quienes trabajan para plataformas digitales y otro que propone una instancia obligatoria de conciliación previa a los juicios laborales.

Las iniciativas transitan estadios distintos. La regulación del trabajo en apps se encuentra en elaboración dentro del Ejecutivo provincial, con participación de varios ministerios y bajo la coordinación del ministro de Trabajo, Walter Correa. En paralelo, el proyecto que crea la conciliación laboral obligatoria prejudicial ya ingresó al Senado bonaerense, aunque todavía no llegó al debate en comisiones.

El esquema pensado para repartidores y trabajadores de plataformas apunta a intervenir sobre un sector marcado por la precarización y la falta de cobertura. El texto se organiza en tres líneas centrales: refuerzo de las inspecciones laborales en las denominadas “tiendas invisibles”, garantías en materia de salud y seguridad, y el desarrollo de una aplicación estatal con herramientas de asistencia directa.

Desde el Ministerio de Trabajo explican que se “intensificarán las inspecciones en las ‘tiendas invisibles’”, definidas por el propio proyecto como “establecimientos que, a puertas cerradas, realizan actividades de venta, almacenamiento, empaque y entrega de mercaderías, cuyos pedidos son objeto de transacción mediante plataformas digitales, y desde los cuales se efectúa la entrega a los repartidores”. La exigencia incluye el cumplimiento integral de la legislación laboral vigente.

La iniciativa también contempla la creación de paradores públicos y gratuitos, en coordinación con municipios y empresas, para que los repartidores accedan a espacios de descanso, sanitarios con agua potable, condiciones de higiene y resguardo de pertenencias durante la jornada. El objetivo es intervenir tanto sobre quienes trabajan dentro de estos centros como sobre los repartidores que esperan pedidos en la vía pública, muchas veces sin ningún tipo de protección.

Otro punto clave es la obligación de que las empresas contraten, a su exclusivo cargo, un seguro de accidentes personales que cubra muerte accidental, invalidez permanente y atención médica de emergencia. El proyecto fija así un piso mínimo de seguridad frente a la siniestralidad vial y los riesgos propios de la actividad.

La aplicación que prevé el Estado provincial incluirá un “botón de pánico” o “aviso rápido de seguridad” ante situaciones de inseguridad, un botón de emergencia sanitaria para accidentes en la vía pública y acceso gratuito a asesoramiento sobre derechos laborales, seguros, licencias de conducir y trámites migratorios.

En paralelo, el otro proyecto en danza busca ordenar el creciente volumen de conflictos laborales que llegan a la Justicia. Se trata de la creación de una instancia de conciliación laboral obligatoria prejudicial, cuyo propósito es “priorizar la pronta respuesta que requiere cada trabajador o trabajadora”.

Los datos oficiales de la Suprema Corte bonaerense muestran un salto sostenido en la litigiosidad: las causas laborales pasaron de 46.218 en 2007 a 105.235 en 2023, lo que implica un aumento del 227% en 16 años, con una tendencia que sigue en alza durante 2024.

Según el texto, la herramienta permitiría “descomprimir las tareas del Fuero Laboral de la provincia”, en línea con la experiencia de la mediación obligatoria. En 2023, el 51% de los expedientes terminó en acuerdos conciliatorios, lo que refuerza la idea de evitar procesos judiciales que, en promedio, se extienden por cuatro años. La conciliación prejudicial tendría un plazo máximo de hasta 35 días.

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