Jorge Macri reculó y no habrá cafetería ni gift shop en el cementerio de Recoleta

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio de baja la licitación que buscaba instalar un gift shop con comidas y bebidas al paso en una bóveda del Cementerio de la Recoleta. La decisión se tomó luego de que la Justicia ordenara suspender el proceso a partir de un amparo presentado por una heredera de la familia concesionaria.

La bóveda está ubicada en la Sección 17, Tablón 201, y cuenta con una superficie cubierta aproximada de 24,55 metros cuadrados. El llamado contemplaba una concesión comercial por cinco años, con un canon base de $1.600.000. El proceso fue anulado después de que el Juzgado Contencioso Administrativo N° 6 hiciera lugar al planteo judicial.

Según la versión oficial, los 30 propietarios registrados de la bóveda mantienen una deuda de $22.215.070 por mantenimiento, correspondiente al período comprendido entre 2007 y 2026. A esa cifra se suman otros $15.587.653 por trabajos de reparación que, de acuerdo con la administración porteña, fueron realizados por la Ciudad.

La Justicia suspendió la explotación comercial de la bóveda

El expediente fue iniciado por Lucía Girado contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La heredera solicitó la nulidad del procedimiento mediante el cual se había declarado la caducidad de la concesión de la bóveda familiar.

La medida cautelar ordenó al Ejecutivo porteño abstenerse de declarar la caducidad del terreno formado por las sepulturas uno a 12 y la demasía del número 201, Sección 17 del cementerio. También dispuso que no se avance con una eventual licitación o remate público del espacio.

El juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 de la Ciudad, ordenó además suspender la Licitación Pública N° 10002-1251-LPU26. La convocatoria buscaba otorgar la concesión para el uso y la explotación comercial onerosa de la bóveda, destinada a una tienda de recuerdos y un local gastronómico.

En su resolución, Gallardo consideró que, después de la declaración de caducidad, el Gobierno porteño habría iniciado una segunda etapa para avanzar con una explotación comercial onerosa y lucrativa en un espacio que podría encontrarse fuera del comercio. El magistrado también remarcó que el cementerio representa un lugar de paz y descanso para los deudos, y no un espacio destinado a funcionar como centro comercial.

La disputa por la titularidad de la bóveda familiar

Desde el Gobierno porteño señalaron que, a partir de 2025, durante el proceso adjudicatorio, se enviaron cartas documento y se publicaron edictos. Según la administración, ninguno de los titulares regularizó la situación ni abonó los importes reclamados.

Las autoridades indicaron que la declaración de caducidad se realizó mediante el procedimiento habitual aplicado en los cementerios de la Ciudad. Luego de ese trámite, sostuvieron, el inmueble fue restituido por vía administrativa.

Girado rechazó esa versión y afirmó que intentó regularizar la situación de la bóveda en numerosas oportunidades. Explicó que con el paso de los años perdió el registro sobre cuál de sus familiares figura como titular del espacio, una circunstancia que, según su planteo, le impidió hacerse cargo del pago de la tasa anual y del mantenimiento.

La heredera también sostuvo que la bóveda no estaba abandonada, ya que concurría al lugar varias veces al año. Además, señaló que vive a pocas cuadras del cementerio y que pudo observar tanto el deterioro del espacio como los cambios que se produjeron en la estructura del lugar.

Girado afirmó que su padre y dos de sus abuelos fueron sepultados allí hace más de 20 años y que la bóveda es compartida con numerosos familiares. También cuestionó que las personas notificadas por la administración pudieran haber recibido efectivamente las comunicaciones, ya que, según relató, los familiares incluidos en la lista habían fallecido.

La bóveda quedó clausurada en medio del conflicto

La bóveda permaneció clausurada hasta este fin de semana y el acceso estuvo bloqueado incluso para los familiares. La situación se produjo mientras se reforzaban las medidas de seguridad en el perímetro del espacio, en el marco del conflicto por la titularidad y la concesión.

En ese contexto, se presentó el amparo judicial que derivó en la medida cautelar y terminó frenando el avance de la licitación para la explotación comercial de la bóveda.

El panteón había sido concesionado a perpetuidad a la familia Girado, oriunda del sur de la provincia de Buenos Aires. La concesión forma parte de los espacios entregados durante el siglo XIX, cuando este tipo de bóvedas familiares fueron otorgadas bajo ese régimen.