¿Irán presos los trolls libertarios? Bullrich «patrullará» las redes sociales sin orden judicial

En la antesala de una masiva movilización en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno de Javier Milei firmó un decreto que transforma por completo el funcionamiento de la Policía Federal Argentina (PFA). La resolución —publicada este martes en el Boletín Oficial— otorga amplias facultades a la fuerza para actuar sin control judicial: detenciones por “sospechas fundadas”, ciberpatrullajes en redes sociales y requisas a manifestantes sin orden de la Justicia, entre otros cambios. La medida lleva las firmas del Presidente, de la ministra Patricia Bullrich y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La reforma se oficializó mediante el Decreto 383/2025 y deroga un estatuto que regía desde 1958. El texto menciona la intención de “modernizar” la PFA bajo criterios similares a los del FBI, priorizando la inteligencia criminal y las investigaciones sobre delitos federales complejos. Sin embargo, organismos de derechos humanos alertaron sobre el grave retroceso en términos de garantías democráticas.

La Policía Federal Argentina podrá detener personas por averiguación de antecedentes y mantenerlas en dependencias policiales por hasta 10 horas.
No diferencia, por ejemplo, qué pasa con niños/as y adolescentes.

Es como si no hubiesen aprendido nada después del caso Bulacio. pic.twitter.com/hvqFG05VHP

— Luciana Bertoia (@LucianaBertoia) June 17, 2025

Requisa y detención sin orden judicial

Uno de los aspectos más polémicos es la autorización para que efectivos de la Federal puedan detener personas sin orden de un juez. Según el decreto, podrán hacerlo si “existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad”. En esos casos, la persona podrá ser retenida hasta diez horas.

También se habilitan requisas sin intervención judicial en la vía pública y durante operativos de prevención, con el argumento de evitar la desaparición de pruebas. Se podrá revisar tanto a personas como sus pertenencias, vehículos e incluso embarcaciones. Aunque el texto intenta establecer ciertos límites, deja amplias zonas grises.

Para la exministra de Seguridad Sabina Frederic, la norma “le brinda muchas atribuciones y facultades al Ministerio de Seguridad”, y advierte que “no esperar la orden judicial es una arbitrariedad pura”.

Ciberpatrullaje en redes sociales

Otro punto crítico es la legalización del espionaje digital. Desde ahora, la Policía Federal podrá monitorear redes sociales abiertas, páginas web y otras fuentes públicas sin necesidad de aval judicial. Según el decreto, estas tareas deberán respetar “la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad de las personas”, aunque el historial reciente de la gestión Bullrich genera sospechas.

Durante su paso por el Ministerio en la era Macri, ya se habían realizado seguimientos similares. Uno de los casos más recordados fue el del joven Nicolás Lucero, detenido por tuitear una frase contra el entonces presidente: “Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la Federal”. Aunque fue sobreseído en 2018, permaneció procesado durante más de un año.

Para la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), se trata de un “ciberpatrullaje recargado”. “Lo venimos viendo en muchas causas. En las movilizaciones contra la reforma previsional de 2017 se ordenó abrir los celulares de todas las personas detenidas para revisar las aplicaciones y buscar y rastrear posteos y mensajes que indicaran algún tipo de acuerdo previo”, recordó.

Críticas de organismos de derechos humanos

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Victoria Darraidou advirtió que el nuevo esquema promueve detenciones “con amplios grados de discrecionalidad policial”, lo que puede derivar en abusos vinculados a “sesgos racistas, discriminatorios o directamente con fines de persecución política”.

También cuestionó que una reforma de esta magnitud haya sido impuesta por decreto. “En ciudad y provincia de Buenos Aires o en Chaco, las policías se regulan a través de leyes discutidas. Sería deseable que tengamos una ley orgánica que sea discutida con consensos políticos”, expresó.

Desde Correpi, en tanto, afirmaron que “las muchas reformas y reestructuraciones normativas que el gobierno de La Libertad Avanza viene implementando permiten definir la etapa como un verdadero cambio de régimen con la destrucción de las libertades democráticas”. En ese sentido, calificaron la reforma de la PFA como un avance “brutal”.

Rediseño interno y misión federal

El nuevo estatuto también cambia la estructura interna de la fuerza. Se impone un límite anual al ingreso de suboficiales y se proyecta que, con el tiempo, pasen al escalafón de oficiales si cuentan con estudios o experiencia que lo justifique. Además, la PFA dejará de tener funciones en la seguridad local de la Ciudad de Buenos Aires, con la idea de transformarse en una policía federal de investigación.

Según el decreto, la PFA podrá intervenir “espontáneamente” en delitos flagrantes si así lo indica el Ministerio de Seguridad. Para Verdú, esto abre un margen de acción muy riesgoso: “Ya no es un policía que actúa en flagrancia. Ahora el Ministerio puede decirle ‘andá a tal marcha y detené a todo el mundo’”, advirtió.

Frederic también subrayó la confusión entre “investigación criminal” e “inteligencia criminal” en la redacción del texto, y concluyó que “es un decreto pobre, deja mucho a la discrecionalidad del Ministerio de Seguridad y no tiene ningún aval dentro de la fuerza”.

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