Investigan al hermano de Adorni y piden su indagatoria por irregularidades en sus bienes

La situación judicial de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, suma tensión tras un pedido de indagatoria impulsado en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y maniobras de lavado de dinero.

El expediente se tramita en el Juzgado Federal N.º 6 de Comodoro Py, bajo la órbita del juez Daniel Rafecas, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuán, quien concentra las tareas investigativas.

El caso se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien señaló un crecimiento patrimonial que no encontraría respaldo en los ingresos declarados por el funcionario durante su paso por distintos organismos públicos.

A lo largo de la pesquisa, la fiscalía ordenó múltiples medidas: levantamiento del secreto fiscal y bancario, requerimientos a entidades financieras y organismos estatales, y el análisis de las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.

El foco de la investigación está puesto en la evolución de los bienes de Adorni en su recorrido por la función pública, que incluyó cargos como titular de la Unidad de Auditoría Interna, auditor en el Ministerio de Defensa y presidente del Instituto de Ayuda Financiera.

Según los investigadores, aparecen indicios de activos que no habrían sido informados y movimientos de dinero que no figuran en los registros oficiales. En ese sentido, uno de los puntos que más llamó la atención es la reiteración de correcciones en sus declaraciones juradas.

Entre 2024 y 2026, el funcionario presentó al menos tres informes patrimoniales que luego modificó en varias oportunidades. En esas rectificaciones incorporó cuentas bancarias, tarjetas de crédito y bienes que no estaban incluidos originalmente, además de actualizar montos.

Para la fiscalía, este patrón no resulta menor. De hecho, remarcan que Adorni contaba con experiencia en áreas vinculadas al control de declaraciones juradas durante su paso por el Consejo de la Magistratura bonaerense, lo que implicaría conocimiento técnico sobre cómo completar esos documentos.

El mes pasado, ya con la causa en curso, el funcionario realizó una nueva corrección ante la Oficina Anticorrupción. Allí sumó $21 millones provenientes de una herencia que no había sido declarada previamente.

En ese contexto, el fiscal sostiene que el funcionario “omitió y falseó datos relevantes” en sus presentaciones patrimoniales, al tiempo que habría ocultado cuentas y modificado cifras sobre las que tenía obligación de informar con precisión.