Golpe a las clases más humildes: en épocas de frío extremo se disparó el precio de las garrafas

Mientras las temperaturas caen a niveles históricos en distintas provincias, la situación de los sectores populares se complica cada día más. La administración de Javier Milei dispuso la liberalización del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), medida que disparó los precios en un contexto en el que más de seis millones de hogares cocinan y se calefaccionan con garrafas. El impacto fue inmediato: en los últimos meses, el costo del tubo de 10 kilos trepó a valores que van de $16.000 a $25.000, dependiendo de la zona.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó la decisión afirmando en redes sociales que “los precios libres son la mejor brújula para un mercado sano”. Pero para miles de familias de los 6.467 barrios populares, ese “mercado sano” implica hoy elegir entre pagar una garrafa o cubrir otras necesidades básicas.

Los datos reunidos por organizaciones sociales muestran un deterioro acelerado. Desde noviembre del año pasado, cuando el cilindro costaba en promedio $2.472, el salto fue dramático. En enero ya superaba los $10.000 y, en mayo, alcanzó los $16.300, un aumento superior al 500% frente al inicio de la gestión libertaria. Para los hogares más golpeados por la inflación, la garrafa que antes cubría casi un mes de consumo ahora se agota en dos semanas.

«En este invierno que ya cala los huesos, miles de familias seguimos esperando un calor que no llega», contaron vecinos de asentamientos en el conurbano bonaerense.

Una decisión que profundiza la desigualdad

Con la publicación del Decreto 446/2025, la Secretaría de Energía quedó prácticamente sin herramientas para intervenir en el mercado. El texto elimina autorizaciones previas para fraccionadoras, suprime permisos de importación y libera la exportación. La Resolución 216/2024 ya había eliminado los precios máximos, mientras que la 394/2024 apenas había sugerido un valor de referencia. Desde la oficialización de estos cambios, la brecha entre los hogares que cuentan con gas natural y aquellos que dependen del GLP creció como nunca antes: se calcula que una familia sin conexión a red paga hasta cinco veces más por obtener calor.

Un informe del Observatorio Villero de La Poderosa advierte que el 85% de los hogares de barrios populares cocina con garrafas, pero sólo un 15% puede usarlas para calefacción. Al mismo tiempo, dos tercios de esas viviendas ni siquiera tienen agua caliente en la cocina, y la mitad carece de agua caliente en el baño.

En este escenario, los comedores comunitarios redoblan esfuerzos para sostener la alimentación de miles de personas. Solo en mayo, más de 27.500 raciones semanales fueron entregadas en estos espacios, que ahora destinan una garrafa entera cada siete días. “Solo en mayo, nuestros comedores y merenderos entregaron más de 27.500 raciones por semana, usando una garrafa semanal por cada espacio. Un gasto mensual imposible de afrontar sin ayuda”, advirtieron desde el Observatorio.

Subsidios licuados y calor que se paga como un lujo

La escalada de precios también pulverizó el subsidio del Programa Hogar. Según cálculos de la asociación Deuco, cuando la garrafa costaba $2.750, la ayuda estatal cubría casi el 56% del valor. Hoy, con precios de $20.000 o más, apenas representa entre el 7% y el 10% del costo total. “La libre competencia resultó perjudicial para los usuarios de todo el país, ya que el precio no se respeta y oscila entre $15.000 su valor en los Centros de Distribución y entre $20.000 y $25.000, puesta en el domicilio del usuario”, señalaron desde Deuco.

La falta de una política que garantice el acceso a gas para quienes viven en condiciones más precarias hace que muchas familias recurran a braseros o estufas eléctricas, con el riesgo de accidentes y cortes de luz. “No hay una política energética para los sectores más excluidos y el invierno se vuelve una amenaza, la calefacción no puede ser un privilegio, urge una política pública que garantice gas en todos los barrios”, reclamaron referentes de La Poderosa.

La dirigenta Norma Morales, de UTEP, calificó las decisiones del Ejecutivo como “una crueldad con los que menos tienen” y describió el panorama en los barrios: “Solo dura aproximado dos semanas por lo que con esta nueva definición va ser imposible seguir comprando el tubo de gas”.

Obras frenadas y un futuro incierto

El deterioro en el acceso a servicios básicos se profundizó con la suspensión del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Apenas asumió, el gobierno recortó el financiamiento de más de 30.000 obras destinadas a mejorar la provisión de agua, electricidad y gas en asentamientos y villas. El decreto 312/2025 eliminó el fondo de manera definitiva, dejando a unas 330.000 familias sin perspectiva de conexión a la red.

En miles de hogares, el frío es hoy un enemigo cotidiano. Mientras el precio de la garrafa se dispara y el subsidio se diluye, cocinar y calefaccionarse se convirtió en un desafío que no todos pueden afrontar. Y con cada nuevo anuncio de liberalización, la desigualdad se hace un poco más visible.

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