El Gobierno de la provincia de Jujuy avanzó en la concreción de la Zona Franca de La Quiaca tras reactivar en 2026 el proceso de licitación pública nacional e internacional para su construcción, explotación y administración. La adjudicación definitiva recayó sobre la firma International Bonded Warehouses and Free Zone Argentina S.A., empresa que quedó habilitada para operar tanto en el régimen general como en el comercio minorista. La medida, promovida por la gestión del gobernador Carlos Sadir, busca reconfigurar el perfil económico de la Puna jujeña e integrar la infraestructura provincial a los flujos comerciales e industriales con Bolivia y el norte de Chile.
El esquema oficial concibe al enclave como un nodo logístico y turístico estratégico conectado con el espacio andino y el NOA. En esa línea, la estrategia territorial desarrollada en los últimos años por el intendente de La Quiaca, Dante Velazquez, incluyó la firma de convenios con jefes comunales de la Puna y la articulación diplomática con autoridades de localidades del país vecino y de la región trasandina, entre las que se cuentan Villazón, Tupiza, Tarija, Potosí, Uyuni, Colchacá e Iquique. Según los fundamentos del proyecto, estos acuerdos buscan posicionar a la ciudad fronteriza como un centro de servicios y redistribución comercial de escala regional.
En el plano técnico y contractual, el pliego licitatorio exige a la firma adjudicataria la ejecución de un plan maestro de desarrollo, sujeto a cronogramas de obras de infraestructura e inversiones comprometidas. La planificación estatal contempla que el impacto del predio trascienda el rubro comercial para extenderse a áreas como la logística de cargas, depósitos, transporte, construcción, servicios tecnológicos, hotelería e industrias con capacidad de incorporar valor agregado en origen, sectores clave para diversificar la matriz productiva de la Puna.
La ejecución del proyecto intenta dejar atrás cuatro décadas de gestiones truncas que alimentaron la desconfianza de la comunidad local en relación con los anuncios de desarrollo fronterizo. De acuerdo con los planteos de la gestión municipal, el objetivo social del proceso radica en consolidar la licencia social, articular la participación de proveedores regionales y fomentar la capacitación técnica de mano de obra local, ofreciendo alternativas laborales que contengan la migración de los jóvenes hacia los grandes centros urbanos.
Con la concesión adjudicada y el marco regulatorio operativo, la viabilidad del emprendimiento dependerá de la concreción efectiva de los desembolsos privados y del ritmo de las obras comprometidas. En un escenario signado por la escasez de recursos públicos para infraestructura, la articulación entre el gobierno provincial, el municipio quiaqueño y el operador privado se enfrentará al desafío de convertir los incentivos fiscales del régimen franco en un motor duradero de empleo formal y actividad económica en la frontera.
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