Fuerte y unánime respuesta de la Legislatura bonaerense al juez Atencio tras la denuncia por encubrimiento

Las autoridades de todos los bloques políticos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires emitieron una contundente respuesta institucional conjunta frente a la denuncia penal por presunto encubrimiento formulada por el juez de garantías Guillermo Atencio el pasado 25 de septiembre. A través de un pronunciamiento que unifica a oficialistas y opositores, el cuerpo legislativo aseguró que siempre actuó ajustado a derecho y marcó un límite en lo que consideran una intromisión en las facultades del parlamento.

La denuncia del magistrado se produjo luego de que la Cámara archivara un requerimiento judicial destinado a obtener documentación que permitiera determinar qué legisladores habían impulsado las designaciones de empleados vinculados con la investigación sobre Julio «Chocolate» Rigau. La fiscal Betina Lacki había solicitado documentación administrativa relacionada con esos contratos y, ante la falta de entrega de la información, Atencio había ordenado una presentación para exigir los documentos.

En su comunicado, la Cámara baja bonaerense desestimó de plano la acusación de ocultamiento de pruebas. Los diputados detallaron que la resolución para archivar los expedientes cuestionados fue aprobada en el recinto por más de dos tercios de los votos el 28 de mayo. En contraste, el requerimiento judicial ingresó a la Legislatura casi tres meses después, el 19 de agosto. «De ningún modo se incurrió en un ocultamiento de pruebas porque dicho requerimiento todavía no existía y porque además la decisión fue pública, votada en sesión, transmitida en vivo«, señala el texto.

Otro de los puntos centrales de la defensa apuntó a esclarecer la confusión pública sobre las causas judiciales en curso. La Cámara aclaró que las decisiones administrativas archivadas no correspondían al expediente principal contra «Chocolate» Rigau (investigado por hurto, estafa, fraude y asociación ilícita), sino a una investigación paralela vinculada a María Eugenia Rodríguez, caratulada como hurto simple. Respecto a la causa «Chocolate», los legisladores enfatizaron que aportaron toda la información solicitada por la Justicia, recordando que dicho expediente ya se encuentra elevado a juicio y con personas privadas de su libertad.

El comunicado también trazó una dura advertencia institucional basada en la división de poderes y las inmunidades parlamentarias. Apoyándose en el artículo 96 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, el cual consagra la protección de los votos y opiniones de los legisladores, la Cámara calificó como «inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones». En esa línea, los diputados remarcaron que el control recíproco entre los poderes del Estado no puede traducirse en atribuciones utilizadas «de manera abusiva para condicionar, limitar o inhibir el funcionamiento de otro poder».

La contundencia institucional de la desmentida quedó reflejada en la transversalidad de las firmas. El rechazo a la denuncia del juez Atencio fue rubricado por el presidente de la Cámara, Enrique Dichiara, junto a los vicepresidentes, Alexis Guerrera, Agustín Forchieri, Agustín Romo, Mariano Cascallares, Blanca Alessi y Matías Civale, y los titulares de las bancadas de Unión por la Patria, La Libertad Avanza, PRO, Unión y Libertad, UCR + Cambio Federal, Unión Cívica Radical, Nuevos Aires, Coalición Cívica y Derecha Popular.

¿Causa «Chocolate» como moneda de cambio?

La investigación por la presunta megaestafa inmobiliaria que tiene entre sus damnificados al director técnico de fútbol Pedro Troglio habría tomado un giro inesperado —y altamente político— en las últimas horas. Tras el pedido de detención formulado por la defensa del DT contra el abogado penalista y exadministrador de la constructora ABES, Diego Lacki, la causa judicial habría entrado en un terreno de aparentes negociaciones cruzadas.

El trasfondo de esta solicitud de arresto encendió las alarmas en los pasillos del fuero penal de La Plata. Esto no se debería solo a la red familiar del acusado —quien es hermano de Javier Lacki y cuñado de la fiscal bonaerense Betina Smolinsky de Lacki—, sino a una llamativa coincidencia de actores protagónicos en causas de alto voltaje institucional.

El eslabón clave en este presunto entramado es Miguel Molina. El letrado que patrocina a Troglio y que impulsa activamente la encarcelación de Diego Lacki es, de manera simultánea, quien ejerce la defensa técnica de Julio «Chocolate» Rigau, el puntero imputado por las extracciones masivas con tarjetas de débito pertenecientes a la Legislatura bonaerense, reconstruyó Infocielo.

Frente a este escenario, en los tribunales comenzó a circular con fuerza una hipótesis sobre el manejo de los tiempos judiciales. Según observó el medio platense, existiría la presunción de que la fiscal Lacki habría acelerado la causa de los «tarjeteros» —cuyas filtraciones llegan rápidamente a los medios porteños— con el aparente objetivo de garantizar protección a su círculo familiar. Las versiones indican que fiscalías y distintos sectores de poder estarían buscando dilatar y «planchar» el expediente de los fideicomisos de ABES, evitando así que Diego Lacki termine tras las rejas.

En contraposición a la parálisis que exhibiría el expediente inmobiliario, se observaría un aceleramiento en el tramo que investiga la presunta recaudación en la Cámara de Diputados. De este modo, la presencia de Molina a ambos lados del mostrador podría configurar un virtual tablero de negociación donde los expedientes funcionarían como moneda de cambio directa.

En medio de este clima de extrema tensión judicial, el juez de Garantías Guillermo Atencio redobló la apuesta y presentó una denuncia penal ante el juzgado de Álvaro Garganta contra las autoridades de la Cámara de Diputados por el presunto delito de encubrimiento. En respuesta, desde las autoridades de la Legislatura dejaron trascender a la prensa que el lunes habría «una respuesta contundente» ante lo que consideran embates sistemáticos.

El trasfondo de la megaestafa de ABES

La presentación judicial que busca efectivizar la prisión de Diego Lacki fue radicada días atrás por el abogado Molina ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de La Plata, conducida por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic.

La causa, que indaga la paralización de obras y el colapso financiero de la constructora ABES, acumularía más de 150 denunciantes y un perjuicio económico global que, según estimaciones, rondaría los 20 millones de dólares. Entre las víctimas se encuentra Troglio, quien denunció haber sido defraudado por una suma superior a los 157.000 dólares, presuntamente invertidos en los fideicomisos denominados ABES Dezzeo y ABES Lucero.

Como material probatorio para demostrar el aparente ardid financiero, la querella aportó 66 audios de WhatsApp intercambiados entre Diego Lacki y Fernando Gil (un allegado al entrenador que habría actuado como nexo). A esto se le sumarían comprobantes de millonarias transferencias bancarias que habrían tenido como destino final diversas cuentas radicadas en la ciudad de Miami, Estados Unidos.