Una denuncia penal fue presentada contra el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Economía Luis Caputo, acusándolos de delitos relacionados con el mal manejo de los incendios que afectan el sur del país. La acusación, formalizada por el abogado Gregorio Dalbón en los tribunales de Comodoro Py, los imputa por el incumplimiento de los deberes de funcionario público y por la infracción de la Ley de Manejo del Fuego.
Según la denuncia, el desfinanciamiento de áreas clave para la gestión de incendios y la prevención ambiental sería el origen de la crisis. Dalbón señaló que la disminución de recursos destinados a estas áreas y la falta de ejecución de los presupuestos asignados violan «deliberadamente el deber de cumplir y hacer cumplir las leyes que garantizan la protección del ambiente y la seguridad de la población».
En su escrito, el abogado remarca que el Gobierno realizó»recortes presupuestarios brutales» en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, lo que ha reducido drásticamente su capacidad operativa. Además, denunció que la falta de equipamiento adecuado se debe a una política gubernamental que prioriza gastos militares por sobre la protección ambiental.
La denuncia se apoya en un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que revela una drástica caída en los presupuestos de áreas ambientales, como la Subsecretaría de Ambiente, que solo dispone de un tercio del presupuesto que tenía en 2023. La Administración de Parques Nacionales, por su parte, sufrió una reducción del 63,4% en sus fondos, representando solo el 0,16% del presupuesto total del país. También se menciona que la transformación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en una subsecretaría generó una disminución en los recursos de esta área.
En un contexto donde la ministra de Seguridad responsabilizó a las comunidades mapuches por los incendios, Dalbón también cuestionó la criminalización de las mismas, una estrategia para desviar la responsabilidad del Gobierno ante la crisis ambiental. «La Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas ha advertido sobre el uso de discursos estigmatizantes para justificar políticas represivas contra comunidades originarias», afirmó el abogado.
Por último, Dalbón solicitó diversas medidas de prueba, como la remisión de información sobre los recursos disponibles para la lucha contra incendios, los presupuestos ejecutados y la respuesta del Gobierno Nacional ante los pedidos de asistencia de las provincias afectadas por los incendios.
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