«Hay un abuso contra los más vulnerables», afirmó Ghi tras un fallo contra préstamos abusivos

El intendente de Morón repasó los alcances del histórico fallo judicial que hizo lugar a una medida cautelar impulsada por el municipio contra ocho financieras por cobros usurarios y hostigamiento, al tiempo que cuestionó la inacción del Estado nacional frente a la crisis social, el aumento incontrolado de las tarifas y la caída del empleo formal en los distritos del conurbano.

El intendente del municipio bonaerense de Morón, Lucas Ghi, detalló los alcances del fallo judicial que hizo lugar a una medida cautelar presentada por la comuna para frenar los abusos, tasas usurarias y maniobras de hostigamiento de ocho casas de crédito financieras que afectan a más de 30.000 vecinos morosos en el distrito, al tiempo que rechazó la doctrina del Ejecutivo nacional que considera el endeudamiento familiar como un conflicto entre particulares y denunció la profundización del ciclo recesivo que golpea a trabajadores, pymes y estudiantes. Durante su entrevista con el portal Deuda Prometida, el jefe comunal describió las dramáticas vivencias recopiladas por las oficinas de Defensa del Consumidor, el accionar desregulado de los prestamistas informales y la necesidad de articular políticas públicas que transformen los recursos primarios en desarrollo industrial con inclusión social.

El crecimiento exponencial de la morosidad en el territorio de Morón refleja el impacto combinado de la inflación en bienes esenciales y la pérdida masiva de puestos de trabajo. Al caracterizar la conducta de los vecinos endeudados, Ghi sostuvo que «a la gente no le gusta estar en mora ni deber, le gusta cumplir si toma un crédito y asume una deuda«. No obstante, el deterioro de las condiciones materiales obligó a miles de familias a recurrir a financiamientos de extrema peligrosidad. En ese sentido, el intendente reveló que «ya son más de 30.000 personas que están en esa condición en nuestra ciudad, impulsadas por un deterioro en el poder adquisitivo e ingresos que en muchos casos desaparecen porque se pierde la fuente laboral».

La presentación judicial elaborada por el equipo jurídico del municipio agrupó denuncias concretas contra financieras no bancarizadas que operaban en la clandestinidad regulatoria. Explicando la estrategia de la comuna, Ghi señaló que la medida se fundamentó en tres ejes centrales: «tasas excesivas, hostigamiento reiterado e información engañosa». Describiendo la gravedad de los excesos cometidos por estas entidades, el jefe comunal denunció que «te ofrecen un millón de pesos y tenés que devolver más de diez millones en muy poco tiempo», añadiendo que estas empresas aplican «procedimientos de hostigamiento sistemático no solo con la persona deudora, sino también en el lugar donde trabaja y con todo su entorno familiar».

Frente a la inacción de las autoridades nacionales y su negativa a intervenir en el mercado crediticio no regulado, Ghi rechazó la postura del Presidente, Javier Milei, de abstenerse de tutelar a los damnificados. Al evaluar la responsabilidad institucional del municipio, el intendente afirmó que «acá no hay un tema entre privados, lo que hay es un abuso y una práctica desleal por parte de organizaciones que no están reguladas por las normas del Banco Central».

Asimismo, la máxima autoridad de Morón destacó la extrema fragilidad de los afectados al sostener que «casualidad o no, son los sectores más expuestos y vulnerables los que acuden a estos espacios porque ya tienen deudas con el sistema formal y con las billeteras virtuales», celebrando que el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 hiciera lugar a la cautelar para ordenar la corrección inmediata de las tasas.

El trasfondo macroeconómico que condiciona la vida cotidiana de las familias se ve agravado por los sucesivos incrementos autorizados por el Gobierno nacional en las tarifas de los servicios públicos y el transporte. Analizando la estructura de gastos de los hogares, Ghi remarcó que «cuando terminás de pagar el servicio eléctrico, el agua, el gas y el transporte, el excedente disponible es cada vez más exiguo y sobre eso tenés que pagar un alquiler o la canasta básica«. Esta presión tarifaria, combinada con la paralización de las changas y el empleo informal, acorrala a los sectores populares, llevando al jefe comunal a insistir en que «a ese universo es al que nosotros queremos proteger desde el municipio para que puedan honrar sus deudas pero en condiciones racionales».

De cara a las perspectivas económicas y políticas hacia 2027, el intendente de Morón manifestó su profunda preocupación por la insensibilidad demostrada por la administración libertaria ante el sufrimiento de las mayorías populares. Graficando el rumbo actual del país, Ghi advirtió que «veo un gobierno que no acusa recibo del deterioro progresivo al que están expuestas las enormes mayorías de nuestro país» y denunció que «se sigue con la lógica del ajuste y eso entró en un ciclo recesivo sin fin donde caen los recursos porque el Estado recauda menos». El mandatario comunal criticó además los recortes a las prestaciones por discapacidad, el ahogo a las universidades públicas y la desprotección de la industria pyme ante la apertura importadora.

Para concluir, Ghi propuso la edificación de un proyecto nacional que supere la mera exportación de materias primas sin procesamiento local. Confrontando con la visión extractivista de las cadenas de valor internacionales, el jefe comunal sostuvo que «el desafío es cómo generamos políticas públicas que traduzcan las ventajas naturales que tenemos en materia de hidrocarburos, minerales y complejo agroexportador en valor agregado y empleo». En esa línea de pensamiento, el mandatario de Morón enfatizó que el desarrollo no puede quedar reservado a grupos concentrados, concluyendo que «debemos manufacturar nuestros recursos, impactar positivamente en el mercado interno y resolver el problema sistémico de las divisas pero poniéndolas al servicio de un proyecto integral de desarrollo de país».